El 25 de junio de 2026, un día después de que la tierra se partiera en dos, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pronunció una cifra: 157 desaparecidos. Era un número pequeño, casi decorativo, que parecía un guiño a la formalidad, un gesto para que los protocolos internacionales no pudieran acusar de omisión. 157. Una cifra que cabía en una tarjeta de visita, que no asustaba, que no exigía explicaciones.
Pero los días pasaron. Las semanas se acumularon. Y esa cifra quedó congelada en el parte oficial como una mosca en ámbar, mientras el número de muertos crecía —4.490, según el último balance—, se ajustaba, se corregía, se actualizaba con la obsesión de quien lleva la contabilidad de la tragedia pero no quiere asomarse al abismo.
El silencio sobre los desaparecidos no es un descuido. Es una política de Estado. Es la decisión calculada de no mirar hacia el fondo del pozo, porque en el fondo del pozo no hay números —que son abstractos y se pueden manejar— sino rostros, nombres, madres que esperan, hijos que no volverán. La cifra oficial es 157. La realidad, la que la sociedad civil ha tenido que construir con sus propias manos, es otra: mientras el Estado guarda silencio, la sociedad civil ha tenido que llenar el vacío con la única herramienta que le queda: la desesperación organizada. Una plataforma ciudadana, Desaparecidos Terremoto Venezuela, ha recibido más de 31.000 reportes de personas con las que sus familiares no han logrado contactar. Otra iniciativa, impulsada por la líder opositora María Corina Machado, supera los 46.000 reportes. La ONU, por su parte, estima que hasta 50.000 personas podrían seguir desaparecidas.
50.000. No es un número. Son 50.000 ausencias que se sienten en las noches de Caracas y en los amaneceres de La Guaira. Son 50.000 preguntas sin respuesta, 50.000 vidas que se interrumpieron a las dos y veintitrés de la madrugada del 24 de junio y que el Estado ha decidido no contar. Porque contar es reconocer. Y reconocer es, inevitablemente, asumir la responsabilidad.
En La Guaira, el lugar donde los escombros son más altos y el olvido más profundo, las familias buscan a los suyos con las manos desnudas, con palas, con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Eva Belkrin busca a sus dos hijas, atrapadas en el edificio Celtamar. Han pasado más de dos semanas, y las autoridades militares le impiden que la maquinaria entre. No se puede, dicen. No se puede porque sí. Eva insiste: “No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica”. Pero el Estado, ese Estado que habla de solidaridad, ha decidido que la maquinaria humana no es prioridad. Y no ha faltado el pudiente o el enchufado que han usado su dinero y su poder para encontrar a los suyos, mientras los demás se quedan con las manos vacías y la impotencia como única compañía.
Michell Gutiérrez tiene 30 años y busca a su padre, sepultado en Catia La Mar. No puede permitir que derrumben el edificio, ruega, porque ahí está su padre, vivo o muerto, pero su padre. Y luego dice algo que debería estar grabado en la entrada del Palacio de Miraflores: “No tengo nada, pero no me importa. Solo quiero recuperar a mi papá y darle sepultura y acabar con este sufrimiento”. Doce días, dice, doce días de agonía. Y el gobierno no aparece.
Iryuri Wisi busca a su hermana, su cuñado, sus dos sobrinos, uno de 16 años, otro de apenas meses. Ella también denuncia que la policía no les ayuda. Y lanza una sentencia que es un desafío: “Que diga la presidenta Delcy Rodríguez en qué nos ha ayudado”. Esa pregunta no tendrá respuesta, porque la respuesta sería el silencio mismo.
El gobierno tuvo que justificarse. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, compareció para decir que no dan cifras de desaparecidos porque sería una “especulación”. “Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino en base a la realidad”, dijo. La realidad, según él, es que hay 315 cuerpos sin identificar, el 7% de los muertos, y que dar una cifra más amplia sería aventurado.
Una cifra oficial de 157 desaparecidos. 50.000 reportes ciudadanos. 315 cuerpos sin nombre. La brecha entre esos números no es una brecha matemática; es un abismo moral. El gobierno argumenta que no habla para no especular, pero no hablar es, en sí mismo, una forma de especular con el dolor ajeno. Es una especulación política. Es la apuesta de que si no se nombra el sufrimiento, el sufrimiento no existe.
Pero el sufrimiento existe. Existe en los escombros de La Guaira, en los edificios que nadie derriba, en los cuerpos que nadie cuenta, en las madres que esperan sin esperanza. Y mientras el gobierno decreta siete días de duelo nacional —ese duelo de cartón que se deshace con la lluvia—, las familias siguen cavando. Con las manos, con palas, con la desesperación que no necesita salvoconducto.
Los desaparecidos son, para el Estado, el dato incómodo. Son la prueba de que el desastre no fue solo geológico, sino institucional. Son el espejo en el que el gobierno no quiere mirarse, porque si acepta que hay 50.000 desaparecidos, tendrá que aceptar también que su respuesta fue insuficiente, que su despliegue fue tardío, que su capacidad de rescate fue casi nula. Tendrá que aceptar que el desastre ocurrió antes del terremoto.
Pero el gobierno no acepta. Y mientras tanto, en La Guaira, las familias siguen cavando. Buscan a los suyos entre el polvo y el silencio de un Estado que, cuando debía hablar, eligió callar. Cincuenta mil almas vagan en el limbo de los no contados, y el gobierno de Delcy Rodríguez, que ha decretado siete días de duelo, parece haber olvidado que el duelo no termina cuando se apagan los reflectores. El duelo termina cuando se encuentra el último cuerpo, cuando se da la última sepultura, cuando se responde la última pregunta.
En Venezuela, las preguntas sin respuesta son la única certeza que queda. Y esa certeza, más que los escombros, es lo que verdaderamente sepulta a un país.
José Luis Farías
