El problema de la actividad política y gubernamental que existe en muchos países, se debe- entre otras cosas- al hecho que sus constituciones, a pesar de las formalidades, juramentos y declaraciones de apego a las mismas, son ignoradas, cuando no transgredidas.
Más aún, la profusión o cantidad de constituciones que hemos tenido en la América Hispana son consecuencia de esa maraña o confusión entre la acción política y gobierno. Este último, por lo general, desde el mismo momento de su instauración, piensa -seriamente- en hacerle retoques, cambios, enmiendas cuando no en la aprobación de un nuevo texto que, por un lado, haga creer que toda la vida del país comienza con esta nueva administración y, por el otro, y en muchos casos, dar inicio a ese persistente afán de ampliar los períodos constitucionales y en la “bendita” reelección.
Venezuela lleva, hasta ahora, una ventaja que a todas luces parece insuperable. Veinte y tantas constituciones que marcan récord, sobre todo si hacemos la comparación, por ejemplo, con las llamadas naciones bolivarianas, vale decir, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
La actividad política, es cierto, tiene entre sus objetivos el acceso al poder, a ser gobierno o a constituir un polo o centro de opinión y liderazgo cuando se es oposición. Por supuesto, todo ello es muy válido y natural en un régimen democrático. Sin embargo, cuando estos propósitos- obsesivamente – plantean cambios constitucionales solo con miras a dividir (neciamente) la historia o de lograr legalidades que en el fondo contravienen el sentido, propósito y razón de la Ley
Suprema, no hay duda que estamos en presencia de un atropello más a los valores democráticos y al ejercicio de los mismos.
Muchos gobiernos quebrantan a diario lo que los estudiosos del derecho constitucional denominan la parte “dogmática”. En otras palabras, la parte de la constitución que determina las relaciones del individuo con el Estado. Allí, donde se establecen, por ejemplo, los derechos ciudadanos, políticos, económicos, individuales, etc. Muchos gobiernos ignoran, de uno u otro modo, que todos estos derechos son de obligatoria observancia y forman parte fundamental de la constitución.
La actividad política y gubernamental no pueden brincarse a la torera los textos constitucionales. El padecimiento social y, sobre todo, la violación continua del orden jurídico, constituyen las causas de este estado de cosas que, en nuestro caso, nos hacen estar en la cola del progreso, del desarrollo colectivo y de una democracia estable, fuerte y en vías de alcanzar mayores niveles de libertad y ciudadanía.
Nos hace falta “emprendedores políticos”. Si, eso que llaman emprendimiento que en términos sencillos significa innovación, acometimiento de proyectos, de “echar pa’lante” alguna idea o determinación. Necesitamos emprendedores o dirigentes políticos que asuman el compromiso de hacer de la gestión pública un asunto transparente, eficiente y, sobre todo, apegado a la constitución y las leyes. De todos depende. La esperanza sigue más fuerte que nunca.
