Venezuela enfrenta una contradicción que ya no puede seguir ocultándose. Mientras millones de ciudadanos viven sin agua potable, sin medicinas, sin electricidad estable y sin alimentos suficientes, el país conserva un amplio inventario de equipamiento militar de origen ruso, chino e iraní, adquirido durante el siglo XXI y que nunca aportó beneficios reales a la seguridad nacional.
Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 2005 y 2015 Venezuela destinó entre 11.000 y 15.000 millones de dólares a estas adquisiciones, hoy en gran medida subutilizadas o estratégicamente desalineadas con los desafíos reales del país.
La pregunta no es cuánto costaron esas armas.
La pregunta es: ¿cuánto pueden todavía aportar a la reconstrucción nacional?
Incluso bajo escenarios conservadores, una auditoría técnica independiente podría permitir recuperar entre 10% y 20% del valor original mediante desactivación, reconversión industrial o monetización regulada. Eso equivaldría a liberar entre 1.000 y dos mil millones de dólares para salud, agua, infraestructura eléctrica y alimentación. En un país donde un hospital puede colapsar por falta de un transformador o una planta de ósmosis, esa cifra no es simbólica: es vital.
No se trata de debilitar al Estado.
Se trata de fortalecer a la sociedad.
También es momento de reconocer que las amenazas que enfrenta Venezuela hoy son predominantemente internas y sociales, no convencionales ni interestatales. La seguridad del siglo XXI no se mide por acumulación de sistemas pesados, sino por la capacidad de garantizar vida cotidiana, convivencia y estabilidad institucional. La violencia fragmentada, la inseguridad diaria y la proliferación de armas en manos civiles constituyen hoy riesgos más inmediatos que cualquier hipótesis de confrontación externa.
Un país armado no puede reconciliarse.
Un país con miedo no puede reconstruirse.
Desarmar el miedo es reconstruir la confianza.
La reconciliación no es un acto simbólico: es un proceso institucional que exige que la violencia deje de estar privatizada y que la seguridad vuelva a ser un bien público. Ningún pacto social puede sostenerse mientras la vida cotidiana dependa de quién tiene un arma y quién no.
Lecciones del mundo: cuando las armas se convierten en paz
La propuesta de transformar acumulación armada en valor social no es inédita ni utópica. Existen precedentes en distintos continentes donde, bajo contextos diversos, los Estados decidieron convertir inventarios militares o armas en circulación en instrumentos de estabilidad.
- Mozambique reconvirtió más de 600.000 armas en herramientas agrícolas y materiales productivos, reduciendo violencia comunitaria y generando actividad económica local.
- Sierra Leona desmovilizó a 75.000 combatientes y destruyó decenas de miles de armas bajo supervisión internacional, sentando bases para su reconstrucción estatal.
- Liberia vinculó desarme y transición política para recuperar estabilidad institucional tras años de conflicto.
- Colombia fundió armas entregadas por las FARC para transformarlas en monumentos de paz, convirtiendo violencia en memoria.
- En los Balcanes, parte de los inventarios militares fue destruida y otra parte reconvertida para usos industriales bajo marcos de supervisión internacional.
Aunque los contextos fueron distintos, todos compartían un punto común: la necesidad de transformar acumulación armada en estabilidad institucional. En algunos casos las armas se destruyeron; en otros, se reconvirtieron; en otros, se integraron a procesos económicos regulados. La constante fue auditoría técnica, supervisión independiente e incentivos sociales alineados con la paz.
Cómo convertir las armas en dignidad
La salida existe y es viable si se actúa con orden, supervisión y responsabilidad:
- Realizar una auditoría técnica independiente del inventario militar, clasificando qué debe mantenerse por razones estratégicas, qué puede reconvertirse y qué debe desactivarse.
- Desmilitarizar formalmente el equipamiento obsoleto, convirtiéndolo en material patrimonial, industrial o reciclable.
- Crear un Fondo Humanitario Venezuela–Internacional con gobernanza mixta, auditoría pública y destino exclusivo a infraestructura social.
- Monetizar de forma regulada los activos legalmente transferibles, asegurando que cada dólar se traduzca en servicios esenciales.
- Implementar un programa progresivo de desarme civil acompañado de fortalecimiento institucional y presencia efectiva del Estado.
Este proceso, naturalmente, exigiría superar restricciones contractuales con países proveedores, cumplir marcos internacionales de control de armas y coordinar cualquier operación con los regímenes de sanciones vigentes. No es un atajo ni una improvisación: es una política que requeriría legalidad, transparencia y consenso nacional.
Convertir las armas en dignidad no es un gesto simbólico. Es una política pública posible si existe voluntad política y supervisión transparente. Es transformar lo que alguna vez se presentó como símbolo de fuerza en lo que hoy puede garantizar vida.
Venezuela tiene frente a sí una oportunidad única: desmovilizar la violencia y movilizar los recursos para la vida.
Las armas no construyen futuro.
La dignidad sí.
Dr. Simon P. Deffendini S., Ph.D.
