Por Andreww Scurria en Wall Street Journal
Un perito especial designado por la corte buscará orientación sobre si la administración Biden permitirá que un comprador se haga cargo de la participación de Venezuela en la refinería de petróleo.
Un juez federal puso en marcha un proceso de venta de la participación de Venezuela en Citgo Petroleum Corp. “hasta e incluyendo la selección de una oferta ganadora”, incluso cuando el gobierno de EE. UU. continúa bloqueando cualquier cambio en el control de la refinería con sede en Houston.
El juez Leonard Stark del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Wilmington, Delaware., aprobó un procedimiento de venta de las acciones del holding estadounidense de Citgo, un valioso activo estatal controlado por la oposición respaldada por EE. UU. al régimen autoritario de Venezuela.
Las acciones no se pueden transferir bajo las sanciones actuales de Estados Unidos a Venezuela, lo que impide que los muchos acreedores impagos del país se apoderen de ellas para cobrar sus deudas. No obstante, el juez autorizó el miércoles a un maestro especial para realizar un proceso de mercadeo y venta de las acciones, y dijo que no pueden transferirse a menos que el destinatario obtenga el permiso del Departamento del Tesoro.
El juez Stark dijo que estaba autorizando una «subasta contingente» que no transferiría el título legal de las acciones hasta que el postor ganador tuviera una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Citgo se negó a comentar.
La decisión del juez adoptó en su mayoría los procedimientos de venta propuestos por Crystallex International Corp., una empresa minera canadiense desaparecida que tiene un juicio de aproximadamente mil millones de dólares contra Venezuela derivado de la nacionalización de una empresa aurífera allí.
Crystallex ha estado tratando de cobrar a Venezuela durante más de una década, uno de los muchos acreedores que ha apuntado a Citgo como una fuente viable de compensación y el más avanzado en esos esfuerzos.
Hasta el momento, la OFAC se ha negado a permitir la venta de las acciones y el año pasado le dijo a Crystallex que otorgar una licencia específica para tal venta socavaría los intereses de la política exterior de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Biden ha seguido en gran medida la política de su predecesor , Donald Trump , de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y mantener duras sanciones contra la administración gobernante.
El presidente Nicolás Maduro ha reforzado su control sobre Venezuela desde que EE. UU. respaldó el reclamo de poder de Guaidó en 2019, aunque la oposición ejerce cierto poder real, controlando una variedad de activos fuera de Venezuela, incluido el oro en lingotes en el Banco de Inglaterra y una gran productor de fertilizantes en Colombia además de Citgo.
El juez Stark calificó previamente la falta de pago de la deuda del país con Crystallex como una afrenta al sistema judicial de EE . UU. , al tiempo que reconoció que solo el poder ejecutivo tiene el poder de decidir si puede ocurrir una venta de las acciones.
En el fallo del miércoles, le dio a un perito especial designado por el tribunal seis meses para «obtener orientación de la OFAC que pueda compartirse con el mercado expresando la opinión de la OFAC sobre el proceso y la probabilidad de que emita una licencia específica para cerrar una venta». El juez dijo que puede o no ordenar una subasta después de escuchar al perito especial.
También dijo que se inclina a certificar aspectos de sus fallos para que los revise una corte de apelaciones.
Esa guía, dijo el juez, puede dar a los posibles postores suficiente confianza para participar en la subasta y reducir el riesgo de que las sanciones actuales disuadan de hacer una oferta sólida. Los tenedores de bonos y otras empresas extranjeras a las que el régimen de Maduro les debe dinero también están dando vueltas a Citgo, el único gran activo estatal al que pueden acceder a través del sistema judicial estadounidense.
Los directores designados por la oposición en Citgo y su empresa matriz argumentaron que cualquier paso hacia una venta violaría las reglas de sanciones y socavaría la legitimidad de la coalición de Guaidó en Venezuela. Citgo también argumentó que el proceso de venta creó un conflicto de intereses al otorgar una gran tarifa de contingencia a un banquero de inversión contratado para ayudar a vender la empresa.
El juez no estuvo de acuerdo en que su procedimiento violaría las sanciones o daría lugar a un conflicto de intereses, y dijo que la posición de la oposición en Venezuela no era de su incumbencia.
