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Derecho, deber y obligación, por @ArmandoMartini

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La democracia no es una simple y vaga promesa política, electoral, es mucho más. El conjunto de derechos ciudadanos, pero también de sus deberes. Por derecho natural que se tiene en el vientre de la madre y se nace con él. Por los derechos consagrados en leyes universales y Constitución, tiene derecho a pensar y expresarse libremente sin que por ello se le persiga; al respeto de su vida y privacidad, a participar mediante el voto en la elección de autoridades; a no ser encarcelado sin previa decisión de un tribunal, a escoger y practicar su religión, o ninguna, así como su ideología política, por libre y personal decisión. Son Derechos Humanos inviolables y sin excepción para ser violentados. Hay que respetarlos. 

Pero se tiene el deber, la obligación, el compromiso de respetar los derechos ajenos, de los demás, de sostener su libre ejercicio, cumplir y defender principios, establecidos en la Ley.

El ciudadano libre, independiente, autónomo debe, así, rendir cuenta de sus actos, de gestión y financiera. La rendición de cuenta puede ser familiar o social, es decir, la percepción que de él y de sus procederes tengan los demás, al rendir cuenta de sus responsabilidades, sea funcionario público al Estado y a los demás ciudadanos a los cuales en su cargo debe cumplimiento, respeto y observancia, o como parte de cualquier iniciativa privada, sea empleado, sea empresario.

Rendir cuenta es un deber, obligación, necesidad, juramento, mandato legal. Un derecho de aquellos a los cuales sirve a través de su trabajo, sea gerente o presidente de una empresa, ministro o numerario de la estructura burocrática, de mantenimiento, portero, jefe.

En extremo, un oficial policial o militar investido de autoridad, tiene derecho a retener a la persona para inquirir identidad y propósito, sin afectar sus derechos personales. Un guardia puede exigir la plena identificación, pero no golpearla para requerirla. Tiene derecho, deber a saber para dónde y por qué va, pero no a dispararle o maltratarlo; se puede ser interrogado, pero jamás torturado.

En esta línea de pensamiento, respeto a la norma y derechos, todo ciudadano al cual se encomiende, y acepte el encargo de un trabajo, tiene el derecho a que los demás respeten las necesidades de su convenio, pero al mismo tiempo el deber de justificar sucesos, eventos, actos, desde decisiones tomadas, órdenes dadas, hasta facilidades disfrutadas.

Rendir cuentas de los actos, gestión, incluyendo las que generen erogaciones de fondos y signifiquen acciones o consecuencias para otros ciudadanos o para el país, es un acto de dignidad, de cumplimiento, conciencia y ejercicio adecuado de las expectativas.

No hay jerarquía privada ni pública que releve del juramento, compromiso y deber para presentar cuenta de lo hecho, los por qué y los cómo. Ministros, rinden cuenta al Presidente de la República, jefe directo, pero también al Poder Legislativo de manera formal, periódica, y a la ciudadanía a través de la debida información de difusión pública.

En el caso de Venezuela, con dos “gobiernos”, uno formal aunque acusado de ilegitimidad, otro opositor que alardea de un origen legítimo, ambos con funcionarios, y representantes en áreas diversas ante organismos y gobiernos de otros países, deben rendir cuenta, están obligados a hacerlo por seriedad, les guste o no, so pena de ser perseguidos y castigados por la Ley. 

El gobierno interino, ha recibido recursos de aliados y empresas pertenecientes a la República pero dependientes legalmente de otros gobiernos -casos de Citgo, Monómeros y el oro custodiado por el Banco de Inglaterra, además de capitales cedidos por el administración estadounidense- debe rendir cuenta detallada, minuciosa, escrupulosa de lo hecho. No se cuestiona que el interinato y sus funcionarios reciban fondos para el mantenimiento y exigencias derivadas de su cargo, pero deben, es lo honesto y decente señalar cuánto reciben y para qué, dar pormenor de los capitales y funcionamiento de las compañías e iniciativas confiadas a su criterio, custodia y compromiso.

El régimen presidido por el usurpador, reconocido por la cómplice, complaciente y falsa oposición debe también rendir cuenta detallada de lo ingresado por impuestos, participación en empresas e iniciativas como el petróleo y minería, compras de equipos militares y civiles, hasta la amplia distribución del presupuesto nacional en gastos, inversiones, compras, salarios, reservas, etc.

Ningún Gobierno usurpado o interino está exento, menos quien aspira serlo, ese debe ser más puntilloso, estricto, porque su principal bandera y justificación es el regreso a la transparencia, legitimidad y democracia. Lo que implica actividad con plena honradez. Con cada dólar y cada bolívar recibido, utilizado o reservado.

No rendir cuenta además de ilegal, incumple la palabra empeñada y es de sinvergüenzas que merecen el rigor de la Ley.   

@ArmandoMartini

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