Estados Unidos se acaba de quedar, en la práctica, con un pedazo del petróleo venezolano, y lo hizo sin invadir nada, sin disparar un tiro y sin que la mayoría de la gente entienda todavía cómo pasó. Si te perdiste en el enredo de nombres, empresas fantasmas y porcentajes raros, te lo explico como si se lo estuviera contando a un amigo en un bar.
Por: Nacho Montes de Oca
Arranquemos por el problema de fondo. Venezuela tiene el subsuelo más rico del planeta en petróleo: 303.000 millones de barriles, o sea el 20% del total mundial. Al menos eso es lo que informa el chavismo por el Proyecto Magna Reserva desde 2011 y la OPEP lo toma como válido, aunque no están auditados. Hasta el año 2005, Venezuela declaraba tener unas reservas probadas de aproximadamente 80.000 millones de barriles. Partimos de una base polémica, pero sigamos adelante con la explicación.
De ese total, 65.000 millones de barriles -de acuerdo con el chavismo- están repartidos en 17 campos, según reveló el Financial Times. Esos son los recursos que van a ser explotados por la nueva empresa mixta de carácter privado, constituida mediante una asociación público-privada entre el gobierno estadounidense y un operador privado identificado como Alejandro Betnacourt.
Ahora bien, de ese total, no todo está disponible y de acuerdo con un informe de Gate, la cantidad de petróleo recuperable es en realidad de 11.000 millones de barriles. Expertos citados por Bloomberg calculan que el total varía de 21.000 millones a 43.000 millones de barriles. Arrancamos con polémicas, que luego van a tener un sentido político concreto.
Mas allá de su cantidad, esa riqueza está inaccesible de momento por pozos inundados, tuberías oxidadas y refinerías paradas. Años de abandono y corrupción dejaron a PDVSA como un elefante fracturado, y por eso el mismo diario bautizó a esta nueva empresa como una especie de «mini PDVSA» paralela, armada a medida para esquivar justamente ese paquidermo herido.
Del otro lado, Donald Trump necesitaba con urgencia bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos, porque eso es lo que puede hacerle ganar o perder elecciones de noviembre. El problema es que las petroleras grandes de verdad, como ExxonMobil, Conoco Phillips o TotalEnergies, no quieren ni acercarse a Venezuela: es demasiado riesgo político e inestabilidad y no hay ninguna garantía de que un tribunal venezolano les quite todo mañana.
Ahí aparece el personaje clave de toda la historia: Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano con un pie en Caracas y otro en Washington, y con un pasado de contratos energéticos de la era chavista más sucios que panza de serpiente. Betancourt armó una empresa llamada North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, que terminó siendo la segunda petrolera privada más grande de Venezuela con acceso a esos diecisiete yacimientos clave. Esa es la contraparte “venezolana” de la empresa que se está armando para ejecutar el acuerdo del siglo.
Betancourt está siendo investigado por lavado, fraude fiscal y sobornos en España, Suiza y Estados Unidos. Y además viene de ser sobreseído en un fraude con generadores eléctricos vendidos a PDVSA en un negociado por casi 5.000 millones de dólares. La fiscal chavista desistió de esa acusación y otras denuncias pese al avance de la causa. Queda clara su conexión y la naturaleza de su vínculo con el chavismo.
En EEUU, el Departamento de Justicia lo investiga por conspiración para el lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Betancourt fue identificado por fiscales federales en el sur de Florida como un «conspirador no acusado formalmente” dentro de la llamada «Operación Money Flight», una gigantesca red de corrupción que malversó y lavó más de 1.200 millones de dólares de PDVSA. El hombre es una joya en bruto.
Por las causas judiciales en Europa, Betancourt tenía prohibido salir del Reino Unido en donde esperaba ser entregado a Suiza. Pero funcionarios del gobierno de Trump intercedieron ante los fiscales europeos desde mayo de este año y, poco después, Suiza retiró el pedido de extradición. Así, el camino quedó despejado justo cuando se necesitaba que operara con libertad como socio de la Casa Blanca.
