Puede afirmarse qué un país o gobierno es una narcocracia, cuando él poder público de ese estado, se ve total o parcialmente socavado por los poderosos carteles de drogas.
Por: Miguel Méndez Fabbiani – Director del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad
Se cataloga a una nación cómo una narcocracia, cuándo extensas áreas territoriales de esa nación fallida, se encuentran fuera de control del gobierno central y en manos de uno o varios carteles del narcotráfico transnacional.
Etimológicamente la palabra democracia proviene del griego “δημοκρατία” (democratía), y se compone de los términos “δῆμος” (démos), que puede traducirse como ‘pueblo’, y “κράτος” (krátos), que significa ‘poder’.
Lo anterior, nos conduce a un silogismo de fusión entre conceptos lógicos, dada la innegable tragedia sociopolítica y delincuencial que atravesamos los venezolanos decentes.
Y así tenemos cómo resultado de este blend maligno obtenemos la palabra “Narcocracia”.
Qué no es otra cosa sino, el Narcotráfico mismo, en el control omnímodo del poder político militar de un país.
Desde hace una década y media, por lo menos, podría ya definirse al régimen chavista, sin temor a hipérboles ni exageraciones cómo un modelo perfecto de *“Narcocracia»*.
Una Narcocracia es entonces:
El poder absoluto del narcotráfico sobre gran parte o todo el estamento estatal gobernante.
En la Venezuela chavista los poderes «ejecutivo, legislativo, judicial, militar y moral» están absolutamente tomados por este metástasico flagelo.
Nótese bien que no usamos la palabra «infiltrado», por qué ello implicaría una penetración delictiva inexistente.
Hoy día, él mismísimo alto gobierno chavista es él que coordina directamente las operaciones de producción, distribución y exportación de cocaína en cantidades industriales hacia Europa y EEUU.
No es un misterio para nadie mínimamente informado, qué él narcotráfico está evidentemente institucionalizado en él régimen qué desgobierna y destruye gradualmente nuestra Venezuela.
Por tanto se ha reventado el fino hilo del cuál pendía por muchos años (al menos en apariencia) el desgobierno y delincuencia (hoy llamada acertadamente organizada).
Para corroborar lo anterior, no hace falta sino preguntarse porque todo él alto gobierno tiene sendas recompensas por su cabeza en instancias judiciales internacionales?
Tiene precio el valioso cuello de la élite del narcocomunismo, nada más y nada menos qué por dirigir operaciones de tráfico multinacional de cocaína hacia EEUU.
Prontuario histórico
El finado Hugo Chávez Frías expandió la corrupción en Venezuela a niveles sin precedentes en la historia mundial, corrompiendo al Ministerio Público, al sistema judicial y a las fuerzas armadas.
El «comandante» realizó está maniobra criminal para concretar una intrincada red de complicidades que le garantizara la lealtad absoluta de sus subordinados.
Lealtad incuestionable que le permitiría exportar el *90% de la producción de cocaína colombiana* hacia Estados Unidos y a Europa.
Hugo Chávez por orden cubana, habría otorgado directamente inmunidad legal y política a centenas de altos oficiales militares, para implicarlos totalmente en su proyecto narcotraficante, y así mantenerles obedientes mediante una fidelidad asegurada por él crimen común.
Cuándo Chávez expulsó arbitrariamente de Venezuela, a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) allá por el año 2005, lo hizo para convertir el territorio venezolano en plataforma atractiva para el comercio internacional de drogas sin ninguna molestia extranjera inoportuna.
De acuerdo a fuentes veraces, de los servicios de inteligencia colombiana, un traficante de drogas arrestado declaró que personal con altos cargos en la seguridad misma del presidente Hugo Chávez, se encargaban de coordinar el traslado de cargamentos de drogas, en barcos que circulaban a través de rutas por el oriente de Venezuela.
Otras fuentes indican que La Guardia Nacional chavista, habría trabajado en directa coordinación con la guerrilla colombiana de las FARC en el mega tráfico de drogas.
