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Elecciones y revocatorio en Venezuela, por Pedro Carmona Estanga

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El pasado 9 de enero se celebró una segunda elección en el Estado Barinas de Venezuela, feudo de la familia Chávez, y como se comentó en anterior entrega, el régimen sufrió un doble y duro revés, del cual no se repone. Algunos ven en ello una reacción popular ante las arbitrariedades oficialistas, al mal manejo del Estado por parte de la familia Chávez, y muestra de otra parte una lección al país opositor de que, cuando media una unidad de propósitos en torno a un objetivo, los logros resultan factibles. También ha aflorado una realidad que luce imposible de ocultar: la lucha de poderes entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y las fisuras entre Maduro y la familia Chávez, todo lo cual podría representar elementos futuros a favor de las fuerzas democráticas venezolanas.

Tras la victoria en Barinas, hubo euforia en sectores de la oposición venezolana, y esperanzas en que el recurso de un referéndum revocatorio contra Maduro, que puede legalmente convocarse desde este mes de enero (mitad del período de Maduro), abriría la anhelada salida a la tragedia política que vive Venezuela, que cumplió ya la friolera de 23 años. El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista fue diligente al aceptar la petición de convocatoria presentada por tres organizaciones, motivando ingenuas ilusiones, pues tan solo días después, ese servil órgano decidió dar 12 horas de plazo, el día 26 de enero, y con solo 1.200 mesas, para ejecutar el proceso de recolección de firmas. Fue una bofetada más e irrespeto del CNE a los derechos constitucionales consagrados en el artículo 72 de la Carta Magna, según el cual: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del período para el cual fueron electos”.

Constitucionalmente se requiere que un número no inferior al 20% del registro electoral solicite la convocatoria al referéndum, es decir, 4 millones de ciudadanos; que una vez convocado, el número de votantes a favor de la revocación sea igual o superior a los que eligieron al presidente, equivalente a 6.248.865 votos, y por su parte, el régimen agregó que los votos por el sí deben ser mayores que los votos por el no. Si ocurre la revocación, y la falta absoluta del presidente ocurre dentro de los primeros cuatro años del mandato, debe convocarse a una elección directa y secreta dentro de los 30 días siguientes, y mientras toma posesión el nuevo presidente, se encarga el Vicepresidente Ejecutivo. En tanto que, si la falta absoluta ocurre en los últimos dos años del mandato, asume el Vicepresidente Ejecutivo hasta completar dicho período (artículo 233).  

Además de la burla atroz del CNE, con dos votos en contra y tres a favor de rectores irrestrictos al régimen, al imponer un plazo de 12 horas para recoger más de 4.000.000 firmas requeridas, y limitar al exiguo número de 1.200 los centros de recolección de firmas en el territorio nacional, es matemáticamente imposible lograr la convocatoria, demostrando así que el régimen no está dispuesto a contarse, pues sabe que está perdido. Además, la interpretación dada a la previsión constitucional de que el 20% de las firmas debe corresponder a cada Estado, y no a nivel nacional como debería ser, hace aún más difícil cumplir dicho requisito. Y si se lograra, basta con que el gobierno aliente la abstención o recurra a la intimidación, para impedir el quórum necesario.

Es importante además remontarse a los antecedentes históricos. En el año 2004, tras la crisis política de 2002, la oposición organizó marchas y paros, entre ellos el paro petrolero de 2002-2003, hasta lograr que Chávez aceptara a regañadientes someterse a un revocatorio. En ese entonces fue posible recoger las firmas con la mediación de la OEA y el Centro Carter. Fue una transacción de Chávez para enfrentar el clima de crispación política que prevalecía desde antes de la crisis de 2002. Pero ¿qué ocurrió?: Chávez ejerció sin pudor toda suerte de presiones para influir sobre la consulta. Los firmantes de la convocatoria fueron discriminados implacablemente por el régimen, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría. Hubo despidos masivos de empleados públicos firmantes, tildándolos de “actos de terrorismo”, se impidió a los convocantes a contratar con el Estado, visitar instalaciones oficiales o recibir beneficios del sector público. Fue la tristemente célebre “Lista Tascón”, denominada así por el liderazgo asumido por el diputado Luis Tascón, designado por Chávez para obtener del CNE la lista de firmantes y manipularla ilegalmente. Así, con ventajismo y fraude, Chávez ganó el referéndum con el 59% de los votos, con el aval precipitado e irresponsable del expresidente de EEUU Jimmy Carter, que arrastró también al reconocimiento del Secretario General de la OEA César Gaviria, pese a las irregularidades denunciadas por la oposición.

Más adelante, en 2016, cumplidos los primeros tres años de mandato de Maduro, el 53% de la población expresaba su disposición de firmar para la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial. La oposición se activó en la recolección de firmas, pero un conjunto de tribunales penales estadales las declaró ilegales, con lo cual quedó bloqueado el proceso y se burló una vez más la voluntad popular. Maduro no admitió medirse en revocatorio, en la mitad de su cuestionado primer mandato, pues en 2013 le arrebató el triunfo a Henrique Capriles. En otras palabras, ni Chávez ni Maduro han tenido jamás voluntad sincera ni de diálogo, ni de respeto a la voluntad popular, desconociendo un principio fundacional de la Constitución vigente, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5); que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, cuyos valores superiores son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética, el pluralismo ideológico (art. 2), el respeto a la dignidad humana, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la prosperidad, el bienestar del pueblo, y la garantía de los derechos consagrados en la Constitución. Todo ello ha sido barrido por un régimen que mutó a un talante totalitario, que lo deslegitima en su esencia, pues no solo en ese, sino en la integralidad de sus principios, ha convertido a la Carta Magna que el mismo régimen promovió en letra muerta, desvirtuándola profundamente.  

Una de las reservas medulares que se discute en ámbitos de la oposición, es que Nicolás Maduro fue elegido en 2018 mediante un proceso electoral viciado de nulidad por haber sido convocado por una Asamblea Nacional Constituyente no convocada por el pueblo, y antes del plazo constitucional establecido y que, por tanto, convocar ahora a un revocatorio de Maduro equivaldría a reconocer su legitimidad y que, más aún, en caso de perderse dichos comicios, el régimen lograría el objetivo que afanosamente persigue, que es lograr su reconocimiento y legitimidad. Hasta el día de hoy la elección de Maduro de 2018 está viciada de nulidad absoluta, al igual que la Asamblea Nacional Constituyente, y así lo han reconocido numerosos países democráticos del mundo, quienes han brindado apoyo al gobierno de transición democrática presidido por Juan Guaidó. Pero yendo más allá de las aprehensiones existentes en círculos de la oposición, las barreras impuestas al reconocimiento a la voluntad popular, y a que la recolección de firmas se haga con garantías, convierten el revocatorio casi en un imposible. El régimen sabe que sería su fin. Y de parte de la oposición, dicha opción exigiría unidad y alineación, como ocurrió hace justo 64 años, el 23 de enero de 1958, cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, para abrir una etapa democrática y de libertad con progreso, como ciertamente el país hoy lo anhela.

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