Ahora viene la parte más anómala de todas y es explicar cómo termina siendo socio del estado estadounidense. Y para ser más precisos, del Pentágono. Sí, el bolichico nacido en las entrañas del chavismo se va a asociar con los generales y almirantes estadounidenses que hasta el 4 de enero tenían por enemigo declarado al… chavismo. Y al desaparecido Cartel de los Soles.
Para lograrlo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se convirtió en accionista de la empresa de Betancourt, NABEP, con un 35% del capital en calidad de “socio pasivo”, a través de la Oficina de Capital Estratégico (OSC), una división creada para financiar industrias críticas de seguridad nacional.
Como la ley le prohíbe al Pentágono comprar acciones comerciales con dinero público, usaron un truco legal llamado penny warrants, una especie de derecho a comprar esas acciones por centavos. Con eso se quedaron con más de un tercio de la empresa casi gratis. A cambio, Estados Unidos se aseguró el derecho a comprar el veinte por ciento de todo el petróleo extraído a precio de costo, es decir, casi regalado.
Pero para eso, el Pentágono tiene que poner dinero, por mas que Trump haya dicho que “no le iba a costar un centavo al contribuyente”. En realidad, el dinero entra por el préstamo de la OSC y se clasifica como capital de riesgo total. Por lo tanto, puede perderse por completo si la operación fracasa. Por algo las grandes petroleras, que algo saben del negocio, se niegan a poner su dinero en Venezuela.
¿De cuanto dinero hablamos? De acuerdo con la dictadora interina en su mensaje a los venezolanos del 28 de agosto, van a ser unos 100.000 millones de dólares. Eso no significa que los militares de EEUU van a poner esa cifra, se supone que una vez que vean que el asunto marche, otros inversores se van a sumar a la aventura petrolera. Se supone.
Para entender cómo funciona, pensémoslo como una pastelería. Venezuela pone los ingredientes, que es el petróleo. Betancourt la cocina, que es la empresa NABEP. Las petroleras medianas norteamericanas, como Hunt Overseas o Crossover Energy, son las que se ensucian las manos horneando el pastel, es decir, perforando y sacando el crudo. Y el Pentágono pone la plata para comprar los hornos: presta créditos baratos a fondos de inversión intermedios, esos fondos mezclan esa plata pública con capital privado de Wall Street, y con esa bolsa mezclada se financia la operación en el terreno.
Cuando se venden los pasteles, el Pentágono gana por tres lados a la vez: se lleva el 35% de las ganancias limpias por ser accionista, se queda con la quinta parte del petróleo a precio de costo para llenar sus reservas estratégicas, y encima cobra intereses por los créditos que prestó antes de que nadie más vea un dólar.
Betancourt se queda con el resto de la plata privada, un 65% repartido con sus socios menores, pero su verdadera ganancia no es el dinero: es que ahora tiene al Pentágono como socio y eso lo blinda para siempre de la justicia. Las petroleras medianas que hacen el trabajo físico cobran vendiendo lo que sobra en el mercado internacional.
¿Y Venezuela? Ahí está la parte más incómoda. El dinero que le corresponde al país no va al Banco Central venezolano, va a una cuenta controlada directamente por el presidente de Estados Unidos, que decide en qué se puede gastar. Es como si a vos te dieran tu sueldo, pero tu jefe fuera el único que puede aprobar cada compra que hagas con esa plata.
Hay algo todavía más fuerte que el reparto del dinero, y es quién manda si algo sale mal. El acuerdo establece que la empresa y los campos petroleros funcionan bajo la jurisdicción de Estados Unidos, no de Venezuela. NABEP está registrada en Barbados, un paraíso fiscal caribeño, justamente para blindar los activos de cualquier vaivén político en Caracas.
Si mañana hay un derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo, o una demanda laboral masiva, o cualquier disputa contractual, los tribunales venezolanos no tienen ni voz ni voto. Todo se resuelve en cortes federales estadounidenses o en arbitrajes controlados desde Washington. Físicamente el petróleo sale de tierra venezolana, pero legalmente esos pozos funcionan como si fueran territorio corporativo norteamericano.
