Durante décadas, estudiar en Venezuela significó mucho más que obtener un título. Era una forma de movilidad social, una posibilidad de mejorar las condiciones de vida y también una herramienta para construir ciudadanía. La escuela, el liceo y la universidad formaban parte de un proyecto de país que entendía la educación como una inversión pública y como un mecanismo para abrir oportunidades. Hoy esa realidad se ha deteriorado profundamente. No se trata solamente de salarios insuficientes, escuelas en malas condiciones o universidades con presupuestos precarios; el problema es algo más profundo: la pérdida progresiva del valor social de educarse. Este deterioro debe ser analizado como parte de un proceso mayor de desinstitucionalización que ha afectado distintas áreas de la sociedad venezolana.
La llamada masificación educativa fue presentada durante años como uno de los grandes logros del modelo político iniciado en 1999. Ampliar el acceso a la educación era, en principio, una aspiración legítima. El problema aparece cuando la cantidad termina sustituyendo a la calidad y cuando la expansión de la matrícula no está acompañada por docentes bien remunerados, infraestructura adecuada, evaluación, formación y autonomía institucional. La educación puede llegar a más personas y, al mismo tiempo, perder capacidad para transformar sus vidas. Como han estudiado investigadores venezolanos como Luis Bravo Jáuregui, Ramón Uzcátegui y Ramón Casanova, la educación debe entenderse también desde su institucionalidad, su profesionalización y su relación con el Estado. En consecuencia, más que hablar únicamente de una crisis educativa, corresponde preguntarse qué ocurrió con las instituciones encargadas de sostenerla.
El deterioro comenzó a sentirse en todos los niveles. En la educación primaria y secundaria, la precarización de las condiciones de trabajo, la pérdida de docentes, el deterioro de los planteles y las dificultades económicas de las familias han afectado la continuidad y calidad del proceso educativo. En las universidades, el problema adquirió otra dimensión: reducción de presupuestos, migración de profesores e investigadores, pérdida de capacidades científicas y debilitamiento de la autonomía universitaria. Pero detrás de estas dificultades hay algo todavía más importante: cuando una institución pierde progresivamente sus capacidades, también pierde la posibilidad de cumplir la función para la cual fue creada. La escuela deja de ser un espacio de formación integral; el docente deja de encontrar en su profesión una forma digna de vida; y la universidad corre el riesgo de convertirse en una institución que sobrevive, pero que cada vez tiene menos condiciones para producir conocimiento, formar profesionales y ejercer su función crítica.
Hay una consecuencia que quizá sea todavía más grave y que suele pasar inadvertida: cada día parece valer menos la pena estudiar. Cuando un joven observa que una carrera universitaria exige años de esfuerzo, y un título profesional no garantiza una remuneración digna ni mejores condiciones de vida, los incentivos comienzan a cambiar. El problema deja entonces de ser exclusivamente educativo y comienza a modificar las expectativas de toda una generación. En medio de esa realidad aparece la tecnología, que debería ser una extraordinaria herramienta para aprender, investigar, innovar y producir conocimiento, pero que para muchos se ha convertido principalmente en un instrumento para generar ingresos inmediatos. No es la tecnología la que ha perdido su sentido educativo. Es una sociedad que, al perder el valor de la profesionalización, termina utilizando sus nuevas herramientas para resolver las urgencias del presente antes que para construir las capacidades del futuro.
Por eso, hablar de educación es hablar también de democracia. Una sociedad que deteriora sus escuelas, desvaloriza a sus maestros, debilita sus universidades y reduce los incentivos para estudiar termina mermando una parte esencial de su capital humano y de su capacidad institucional. La desinstitucionalización venezolana no puede observarse únicamente en los partidos, en las instituciones del Estado o en la pérdida de confianza ciudadana. También está presente cuando las instituciones que deben transmitir conocimiento, formar profesionales y preparar ciudadanos dejan de cumplir adecuadamente su función. La recuperación, por tanto, no puede limitarse a reconstruir edificios o aumentar eventualmente los salarios. Será necesario recuperar la carrera docente, reconstruir la universidad, estimular la investigación, restablecer la autonomía académica, fortalecer la educación pública y volver a colocar el mérito y el conocimiento en el centro de las oportunidades sociales.
Si el país comienza a aproximarse nuevamente al canal democrático a través de un proceso electoral, la recuperación de Venezuela tendrá que ser mucho más que una recomposición política. Cualquier proceso de transición en sus distintas etapas, tendrá que considerar que una parte esencial de la recuperación nacional pasa también por recuperar el sistema educativo. No habrá verdadera reconstrucción si se recupera la economía pero no se recupera la escuela; si se normalizan las instituciones políticas pero no se recupera la universidad; si se habla de futuro mientras una generación continúa perdiendo las razones para estudiar. Venezuela necesita volver a construir el vínculo entre educación, mérito, trabajo y movilidad social. Recuperar ese vínculo será una de las tareas más importantes de cualquier proceso de transición y, sobre todo, una condición para que el cambio democrático no sea solamente un cambio de gobierno, sino el comienzo de la reconstrucción de un país.
IG, X: @freddyamarcano
