Insólito que la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez y aprobada a mano alzada en una asamblea constituyente integrada por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Hermann Escarrá, Adán Chávez, Iris Valera y José Vielma Mora, entre un centenar de colegas chavistas, y rubricadas por sus secretarios Elvis Amoroso y Alejandro Andrade, tan cacareada a los cuatro vientos con repelencia enfermiza, hoy es letra muerta. Literalmente entró en desuso por sus propios patrocinadores, quienes la desaplicaron de manera deliberada por vía de omisión o porque fue trucada por normas y criterios jurisprudenciales contra legem, en franca conspiración contra un Estado de derecho que devino en camisa de fuerza.
Para muestra el mejor botón, el art. 2 de la carta magna, que reza: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Sobrarían las palabras para referir su absoluta y evidente desaplicación. De tal manera, que se trata de una impostura que hoy va de la mano de esos mismos constituyentes, hacia su deconstrucción en un Estado comunal, concebido solo como ardid para su sostenimiento en el poder.
Sin ir muy atrás, desde 2018 los venezolanos hemos sido testigos del desmantelamiento sistemático de los últimos vestigios de un Estado que por definición debería garantizar los derechos constitucionales de la libertad, los derechos humanos, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. El Estado de derecho y el totalitarismo son antinómicos, este -por el contrario- impone el control total de la sociedad por parte de un Estado sometido a sus designios, que conculca las libertades políticas e individuales y ejerce el dominio unívoco y absoluto de los poderes públicos, suprimiendo además la libertad de expresión y vulnerando las garantías constitucionales.
La conquista y defensa del Estado de derecho en Venezuela, desde 1958, fue compleja y corajuda. En su afán de consolidar a la democracia como su garante, el país superó los fantasmas del centenario militarismo y los ataques castrocomunistas que lo golpearon con ferocidad. Ese sistema, perfectible per se, se difuminó en la bruma de sus naturales desatinos y la ambición innoble de un izquierdismo tan calculador como totalitario.
La gran interrogante sobre su rescate debe responderse de manera expresa, urge que así sea para que el país retome sin quimeras los estándares apropiados en todos sus ámbitos. Imaginarnos que el asunto se está acometiendo como una tarea impostergable, nos genera expectativas y compromiso. Venezuela lo logrará.
Por Víctor A. Bolívar
Julio 2, 2025
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