Los promotores, constructores y vendedores de viviendas de interés social activan un ciclo financiero extraordinario para el país, incorporan tecnología y estudios modernos de resiliencia urbana y hábitat ordenado, construyen vías públicas que interconectan diferentes áreas de la periferia de las ciudades, habilitan áreas que contienen la aparición de invasiones y asentamientos no programados, evitando nuevas áreas marginales.
Los beneficios para el gobierno, las gobernaciones y las alcaldías son inconmensurables, ya que toda esta nueva infraestructura de servicios a la sociedad tiene un costo relativo en términos de burocracia gubernamental o presupuesto nacional. Generan impuestos de construcción, IVA, ventas y utilidades, derechos de incorporación, formación de nuevas empresas, actividad en notarías y registros inmobiliarios, activan nuevos créditos de construcción tanto de corto como a largo plazo. Finalmente, las alcaldías cobran cada año el impuesto inmobiliario/catastro o derecho de frente a cada vivienda. Las alcaldías reciben bienes de infraestructura para el beneficio de la comunidad como calles, aceras, parques, paradas de buses, zonas deportivas, áreas escolares, plantas de tratamiento, pozos sépticos, redes eléctricas, alcantarillado, torrenteras, canalizaciones, etc. que el sector privado gestionó.
No es fácil que los gobernantes y el público en general comprendan que desarrollos de viviendas de interés social impactan el futuro del país de manera positiva, como una especie de obra humanitaria por parte del sector privado que opera como agente transformación del dinero de la banca y del presupuesto nacional en infraestructura social para el país. No existe mejor política con proyección de futuro en contra de marginalidad que el apoyo justo y ágil al sector privado, ya que este colabora de forma eficiente en evitar nuevos cinturones marginales en las grandes ciudades.
Estos desarrollos urbanos previenen la exclusión y la privación de oportunidades, fortalecen el sistema democrático capitalista que defiende la propiedad privada y siembran la esperanza de los más desfavorecidos de acceder a una vivienda propia. Favorecen la paz social y mejoran la gobernabilidad. Los incentivos gubernamentales para las viviendas sociales son una herramienta poderosa contra la marginalidad y su más de 20 representaciones en la vida diaria de los más desposeídos. Las nuevas áreas urbanas son una inversión gubernamental delegada al sector privado mediante la CONSTRUCCION DE URBANISMOS Y VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
