América Latina lleva más de seis décadas intentando avanzar hacia una mayor cooperación e integración. Desde los primeros esfuerzos de los años sesenta hasta nuestros días, la región ha creado numerosos organismos, acuerdos y mecanismos destinados a facilitar el comercio, coordinar políticas, promover la cooperación, o construir una mayor identidad regional.
Por: Pedro F. Carmona Estanga
Sin embargo, existe una paradoja que merece reflexión: América Latina tiene necesidad de la integración como motor para su desarrollo, y dispone de una arquitectura regional considerable, pero los resultados siguen siendo extremadamente limitados.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué una región que comparte historia, idioma, cultura y tantos intereses económicos y políticos no ha conseguido construir un espacio regional comparable, por ejemplo, al exitoso proceso europeo? La respuesta no está simplemente en la falta de voluntad de integración. El problema es más profundo y combina factores institucionales, políticos y económicos.
Una larga sucesión de proyectos
El proceso comenzó formalmente con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, que en 1980 dio paso a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). A ella siguieron, el Mercado Común Centroamericano, hoy convertido en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la actual Comunidad Andina, el Mercosur, el Grupo de los Tres (G-3), la Alianza del Pacífico (AP), y organismos como el SELA, la fallida UNASUR y la controversial CELAC.
Cada iniciativa respondió a circunstancias y objetivos diferentes. Algunas buscaron la integración comercial; otras pretendieron avanzar hacia formas amplias de cooperación política, económica o social. La Comunidad Andina intentó ir más lejos al establecer instituciones comunitarias con ciertas atribuciones supranacionales. Avanzó y se ralentizó. Mercosur constituyó un importante esfuerzo de integración entre sus miembros, que no ha logrado alcanzar sus objetivos. La Alianza del Pacífico nació con una orientación comercial abierta entre Colombia, Chile, México y Perú, con proyección al Asia-Pacífico, y UNASUR pretendió sin éxito, construir un espacio político sudamericano.
Muchos de estos proyectos terminaron enfrentando dificultades similares: objetivos ambiciosos e instituciones débiles, con escasa capacidad de ejecución o para garantizar el cumplimiento de los compromisos, y una excesiva dependencia de la voluntad de los gobiernos de turno.
El resultado ha sido una arquitectura institucional diversa pero fragmentada, con organismos que en ocasiones se superponen y que no logran alcanzar sus objetivos o articular sus agendas.
El problema de la política
Uno de los principales obstáculos ha sido la volatilidad política latinoamericana. Los gobiernos cambian y con ellos cambian con frecuencia las prioridades de la política exterior. Procesos que habían adquirido alguna dinámica inicial pueden quedar paralizados cuando surgen diferencias ideológicas, a veces marcadas, entre los gobiernos participantes.
La experiencia de la Comunidad Andina con Venezuela, tras la controvertida decisión del retiro de ese país en 2006, constituye un ejemplo significativo. Quizás el actual contexto político entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú permita revitalizar el proceso. Mientras tanto, al restablecerse la democracia en Venezuela, el país deberá decidir entre reincorporarse al proceso andino o, lo que en mi opinión resultaría menos conveniente, retornar al Mercosur.
También lo ha sido el nacimiento y cierre de UNASUR, cuya parálisis se originó en la desviación de sus propósitos, y en la polarización política en Suramérica. La Alianza del Pacífico, un esquema promisorio de integración entre Colombia, Chile, México y Perú, es otro caso en que la evolución ha estado condicionada a diferencias políticas coyunturales y a cambios en las prioridades nacionales.
El problema no consiste en que los gobiernos tengan orientaciones políticas diversas, lo cual es normal en una región predominantemente democrática, aunque subsistan algunos regímenes de naturaleza autoritaria. Lo malo es que los proyectos regionales queden subordinados a dichas diferencias, y que no existan instituciones capaces de limarlas, o asegurar el avance de los procesos.
La integración latinoamericana debería constituirse en políticas de Estado y no en políticas de gobierno. Los cambios políticos no deberían provocar la desaparición o debilitamiento de los proyectos o de los objetivos establecidos en los acuerdos.
Integrar economías asimétricas
Existe además un problema a considerar: las diferencias en los niveles de desarrollo. Argentina, Brasil y México, por ejemplo, poseen economías de una escala diferente a la de los países de menor desarrollo. La experiencia muestra que la apertura comercial entre economías desiguales puede producir beneficios generales, pero las economías mayores suelen estar en mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que genera el mercado ampliado.
