Venezuela no es un país pobre. Es un país extraordinariamente rico que durante años ha padecido las consecuencias de instituciones debilitadas, opacidad en la administración pública y un modelo político que convirtió buena parte de los recursos de la nación en instrumentos de supervivencia del poder.
Dr. Alfonzo Bolívar
El debate que hoy se desarrolla alrededor de las aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano custodiadas en el Banco de Inglaterra, valoradas actualmente en alrededor de 4.000 millones de dólares, no puede analizarse aisladamente.
Para comprender lo que está ocurriendo debemos regresar diez años y mirar hacia el sur de Venezuela, hacia el Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero: una oportunidad que pudo fortalecer a Venezuela
En febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el Decreto N.º 2.248 la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, sobre una superficie aproximada de 111.843 kilómetros cuadrados, una extensión superior al 12 % del territorio venezolano.
Allí existen oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán y otros minerales estratégicos.
En manos de un Estado institucionalmente sólido, aquella riqueza pudo convertirse en una extraordinaria oportunidad nacional.
Venezuela pudo desarrollar una minería moderna, ambientalmente responsable, sometida a la Constitución, con participación legítima de las comunidades, inversión privada transparente, controles internacionales y una política fiscal que transformara una parte de esos recursos minerales en reservas internacionales y patrimonio para las futuras generaciones.
El oro producido legalmente pudo contribuir a fortalecer el balance del Banco Central de Venezuela, diversificar nuestras reservas internacionales y respaldar, junto con una política monetaria y fiscal responsable, la recuperación de la confianza en nuestra moneda.
Pero ocurrió algo profundamente distinto.
De la riqueza mineral a una economía de opacidad
Alrededor del Arco Minero se desarrolló una realidad en la que se mezclaron minería legal, informal e ilegal; contrabando; corrupción; actores armados; destrucción ambiental y graves abusos contra poblaciones vulnerables.
No se trata simplemente de una denuncia política.
Investigaciones nacionales e internacionales han documentado durante años los graves problemas existentes en las regiones mineras venezolanas.
El resultado constituye una de las mayores paradojas de nuestra historia contemporánea:
teníamos oro debajo de nuestros pies, pero en lugar de convertir suficientemente esa riqueza en instituciones, reservas, infraestructura, educación y prosperidad, permitimos que alrededor de ella crecieran estructuras opacas que terminaron debilitando todavía más al Estado venezolano.
El problema del Arco Minero, por tanto, no es solamente ecológico.
Es económico.
Es institucional.
Es social.
Es territorial.
Es de derechos humanos.
Y, fundamentalmente, es un problema de soberanía.
Porque soberanía no significa simplemente afirmar que los minerales están dentro de nuestras fronteras. Soberanía significa que la riqueza perteneciente a todos los venezolanos sea administrada por instituciones que respondan ante todos los venezolanos.
Las víctimas invisibles del oro
Mientras el oro salía de la tierra, las consecuencias quedaban sobre ella.
Deforestación, contaminación de ríos, utilización indiscriminada de mercurio, afectación de territorios indígenas, violencia, desplazamientos y comunidades sometidas a la presencia de organizaciones criminales y grupos armados forman parte de la tragedia que debe investigarse y documentarse.
No debemos utilizar términos jurídicos a la ligera ni sustituir las investigaciones por consignas políticas. Precisamente por la gravedad de lo ocurrido, Venezuela necesitará verdad, documentación, responsabilidades individuales y justicia.
Las comunidades indígenas y rurales del sur venezolano no pueden convertirse en una nota al pie de página de nuestra transición democrática.
También son Venezuela.
Sus muertos son nuestros muertos.
Sus territorios son patrimonio de la República.
Y los daños ambientales que allí se han producido permanecerán mucho después de que desaparezcan los protagonistas políticos de esta época.
Y ahora queremos recuperar el oro de Londres
Diez años después de la creación del Arco Minero aparece ante nosotros otra paradoja.
Mientras enormes cantidades de riqueza mineral fueron extraídas del territorio venezolano durante años, hoy el país reclama aproximadamente 31 toneladas de oro que permanecieron protegidas precisamente porque estaban fuera de Venezuela, depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra. (Financial Times??)
Ese oro pertenece a Venezuela.
No pertenece a Nicolás Maduro.
No pertenece a Delcy Rodríguez.
No pertenece a Jorge Rodríguez.
No pertenece a ningún partido de oposición.
Tampoco pertenece al gobierno británico ni al gobierno de Estados Unidos.
Pertenece a la República de Venezuela y, por extensión, a todos los venezolanos.
Por eso debemos ser extraordinariamente cuidadosos.
Una nueva negociación que exige respuestas
Las informaciones conocidas durante estos últimos días indican que representantes del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y sectores de la oposición han acordado promover la recuperación del oro venezolano retenido en Londres. El Banco de Inglaterra, según reportes recientes, continúa esperando claridad jurídica respecto de quién tendrá autoridad sobre esos activos.
Más recientemente, Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 que participa en las negociaciones, ha declarado que los recursos provenientes del eventual desbloqueo serían depositados en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sometidos a auditorías internacionales antes de ser utilizados para atender las necesidades de reconstrucción derivadas de los terremotos.
La intención de establecer controles internacionales merece ser reconocida.
Es preferible un mecanismo con trazabilidad, auditoría y restricciones de uso que entregar miles de millones de dólares para su administración discrecional.
Pero eso no significa que los venezolanos debamos otorgar un cheque en blanco.
¿Dónde está el acuerdo?
Antes de disponer de un solo gramo de esas reservas, Venezuela tiene derecho a conocer exactamente las condiciones.
¿Quién será jurídicamente titular de la cuenta?
¿Quién autorizará cada desembolso?
