De las trincheras defensivas salen sobrevivientes cuando se entregan, o no salen cuando ofrendan la vida como un último sacrificio por una causa que a su arbitrio lo amerite; así funciona cuando huir ya no es una opción. Eso lo sabe en profundidad el estamento militar. El asunto cobra vida y se introduce en una dinámica política que se caracteriza por la ceguera de un oficialismo que ha dejado de huir hacia adelante y trata de blindarse en su reducto, por un lado, y por el otro, por la innegociable exigencia opositora de que se respeten unos incontrovertibles resultados que legitiman a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a quien por tanto corresponde tomar posesión del cargo este 10E.
Hacer efectiva esa transmisión de mando es un imperativo por un mandato popular que fue expresado abrumadoramente, dentro de los términos establecidos en nuestra constitución y con unas reglas leoninas impuestas por el régimen que no impidieron que cerca de 8 millones de venezolanos votáramos para que hubiese un cambio en Miraflores, privilegiando la vía electoral pese al ventajismo, la amenaza y la coacción.
Con el manotazo asestado a esos resultados por los representantes de todos los poderes públicos, estos quedaron deslegitimados en su ejercicio. El desconocimiento usurpador orquestado por Maduro fue perpetrado al alimón con el mismísimo árbitro electoral, rubricado por el TSJ sin tener una sola acta que probara un resultado adverso al que realmente hubo, con un “poder ciudadano” que desvergonzadamente a través del fiscal apoya al victimario y con una Asamblea Nacional que con su pérfido presidente levanta las dos manos para cerrar filas con el usurpador. No quedó duda alguna de que se fraguó un autogolpe por todos aquellos quienes ostentan esos poderes públicos, incluso por aquellos que representan los poderes estadales y municipales que igual prestaron su concurso para perpetrarlo en forma activa y sistémica.
El caso es que la deslegitimación en el ejercicio -a diferencia de la deslegitimación de origen- requiere para su eficacia de mayor contundencia para esgrimirla y hacerla patente tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El 10E, de materializarse la usurpación, se uniría a la deslegitimación en el ejercicio de Maduro su deslegitimación de origen. Se cometería flagrantemente un acto delictual continuado que al igual que el desconocimiento ocurrido el 28J y la decisión del TSJ, configurarían la continuidad de un régimen de facto al que se le tiene que enfrentar dentro y desde afuera del país.
Los efectos de una eventual nueva juramentación de Maduro serán terribles para el régimen, el repudio será tan generalizado y eficaz que marcará el final de esta trágica hegemonía. De nada servirán las amenazantes penas infamantes, ni los asedios o persecuciones para hacerse de rehenes, ni las alianzas de indeseables, ni los juramentos de lealtad. Las viudas lloran a sus muertos pero no se entierran con sus cadáveres. A partir del 10E estarán en un reducto que no admite otra alternativa que no sea su propia consigna: “Patria o muerte”. Por supuesto que serán vencidos nuevamente como lo fueron el 28J, aquí se ha mantenido intacto el gran caudal de voluntades que los derrotó; tal vez solo presenciemos el parto de los montes.
Concederle alguna viabilidad a la dictadura sería apostarle a su recurrente fracaso. Estamos a las puertas de un cambio histórico solo comparable con las mejores gestas de nuestros padres fundadores y de aquellos quienes asumieron la causa democrática como fe de vida.
Por Víctor A. Bolívar
diciembre 18, 2024
X:@vabolivar