Esto ocurrió, en diferentes grados, desde la experiencia de ALALC hasta el caso del Mercosur, donde Paraguay y Uruguay expresan insatisfacción con los beneficios obtenidos, entre otros, por el incumplimiento de compromisos por parte de Argentina y Brasil. En esos casos, la integración puede ser percibida como un proceso en el que unos ganan más que otros. El Mercosur se debate también en torno a la “camisa de fuerza” que implica la norma de participación en bloque en negociaciones comerciales con terceros países, cuya flexibilización es reclamada por algunos de sus miembros.
De la integración declarativa a la cooperación efectiva
Hay también una contradicción entre los objetivos que se proclaman y los resultados alcanzados. En más de medio siglo hemos visto anuncios de uniones aduaneras, mercados comunes, espacios políticos integrados o iniciativas de cooperación y coordinación de políticas, que no logran perfeccionarse. La dificultad está en pasar de las declaraciones de intención al cumplimiento. Los latinoamericanos solemos ser pródigos en la retórica integracionista, pero deficientes en la ejecución.
Una razón importante es que los países han sido tradicionalmente reticentes a transferir competencias a las instituciones regionales. La dimensión institucional de tipo intergubernamental continúa predominando, a diferencia del caso europeo. Los gobiernos conservan el control de las decisiones fundamentales y los organismos disponen, en general, de escasa capacidad autónoma para impulsar políticas o exigir el cumplimiento de los compromisos.
De allí que el problema de la integración latinoamericana no sea solamente de cuántos acuerdos existen, sino qué capacidad tienen para producir resultados, sin generar desánimo o desilusión.
Un nuevo escenario internacional
Todo esto adquiere mayor importancia ante los cambios que está experimentando el mundo.
La realidad internacional de 2026 es muy diferente de aquella en la que nacieron muchos de los proyectos latinoamericanos de integración. La competencia entre Estados Unidos y China, la transformación de las cadenas globales de suministro, la revolución tecnológica, la transición energética, la seguridad, las migraciones y la creciente importancia de Asia-Pacífico, obligan a enfocar la integración desde una perspectiva más amplia.
Ya no basta con preguntarse cuánto comercio realizan entre sí los países latinoamericanos, sin negar su inmenso potencial. Hay que preguntarse también qué pueden hacer juntos frente a los desafíos de un mundo cada vez más competitivo y polarizado.
Esto exige pasar de una concepción predominantemente comercial a otra de carácter estratégico y multidimensional. Infraestructura, energía, conectividad digital, comercio, seguridad, migración, medio ambiente, ciencia y tecnología, son ámbitos que ofrecen amplios espacios de cooperación.
¿Otra integración es posible?
La experiencia acumulada permite extraer una conclusión que puede parecer paradójica: América Latina no necesita crear más organismos, sino generar sinergias entre ellos, hacer funcionar mejor los que existen, o actualizar los que pueden haber quedado desfasados.
En lugar de intentar construir una estructura regional comprehensiva, luce más realista avanzar hacia una cooperación o integración de geometrías variables: proyectos en los que participen los países interesados, y que posteriormente puedan involucrar a otros.
En tal sentido, resulta de interés el documento del SELA de 2025, que propone crear una Matriz de Convergencia Regional, orientada a identificar áreas de coincidencia entre los organismos existentes, evitar duplicaciones, coordinar agendas y aprovechar los recursos disponibles. Su éxito dependerá, naturalmente, de la voluntad política y operativa de los países, y de las propias instituciones.
El desafío consiste, en definitiva, en abandonar la lógica de crear continuamente nuevas estructuras para pasar a una etapa de convergencia, coordinación y resultados. América Latina no carece de recursos, capacidades o intereses comunes, que son muchos. Tampoco carece de organismos. Lo que ha faltado es continuidad, institucionalidad eficaz y una visión estratégica capaz de colocar los intereses permanentes de la región por encima de cambios políticos circunstanciales.
La integración latinoamericana no debe considerarse una utopía ni una sucesión interminable de declaraciones. Debe convertirse en un instrumento para que los países de la región tengan mayor capacidad de negociar, competir y defender sus intereses en el nuevo escenario internacional. El reto no es crear más iniciativas de cooperación e integración. Es lograr su actualización y, sobre todo, hacer que lo existente funcione, como una necesidad vital para América Latina y el Caribe.