En el medio de esta historia hubo una víctima colateral: Harry Sargeant III, un magnate petrolero de Florida que durante años fue el puente entre Washington y Caracas, y que tenía una parte minoritaria de NABEP a través de la empresa offshore Bluewave Properties Ltd.
Sargeant III es un viejo conocido del chavismo, pero cayó en desgracia junto a Maduro, al que el millonario llamaba cariñosamente “el abuelo” las veces que se juntaban en las residencias del dictador ahora encarcelado. En febrero, Trump publicó un posteo en su cuenta de TruthSocial que decía “No tiene autoridad, en ninguna forma o manera, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco nadie que no esté aprobado por el Departamento de Estado». Se refería a Sargeant III y desde ese momento el amigo de Maduro quedó en la picota.
Acto seguido la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) congeló las propiedades y cuentas de Bluewave Properties. Esta firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas era el vehículo financiero a través del cual Sargeant III controlaba su participación minoritaria en NABEP en la que estaba asociado a Betancourt. Al bloquear la empresa, la Casa Blanca le impidió mover un solo dólar o cobrar dividendos del petróleo extraído en Venezuela.
Y aquí hay que recordar que NABEP es la segunda operadora extranjera en la producción de crudo venezolano después de Chevron. Para ese momento ya controlaba el 16% del flujo físico total de crudo de Venezuela y producía 200.000 barriles diarios. Eso es 80.000 menos que Chevron.
Agobiado por la presión, Sargeant terminó vendiendo su parte por trescientos millones de dólares a su socio, Betancourt, que de ese modo pasó a controla NABEP. Es realidad, no se lo vendió directamente: el comprador fue una entidad cercana a él, un testaferro corporativo, para que no saltaran las alarmas legales.
En los papeles cambió el nombre, pero la plata y las acciones quedaron en el mismo bolsillo. Con Sargeant afuera gracias a la ayuda de Trump y su equipo, Betancourt consolidó el control absoluto de la empresa y le allanó el camino al Pentágono para entrar sin obstáculos al directorio.
La dictadura de Delcy Rodríguez defiende el acuerdo diciendo que traerá más de 100.000 millones de dólares en inversión y que Venezuela cobrará unos 19 dólares netos por cada barril extraído, lo que sumaría más de doscientos mil millones de dólares a lo largo del proyecto. Además de ser palabra de la ex presidente de PDVSA y vice de Maduro, esa afirmación es, por lo menos, engañosa.
Transparencia Venezuela calcula que ya se recaudaron unos 15.166,8 millones de dólares por exportaciones de petróleo venezolano desde que comenzó el régimen tutelado en enero, así que la maquinaria ya está andando y generando plata, aunque esa plata no la maneja Venezuela. De hecho, la dictadura solo anunció el regreso de 300 millones de esas regalías y luego rectificó a 500 millones.
EEUU insiste en que manejara el dinero de las ventas petroleras para evitar que sea malversado. El temor es real, los bolichicos siguen operando en Venezuela. Como Betancourt. En cualquier caso, cualquier cálculo de regalías sigue cayendo en el agujero negro del manejo desde Washington. En otras palabras, todo es dinero de fantasía hasta que llegue a Venezuela.
Pero además hay una letra chica que cambia todo el cuento: aunque a la gente le vendieron que el contrato dura veinticinco años, la estructura corporativa real le da a NABEP derechos de explotación por cien años. Un siglo equivale a entregarle una quinta parte del petróleo del país a tres generaciones que todavía ni nacieron, sin que ellas hayan opinado nada.
La oposición venezolana, con voces como la de Diego Arria y de María Corina Machado, lo llama directamente un saqueo disfrazado de tratado comercial, una expropiación colonial aprovechando la debilidad del país. Les indigna especialmente que el socio elegido sea Betancourt, alguien que se hizo millonario bajo Hugo Chávez y luego con Maduro y Delcy.
También denuncian que un contrato petrolero de esta magnitud debía pasar por la Asamblea Nacional, y en cambio se negoció en secreto. Los expertos petroleros señalan que las regalías e impuestos que recibirá Venezuela están muy por debajo de los estándares mundiales para un contrato de esta escala.
