Por Antonio Ledezma
El derecho penal universal consagra una máxima jurídica irrefutable: «A confesión de parte, relevo de pruebas». No hace falta buscar evidencias donde sobra el cinismo. Uno de los encumbrados funcionarios de esta impostura que llaman la revolución del Socialismo del Siglo XXI admitió públicamente, y sin pudor, una monstruosidad: los edificios construidos por órdenes de Hugo Chávez se edificaron sin realizar previamente estudios de suelos. ¡Semejante barbaridad!
Detrás de esa ligereza se esconde una tragedia humana de proporciones criminales. Miles de personas perdieron la vida tras el doblete sísmico que sacudió al país, muchas de ellas bajo estructuras colapsadas. A esas víctimas no las mató el terremoto; fueron sacrificadas por un homicidio culposo masivo. Si partimos de esa confesión, según la cual «no se podía perder tiempo haciendo estudios de suelos porque había que construir rapidito esas viviendas», nos topamos con una negligencia criminal que no tiene perdón de Dios.
Lo grave es que esta improvisación homicida no fue una excepción, sino el patrón de conducta con el que se manejó y se maneja el régimen. Bajo esa misma premisa de la arbitrariedad se expropiaban y asaltaban desde fincas agropecuarias productivas hasta centrales azucareros, cementeras, industrias aceiteras y complejos lácteos, hoy convertidos en ruinas de chatarra.
La soberbia tiránica siempre aplastó a la ciencia y al conocimiento técnico. Más de un acueducto se ejecutó bajo este esquema delirante. El caso más emblemático es el famoso sistema «El Coloso» en el estado Falcón. En su momento, técnicos especializados advirtieron, con argumentos valederos, que el diseño era absolutamente inconveniente. La respuesta del funcionariado fue la de siempre: «El comandante tiene la última palabra y la obra se lleva a cabo». ¿Qué pasó? Lo que la lógica y la ingeniería civil e hidráulica habían advertido previamente: la majestuosa obra jamás llevó agua de forma continua a los hogares falconianos; las tuberías, rotas una y otra vez, terminaron transportando más aire que agua.
El paisaje venezolano está inundado por estos monumentos a la corrupción y a la incompetencia. ¿Qué me dicen de las plantas termoeléctricas que dejaron al país a oscuras, de las plataformas de hidrocarburos desmanteladas o de las gabarras abandonadas a su suerte en las costas de La Guaira? La crisis de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) y el abandono de los planes de mantenimiento técnico, junto con la sustitución de ingenieros calificados por personal militar incompetente o politiqueros, provocaron el colapso del sistema eléctrico, detonando los históricos apagones nacionales que paralizaron al país. Milmillonarios contratos en termoeléctricas fantasmas: se asignaron fortunas para plantas de respuesta rápida, amparadas en la supuesta emergencia eléctrica, que jamás operaron a plena capacidad o quedaron convertidas en cementerios de turbinas.
Son las cicatrices visibles de un régimen que acumula 27 años despilfarrando, destruyendo y robando cada centavo que recibió la nación por la venta del petróleo, lo cual terminó en la destrucción de la industria petrolera (PDVSA). La tragedia de la Refinería de Amuay —el accidente ocurrido por falta de mantenimiento e ignorancia de los protocolos de seguridad industrial— demostró cómo la politización de una industria técnica de alto riesgo costó vidas y aceleró el deterioro de la capacidad de refinación del país. A ese historial se suma el hundimiento de la producción y la quema destructiva de gas: la falta de inversión técnica llevó a la corporación a pasar de producir más de 3 millones de barriles diarios a mínimos históricos, con episodios documentados de venteo y quema de gas en el oriente del país, incluida Monagas, en medio de fallas de infraestructura y de compresión.
El ecocidio del Arco Minero del Orinoco es otro capítulo oscuro. La explotación minera descontrolada, impulsada directamente por el Estado y sin estudios de impacto ambiental, destruyó cuencas hidrográficas vitales, contaminó los ríos con mercurio y dañó las reservas de biodiversidad del sur de Venezuela.
No les bastó la bonanza petrolera más grande de nuestra historia ni el expolio del oro del Arco Minero. También saquearon miles de millones de dólares del Fondo Chino y endeudaron de forma irresponsable a la República para poder continuar con el festín de la robadera. Mientras un pequeño grupo se enriquecía a manos llenas, el país real caía en el foso del colapso: hospitales sin insumos donde la gente muere por falta de una jeringa, escuelas destruidas y universidades asfixiadas presupuestariamente, sin posibilidades de ofrecer una educación adecuada.
El inconcluso Tercer Puente sobre el río Orinoco, una megaobra de ingeniería civil prometida para conectar el sur del país, quedó paralizado tras el pago de sumas multimillonarias a constructoras transnacionales. La paralización del Sistema Ferroviario Nacional es otro tanto: los tramos que prometían conectar el centro y oriente del país, como la línea Tinaco-Anaco, fueron abandonados a medio construir, dejando terraplenes vacíos y rieles oxidados donde se invirtieron recursos atados al Fondo Chino.
La crisis generalizada de los servicios públicos que hoy padecen los venezolanos —sin luz, sin agua, sin gas, sin salud, sin transporte digno— no es producto de sanciones ni de conspiraciones cósmicas. Es el resultado directo de gobernar a patadas, de sustituir la planificación por la adulación y de anteponer la orden de un «comandante galáctico» a las leyes de la física, de la ingeniería y de la decencia. Ellos mismos lo han confesado. Quedan relevados de pruebas ante la historia y ante la justicia que, tarde o temprano, tocará a sus puertas.
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