¿Se venderán las 31 toneladas completas o solamente una parte?
¿Quién decidirá cuándo vender?
¿Quién contratará las obras?
¿Mediante qué procedimientos se seleccionarán los contratistas?
¿Quién escogerá las empresas auditoras?
¿Serán públicos sus informes?
¿Podremos los venezolanos consultar cada contrato, cada empresa beneficiaria, cada desembolso y cada obra?
¿Existirá una plataforma pública donde cualquier ciudadano pueda seguir el recorrido de cada dólar?
¿Y qué ocurrirá con los recursos no utilizados?
Estas preguntas no constituyen obstáculos a la reconstrucción.
Son precisamente las preguntas que una nueva Venezuela debe acostumbrarse a formular.
No podemos reconstruir Venezuela utilizando los métodos que contribuyeron a destruirla
Si algo debería enseñarnos la experiencia del Arco Minero es que la existencia de una enorme riqueza natural no garantiza prosperidad.
Sin instituciones, la riqueza puede convertirse en una maldición.
Por eso considero que los recursos provenientes del oro de Londres, si finalmente son desbloqueados, deberían estar sometidos a un mecanismo excepcional de transparencia absoluta.
Auditorías internacionales independientes.
Licitaciones públicas.
Trazabilidad bancaria completa.
Publicación de contratos.
Identificación de beneficiarios finales.
Supervisión plural.
Prohibición de utilizar esos recursos para gasto político, partidista o discrecional.
Informes periódicos accesibles a todos los ciudadanos.
Y responsabilidad penal ante cualquier intento de apropiación.
Si realmente esos recursos van a reconstruir viviendas, hospitales, escuelas, electricidad, agua e infraestructura después de la tragedia nacional, ningún funcionario honesto debería temer semejante nivel de transparencia.
Ni Londres, ni Washington, ni Caracas: Venezuela
También debemos tener cuidado con otro extremo.
La protección internacional de nuestros activos durante un período excepcional puede ser necesaria, pero no puede convertirse en sustituto permanente de nuestra soberanía.
El objetivo final debe ser reconstruir instituciones venezolanas capaces de administrar responsablemente el patrimonio venezolano.
Necesitamos un Banco Central verdaderamente autónomo, una Contraloría independiente, un Poder Judicial que no responda al gobierno de turno, un Parlamento capaz de ejercer control presupuestario y una administración pública profesional.
No podemos aspirar a que durante las próximas décadas sean Londres o Washington quienes tengan que proteger a Venezuela de los propios administradores venezolanos.
Eso sería reconocer nuestra derrota como República.
La asistencia internacional debe ayudarnos a reconstruir nuestras instituciones, no reemplazarlas indefinidamente.
El oro como símbolo de nuestra tragedia y de nuestra oportunidad
Existe una imagen que resume buena parte de nuestra historia reciente.
Venezuela posee enormes cantidades de oro debajo de su territorio.
En 2016 se abrió al desarrollo minero una extensión de más de 111.000 kilómetros cuadrados.
Una década después, mientras debemos enfrentar las consecuencias ambientales, humanas e institucionales de esa experiencia, estamos intentando recuperar 31 toneladas de nuestro propio oro conservadas a miles de kilómetros de distancia, y discutimos mecanismos internacionales para garantizar que aproximadamente 4.000 millones de dólares no sean desviados cuando regresen al servicio del país.
¿Cómo puede uno de los países potencialmente más ricos del continente terminar dependiendo de terceros para proteger su riqueza de quienes deberían administrarla?
La respuesta no está en nuestras minas.
Está en nuestras instituciones.
Una transición verdadera también debe ser económica e institucional
Por eso sostengo que la transición venezolana no puede limitarse a cambiar nombres en Miraflores.
No será suficiente liberar presos políticos, aunque deben ser liberados.
No será suficiente convocar elecciones, aunque Venezuela necesita elecciones auténticamente libres.
No será suficiente cambiar magistrados, ministros o autoridades electorales.
Tenemos que reconstruir la República.
Y reconstruir la República significa establecer límites al poder, recuperar el Estado de derecho y garantizar que nunca más un funcionario pueda disponer del patrimonio nacional como si fuera propiedad particular.
Significa también recuperar el control efectivo sobre nuestras minas y fronteras, desmantelar las economías criminales, proteger a las comunidades indígenas, perseguir el contrabando de minerales, recuperar ambientalmente las zonas devastadas y establecer trazabilidad completa sobre cada gramo de oro producido legalmente en Venezuela.
El oro debe volver a convertirse en patrimonio nacional.
No en instrumento de poder.
El oro es de los venezolanos
Apoyo que Venezuela recupere lo que legítimamente le pertenece.
Pero recuperar el oro no puede significar simplemente cambiarlo de una bóveda extranjera a las manos de un nuevo administrador político.
El oro venezolano debe regresar al servicio de Venezuela cuando existan garantías verificables de que cada dólar proveniente de ese patrimonio será utilizado para reconstruir el país y no para reconstruir las redes de poder que contribuyeron a destruirlo.
Nuestra generación tiene una responsabilidad histórica.
Durante demasiado tiempo discutimos quién controla el poder.
Ha llegado el momento de discutir cómo controlamos a quien ejerce el poder.
Esa diferencia separa a un régimen de una República.
El Arco Minero debe quedar como una advertencia.
El oro de Londres puede convertirse en una oportunidad para demostrar que aprendimos la lección.
Porque Venezuela no necesita solamente recuperar su oro.
Necesita recuperar sus instituciones, su soberanía, su confianza y su República.
Alfonzo Bolívar
Doctor of Business & Economics, MBA y Marketing Specialist. Consultor Político y Estratégico. Executive Vice Chancellor de Mackenzie University