A eso se suman las dudas legales de Wall Street: la oficina del Pentágono usada para este negocio fue creada para financiar tecnología dentro de Estados Unidos, no para volverse dueña de pozos petroleros en el extranjero. Esto anticipa una pelea legal fuerte en el propio Congreso norteamericano, que ya empezó a reclamar más transparencia sobre cómo se reparte la plata de este acuerdo.
Y hay un temor más de fondo: si a Washington le empieza a ir bien con el petróleo barato, puede terminar prefiriendo que el gobierno actual de Venezuela se quede congelado tal cual está, con tal de no arriesgar el negocio, aunque eso signifique frenar cualquier apertura democrática real.
¿Y Trump, qué gana en todo esto? Por ahora su grupo empresario no aparece en el radar. Lo que obtiene es mucho más valioso en términos políticos: puede pararse frente a las cámaras y decir que cumplió su promesa de campaña de bajar la gasolina, aunque en los hechos ese 20% de petróleo barato sea una gota en el océano frente al consumo mundial y el precio en el surtidor no dependa de él sino del mercado global.
También se anota un trofeo geopolítico enorme, algo que ningún presidente logró en cien años: meter al propio Pentágono dentro de la principal riqueza de Venezuela. Y de paso, contenta a los empresarios de Florida y Wall Street que financian sus campañas, porque son justamente esas petroleras medianas las que se llevan una tajada jugosa del negocio.
La verdad incómoda es que nada de esto va a bajar el precio de la nafta mañana porque el precio de la gasolina en Estados Unidos lo decide el mercado mundial, no el anuncio de un contrato en Venezuela.
Tampoco va a llenar las Reservas Estratégicas. El petróleo venezolano es espeso como la melaza y no puede ser mezclado con el crudo liviano del fracking que representa el 57% de su producción, ni con el medio que ocupa otro 39%. Vamos a ponerle un poco de sal al asunto para explicarlo. Las reservas estratégicas de EEUU se acumulan en 60 cavernas excavadas a profundidades de entre 600 y 1.000 metros bajo tierra en cuatro complejos del Golfo de México. Si, de México.
Son cavernas de sal y fueron pensadas para el petróleo liviano. Las veces que le metieron crudo pesado se produjo un fenómeno llamado “sludge”. Sr produce cuando la interacción del hidrocarburo espeso con el agua salada forma una plasta gigante de alquitrán pegajoso, denso como el chocolate derretido. Al intentar succionar esa parte de los depósitos, esa mezcla tapa los tubos como si fuera grasa en el drenaje y quema los motores de las bombas porque está demasiado espeso para moverse. Eso es el sludge.
Y luego está la cuestión del tiempo. Desde el anuncio hasta que se termina en papeleo, se envían las maquinarias y se terminan las operaciones, se extrae y exporta el petróleo a las refinerías estadounidenses -que ya están saturadas, por cierto- y llega al mercado, pueden pasar entre tres y cinco años. Y las elecciones están a la vista y es por eso que, pese a los festejos en la Casa Blanca y en las casas de los partidarios de Trump, el precio del galón de combustible en EEUU ni se enteró. Nada, ni una mera agachadita.
Por otra parte, afirmar que EEUU sumó 65.000 millones de reservas explotables a sus 46.0000 millones, es algo así como ensamblar dos familias de divorciados y salir a jactarse de una fertilidad prodigiosa sumando hijos propios y ajenos. El petróleo venezolano es un tema aparte y tampoco se convierte en gasolina para el público por una declaración en las redes.
La parte triste de todo este enredo es que para el momento en que el ciudadano común se dé cuenta de que en el surtidor no cambió nada, las elecciones ya habrán pasado y el Pentágono ya se habrá quedado, para siempre, con el control del 35% de una de las empresas petroleras más importantes de Venezuela. Y Betancourt será el nuevo emir petrolero. Él y sus sucesores por un siglo.
Y ahí es donde más duele para la gente de a pie en Venezuela. Al negociar con tanto apuro por la foto y el anuncio, el país aceptó condiciones muy por debajo de los estándares mundiales, atadas por 100 años, restándole plata que hará falta para escuelas, hospitales y sueldos dignos durante generaciones. Es quizás la escenografía más cara de la historia de la humanidad.
