Vía El Nacional
El Nacional tiene un compromiso inalienable con sus lectores, y con su propia historia como medio pionero en la Venezuela de los años de la II Guerra Mundial, en explorar los hechos detrás de las aparentes verdades, y contribuir a la educación de nuestra gente. Esta nota introductoria es necesaria porque nuestro editorial de hoy apunta a hacer algunas precisiones sobre un tema estratégico delicado en una circunstancia compleja en la lucha por la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela.
No cabe duda de que cualquier desacuerdo con declaraciones o actuaciones del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela tiene que ser procesada sin comprometer el objetivo superior de restablecer el mandato de la Constitución y que se reconozca el resultado de la elección presidencial del pasado año que dio como ganador a Edmundo González Urrutia. El liderazgo legítimo de la nación, encabezado por González Urrutia y María Corina Machado, ha declarado de manera indiscutible que no se está pidiendo de Estados Unidos una invasión, ni un cambio de régimen que ya ha sido decidido soberanamente por el pueblo venezolano. El régimen de Maduro es el mal mayor y Estados Unidos representa nuestro principal aliado en una guerra no convencional que el régimen adelanta contra su propio pueblo.
Una reciente publicación, en la red social X, de Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente Donald Trump, ha despertado un revuelo considerable por el espacio que abre para diferentes interpretaciones sobre el tema de los intereses norteamericanos en el petróleo venezolano. Es importante analizar el contenido exacto de esta publicación, cuya traducción reproducimos:
“El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas.”
Indudablemente que un texto de esta naturaleza abre la puerta para que los agentes de propaganda del régimen, y también gente con las mejores intenciones, lo interprete como abarcando todo el manejo histórico que Venezuela ha hecho de su petróleo. Esto es especialmente tóxico en la circunstancia actual de conflicto con el régimen de Maduro, y su creciente aislamiento internacional, y puede conducir a establecer una analogía implícita infundada entre el proceso legítimo de nacionalización petrolera que se oficializó el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y las acciones inconstitucionales y arbitrarias ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007, cuando se modificaron las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o a retirarse del país.
Cualquier intento por equiparar la nacionalización del petróleo en 1976, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un elevado momento definitorio en la historia de la nación, con los actos de expropiación inconstitucionales ordenados por Hugo Chávez, carece de fundamento histórico alguno y así deben entenderlo de manera inequívoca tanto el pueblo venezolano como nuestros aliados norteamericanos.
Es claro que las declaraciones de Miller no establecen de modo explícito esta analogía, pero su ambigüedad contextual abre la puerta para que el régimen y sus aliados de la izquierda autoritaria internacional ataquen a María Corina Machado acusándola de ser una marioneta de Trump cuyo único interés sería apoderarse del petróleo venezolano.
Un discurso venenoso y tramposo, que tenemos el deber de denunciar, por que pretende ocultar el hecho de que el chavismo ha arruinado a Venezuela y ha usado corruptamente los recursos petroleros de la nación. Las acciones del gobierno norteamericano contra la “flota oscura” de tráfico ilegal de crudo están perfectamente justificadas y de modo alguno se puede permitir que estas sean interpretadas como una acción contra Venezuela como nación. Son, sí, acciones para cortar el flujo de recursos ilegales al narcorrégimen, y esta diferencia es también esencial entenderla.
