Se habla insistentemente de que está en marcha un proceso de transición. Entendemos la transición como el proceso de cambio en la estructura o el sistema político de un país. Esto puede incluir la transición de un gobierno autoritario a uno democrático, la transformación de un sistema de partido único a un sistema multipartidista, o cambios en el sistema de gobierno y las leyes y políticas fundamentales que rigen la vida política. Este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, siendo hoy clave en la lucha por los derechos humanos, la democracia y justicia en los países que son gobernados autoritaria o dictatorialmente. En concreto es el caso de Venezuela.
No se puede ocultar que en 1999 se instaló un proyecto autoritario, con la ruta de concentrar el poder, anular el sistema democrático, eliminar los controles y someter a la sociedad venezolana, empleando para ello, las más viles formas de represión sembrando el terror para evitar la disidencia y protesta. Fueron miles los encarcelados y torturados en abierta violación de los derechos humanos como consta en expediente que cursa ante la Corte Penal Internacional.
Una transición, de inmediato restituye las libertades y garantías de respeto pleno a los derechos reconocidos en la Constitución. En nuestro país se inició un proceso de excarcelación de presos políticos, sin plena libertad, a cuentagotas. Simultáneamente, se planteó la aprobación de una ley de amnistía, como de costumbre el régimen la tuvo oculta y ponía a circular supuestos proyectos dirigidos a calmar, mientras afinaban una ley que protegiera sus intereses.
Se cumple lo del proverbio “Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito”. La metáfora del lobo, un depredador por naturaleza, que redacta leyes, ilustra vívidamente cómo los tiranos pueden diseñar sistemas legales que legitimen sus acciones, incluso a expensas de los más vulnerables. Este proverbio popular encapsula de manera incisiva la crítica hacia el abuso de poder en la legislación, máxime cuando este responde sumiso al poder autoritario. La ley de amnistía aprobada muestra un continuum de la ideología de los que detentan el poder de manipular las reglas para beneficiarse a sí mismos. Por otro lado, hay vacíos que ponen en duda una democrática y justa aplicación de la ley. Hay un proverbio que dice “de nada sirve la ley si no se aplica correcta y justamente”.
Compartimos las críticas formuladas a la ley por los notables juristas Ramón Escovar, Alberto Arteaga, Carlos S. Bello y Ángel Zerpa (existen muchas más opiniones fundadas, pero no hemos tenido tiempo de leerlas). Hay dos aspectos importantes que no se han tocado en este inédito y umbroso proceso de transición, que se vinculan indiscutiblemente con la amnistía. En primer lugar, se mantienen en plena vigencia órganos tenebrosos de represión y tortura (Sebin Dgcim y FAES) y las leyes que justifican la restricción de libertades y apuntalan el autoritarismo y arbitrariedad. Efectivamente, deben derogarse esas leyes que criminalizan la disidencia y la protesta, por ejemplo, la ley del odio, la ley antifascismo, la ley contra el bloqueo, la ley regulatoria de organizaciones sociales, entre otras, sería largo enumerar aquí.
En segundo lugar, la aplicación de la ley queda en manos del sicariato judicial, los mismos que han avalado los atropellos: el fiscal general, Tarek Saab y el Poder Judicial. Es incuestionable lo que expresa Escovar con respecto a que “las bondades van a depender de la interpretación de la ley que realicen los jueces y fiscales”. Surge la pregunta: ¿hay garantías de que esos jueces y fiscales, que actuaron fuera de la ley, reconozcan sus errores? Por ejemplo, ¿qué hará el tribunal que siguiendo las órdenes de Diosdado se ensañó contra Miguel H Otero y El Nacional? De partida debemos decir que ese Poder Judicial ha estado sumiso al mandato del tirano y ha tirado a la basura la ley y la Constitución. Propusimos que mientras no haya una reforma sustancial del Poder Judicial se estableciesen tribunales ad hoc, imparciales, de solvencia moral y sin vínculos políticos, para aplicar la ley de amnistía.
Hemos señalado que en este proceso inédito de transición debe tenerse presente que volver al Estado de derecho implica una modificación inmediata del Poder Judicial. Que es imprescindible un Poder Judicial imparcial, independiente y con conocimiento del derecho. No hay duda de que mientras exista el mismo poder, aun cuando se diga que se están desmontando, y no haya cambios en la Fiscalía General y el Poder Judicial, por unos imparciales, independientes, autónomos, no habrá garantías de libertad y respeto a los derechos humanos. Como expresa Escovar, está pendiente una reforma del Poder Judicial. En mi opinión, al principio, las altas magistraturas deben constituirse por personas que hayan hecho aporte científico al derecho, quienes tendrán la labor de enderezar entuertos y elaborar una ley del Poder Judicial que sea garantía de que los operadores de la jurisdiccional serán imparciales y competentes.
Rodrigo Rivera Morales
