En reciente texto publicado por El Nacional, William Anseume argumenta la necesidad de resarcir el daño laboral en Venezuela de acuerdo a una amplia y necesaria perspectiva social que ha de explicarse en el contexto de las condiciones que hagan propicia una transición democrática. Por ello, va más allá de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), circunscrita a las consecuencias derivadas de los accidentes y enfermedades ocupacionales.
Recordemos, más de veinte mil empleados de la industria petrolera venezolana fueron despedidos por orden pública, expresa y espectacularizada de Hugo Chávez en 2002. La nefasta y desproporcionada medida produjo un daño irreparable a la nación (explicando la grave situación actual de PDVSA), a los empleados (lesionando la carrera profesional en distintas áreas del negocio), y al mercado laboral (agigantando el clientelismo en detrimento de la leal competencia). Luego, hubo un severo daño que no tuvo que ver con la exposición a agentes químicos altamente nocivos, explosiones sorpresivas, u otro de los aspectos similares atendidos por la citada ley, sino con el derecho constitucional, laboral y la normativa internacional correspondiente.
El regreso automático de todos los antiguos trabajadores sobrevivientes de PDVSA, no parece fácil de cambiar la situación y hasta lucirá contraproducente en detrimento de aquellos que pueden garantizar una mínima continuidad, formados técnica y profesionalmente por estos años, genuinamente comprometidos con la empresa, claro está, en contraste con las legiones que la partidizaron criminalmente. Sin embargo, es justo reconocer que aquellos, los veinte mil trabajadores despedidos tan injustamente, sufrieron un importante daño patrimonial (prestaciones sociales, despido injustificado, salarios caídos), moral (públicamente estigmatizados, pérdida de oportunidades laborales, desprestigio profesional), y colectivo (violación de la estabilidad laboral y del principio de progresividad de los derechos laborales), acarreando la responsabilidad del Estado.
Los ingresos extraordinarios del petróleo podrían invertirse en un programa de reparación patrimonial directa, social (créditos, salud, vivienda), productiva (actualización profesional, participación empresarial, títulos valores) y simbólica (pública reivindicación ciudadana y profesional). A modo de ilustración, reactivación de las cajas de ahorro, créditos hipotecarios, recuperación del capital humano calificado, pago indexado de prestaciones, compensación fiscal, recuperación de la industria de seguros, etc.
Ideas surgidas de un interesante intercambio de opiniones que tiene como escenario frecuente la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), puede superar algunos aspectos técnicos importantes, como la prescripción de las acciones laborales, si efectivamente las hubiere, porque hay razones para alegar la interrupción por violación continua de los derechos humanos, por ejemplo.