Venezuela pierde, además, el derecho a que sus propios tribunales resuelvan cualquier abuso que ocurra en su propio territorio: si una petrolera contamina el Lago de Maracaibo o maltrata a sus trabajadores, la única justicia disponible está a miles de kilómetros, en cortes de Estados Unidos, fuera del alcance de cualquier venezolano común.
Queda flotando el riesgo más incómodo de todos: que, a Washington, con semejante inversión en juego, le convenga que nada cambie en Caracas, aunque eso signifique posponer indefinidamente la democracia que millones de venezolanos todavía están esperando. Manejar el enojo creciente en una parte importante de la sociedad venezolana requiere de las artes represivas que maneja el chavismo. La opción de forzar elecciones y negociar con las nuevas autoridades no es la mejor opción para Trump. Cualquier candidato va a querer convertir ese enojo en votos. La “muy respetada” Delcy reúne los requisitos para evitar esa situación.
Y todavía queda un capítulo por escribirse: qué pasa con los contratos que Venezuela ya tenía firmados con Rusia y con China, dos socios históricos del chavismo que de golpe quedan corridos del tablero. El problema es que si sienten que este acuerdo los pisotea o los discrimina frente al trato preferencial que ahora recibe Washington, también pueden ir a buscar su parte por la vía judicial o arbitral.
Y acá aparece la trampa final, la que hace que este acuerdo sea prácticamente imposible de desarmar, aunque cambie el gobierno en Caracas. Si algún día Venezuela decide denunciar el contrato, o un gobierno futuro intenta anularlo por injusto, no alcanza con dar un portazo: hay que pagar. Y recordemos que del otro lado está también el Pentágono, al que no le faltan argumentos para reclamar.
Al estar armado todo bajo jurisdicción estadounidense y con arbitraje internacional de por medio, cualquier intento de salirse del trato podría disparar demandas millonarias ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial que resuelve estos pleitos, o directamente ante cortes de Estados Unidos.
Venezuela ya tiene litigios perdidos por 30.000 millones en el CIADI y otros foros. Si a estas condenas por expropiaciones se le suman los intereses acumulados y los juicios paralelos en cortes federales de Estados Unidos a cifra de reclamos judiciales válidos supera los 23.111 millones de dólares. China y Rusia reclaman en conjunto un monto neto que oscila entre los 13.500 millones y los 18.500 millones de dólares. Hay otros 5.760 millones de dólares de deuda pendiente con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y 65.000 millones por bonos estatales y de PDVSA. Añadir otro pleito en un negocio que involucra potencialmente 4,6 billones, es inoportuno y bastante perverso.
Sumar litigios no es una hipótesis lejana: ya hay antecedente. Conoco Phillips le ganó a Venezuela juicios multimillonarios en el CIADI por expropiaciones de hace más de una década con un valor actualizado de 10.000 millones de dólares, y esos fallos como el de Exxon por 1.600 millones todavía se están cobrando.
Es decir, el contrato del siglo no solo asegura ganancias mientras funciona, sino que funciona como una especie de seguro para el Pentágono y para Betancourt: si Venezuela se quiere bajar del tren en la próxima estación democrática, tiene que pagar el viaje hasta la terminal.
El resultado de tanta previsión podría ser una fila de acreedores internacionales, estadounidenses, rusos y chinos, todos con papeles en la mano reclamando lo suyo. Y esa fila no se formará en la puerta de la Casa Blanca ni en la mansión de Alejandro Betancourt: estará en la puerta de Venezuela, un país que ya está quebrado y que, encima de todo lo demás, corre el riesgo de terminar debiéndole plata a medio mundo por un negocio que ni siquiera controla.
Esta es la trama del NABEP, de Betancourt, del acuerdo del siglo de Trump y Delcy y de un asunto más espeso que el petróleo que ya tiene dueños nuevos. Ojalá se haya entendido sin provocar furia o depresión como la que generó el escribir estas líneas.
Nacho Montes de Oca
@nachomdeo
Periodista y escritor. Patreon https://patreon.com/nachomdeoca
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