Venezuela atraviesa una catástrofe múltiple. Sus instituciones fueron demolidas; la libertad ha sido conculcada; el Estado de derecho quedó sometido a la arbitrariedad y derechos esenciales, como la propiedad, la libre expresión y el acceso a una justicia imparcial, padecen una larga noche de restricciones. La tragedia se palpa en cada servicio que dejó de funcionar, en cada familia separada por el exilio, en cada hospital desasistido y en cada escuela que abre sus puertas con recursos insuficientes.
El daño ecológico también tiene la dimensión de una herida nacional. En el Arco Minero, la devastación de bosques y el uso de mercurio y otros tóxicos han comprometido ecosistemas y cursos de agua que pertenecen al porvenir de Venezuela. La industria petrolera, que durante décadas sostuvo una gran parte de nuestra economía, perdió capacidad operativa junto con instalaciones y refinerías deterioradas. A ello se suman el expolio de recursos públicos, las redes de corrupción cambiaria que gravitaron alrededor de Cadivi y el abandono de infraestructuras estratégicas, incluidos oleoductos saqueados.
La ruina tiene, además, rostros. Son los millones de venezolanos forzados a buscar futuro lejos de su tierra; son los niños que padecen desnutrición; son las familias que organizan su vida alrededor de apagones, de la escasez de agua potable y de la incertidumbre de una atención médica. Son los médicos, enfermeros, profesores y maestros que han debido emigrar o buscar otros oficios para sostener sus hogares.
Sin embargo, entre tantas pérdidas hay una que me conmueve de manera particular: el daño infligido a la educación venezolana. Allí está la lesión más honda, porque alcanza al niño de hoy y condiciona al ciudadano, al trabajador, al investigador y al padre de familia de mañana. Un país puede reparar una carretera, recuperar una refinería y reconstruir una planta eléctrica. Recuperar los años de aprendizaje perdidos exige una tarea más paciente, más vasta y más humana.
La escuela venezolana fue durante mucho tiempo una escalera de ascenso social. Yo lo sé por experiencia propia. Nací y crecí en una familia humilde de San Juan de los Morros; la educación pública gratuita y una democracia que puso el conocimiento en el centro de sus prioridades me abrieron camino. Esa oportunidad acompañó a miles de hogares venezolanos. Hijos de campesinos, obreros y pequeños comerciantes llegaron a ser maestros, médicos, ingenieros, técnicos, emprendedores y servidores públicos. Cada aula bien atendida multiplicaba las posibilidades de una familia y fortalecía a la República.
Hoy contemplamos planteles deteriorados, universidades y politécnicos sin equipos suficientes, bibliotecas empobrecidas y una brecha tecnológica que condena a muchos jóvenes a mirar desde lejos el mundo que deberían ayudar a construir. Hay estudiantes con dificultades severas de comprensión lectora y razonamiento matemático; otros llegan a la educación superior sin haber tenido una formación digital elemental. Venezuela tampoco participó como país en PISA 2022. Esa ausencia impide una medición comparable y reciente del aprendizaje nacional; al mismo tiempo revela la urgencia de recuperar sistemas transparentes de evaluación, capaces de decirnos dónde estamos y cuánto debemos avanzar.
Los datos disponibles retratan una emergencia que no admite maquillaje. UNICEF advirtió que más de 167.000 docentes habían abandonado sus cargos y que la matrícula para 2024–2025 había caído 37% frente a 2021–2022. Detrás de esas cifras están los salarios que no alcanzan, los horarios reducidos, las escuelas que funcionan de manera intermitente y los niños que van quedando fuera de cobertura. Cuando un maestro debe escoger entre enseñar o sobrevivir, toda la sociedad pierde una parte de su porvenir.
El rezago tecnológico agrava ese cuadro. La inteligencia artificial, la programación, la ciencia de datos, la robótica y las nuevas formas de comunicación ya transforman el trabajo y el conocimiento. Venezuela necesita que sus niños y jóvenes sean protagonistas de esa época. Para conseguirlo hacen falta conectividad, computadoras, laboratorios, formación continua para los educadores y contenidos actualizados. Hace falta devolverle al maestro su dignidad material y su autoridad moral.
La inversión educativa produce los dividendos más duraderos de una nación. Mejorar salarios docentes, reparar escuelas, equipar universidades y politécnicos, garantizar alimentación escolar y extender el acceso a la tecnología constituye una apuesta por el crecimiento, la libertad y la movilidad social. Los recursos destinados a educar se convierten en talento, productividad, innovación y ciudadanía. Esa riqueza permanece aún cuando cambian los precios del petróleo y las circunstancias del mundo.
La reconstrucción democrática tendrá que empezar por escuchar a quienes sostuvieron la educación en medio de la adversidad: maestros, profesores, familias y estudiantes. Tendrá que restablecer la autonomía universitaria, asegurar jornadas completas, recuperar la infraestructura y convocar al país entero a una cruzada nacional por el conocimiento. Cada niño fuera del aula representa una urgencia; cada maestro que regrese a su vocación será una victoria.
Venezuela puede salir de este abismo. Un gobierno verdaderamente democrático, liberado de las cadenas de la corrupción y de la arbitrariedad, tendrá el deber de colocar la educación en el primer lugar de la agenda nacional. Bajo el liderazgo que encarnan María Corina Machado y Edmundo González, esa reconstrucción puede devolver a nuestros jóvenes las herramientas para conquistar su destino. La libertad necesita ciudadanos formados; la democracia necesita escuelas vivas. Allí, en el aula recuperada, comenzará a sanar el daño más profundo.
Antonio Ledezma
Antonioledezma.net