Oficiales británicos declararon bajo juramento, que aviones incautados en Colombia con toneladas de drogas, fueron custodiados desde bases militares de la Fuerza Armada Venezolana por efectivos militares chavistas.
Aproximadamente en la mitad de la primera década de los años 2000, elementos del alto mando de la Guardia Nacional, y otras ramas del ejército chavista, se hicieron mucho más activos en el tráfico de drogas.
Unidades enteras dentro de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína, mientras que anteriormente su labor principal era únicamente extorsionar a los narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína.
Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela.
En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que permitió que las fuerzas de seguridad de Colombia presionaran a los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como nunca antes.
Esta presión militar obligó a los comandantes narco guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados.
Luego, en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro:
El primero fue el final del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su enorme santuario cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios.
El segundo fue el intento de golpe de Estado que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder.
Esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras intensas batallas políticas, como la huelga petrolera de 2002- 2003.
Las consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su círculo de confianza, lo cual también significó que muchas posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueron otorgadas a militares de probada lealtad.
Se dió la sensación de que el chavismo asumió una posición de régimen pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando altos cargos en estamentos del Estado.
Chávez también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia.
Y precisamente usando la supuesta invasión cómo excusa plausible, fue en ese momento cuando efectivos, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, se corrompieron totalmente por el inmenso caudal de dinero sucio procedentes del narcotráfico.
El Instituto para Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés) acusó al gobierno de Chávez de financiar la oficina de las FARC en Caracas otorgándole servicios de inteligencia.
En 2007, las autoridades colombianas denunciaron que, a través de ordenadores portátiles que habían sido incautados durante una redada realizada contra Raúl Reyes, encontraron documentos que demuestran fehacientemente que Hugo Chávez ofreció pagos de más de $300 millones a las FARC para crear «lazos financieros y políticos respaldados durante años» y documentos que muestran a líderes narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, solicitando asistencia militar venezolana para la adquisición de misiles tierra-aire.
Demostrando además que Chávez realizó encuentros personales con estos capos de la droga.
Según Interpol, los archivos encontrados por las fuerzas armadas colombianas fueron considerados como auténticos sin duda alguna.
En marzo de 2012, la Asamblea Nacional de Venezuela retiró al juez del Tribunal Supremo Eladio Aponte Aponte de su cargo después de que una investigación revelara presuntos vínculos con el narcotráfico; el día en el que iba a ser juzgado Aponte Aponte huyó del país, y buscó refugio en los EE. UU., donde empezó a colaborar (delator) con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia.
El Coronel Aponte Aponte asegura que, mientras se desempeñaba como juez, se vio obligado por orden directa de Chávez a absolver a un comandante del ejército, que tenía conexiones con un cargamento de dos toneladas métricas de cocaína.
Aponte también afirmó que el General Henry Rangel, exministro de Defensa de Venezuela y el General Clíver Alcalá Cordones estaban del mismo modo involucrados con el tráfico de drogas en Venezuela.
Oficiales venezolanos también habrían estado trabajando con carteles de drogas mexicanos.
En septiembre de 2013, hubo un grave incidente con oficiales de la Guardia Nacional chavista en el aeropuerto de Maiquetía, cuando embalaron 31 maletas que contenían 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo a París de AirFrance qué sorprendió a las autoridades francesas.
El 15 de febrero de 2014, un comandante de la guardia fue detenido mientras se dirigía a Valencia con su familia y fue arrestado por posesión de 554 kilos de cocaína.
El 11 de noviembre de 2015, agentes de la DEA arrestaron a dos sobrinos (hijos putativos) de la primera «dama» Cilia Flores, esposa del propio usurpador de la presidencia Nicolás Maduro.
Los detenidos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados por fuerzas de seguridad de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense, el 10 de noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, Haití, después de que estos dos narcotraficantes hubiesen intentado de transportar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Un año más tarde, el 18 de noviembre de 2016, los dos sobrinos del «usurpador» de la presidencia fueron encontrados culpables, con alegaciones de que el destino del efectivo era «ayudar a su tía a mantenerse en el poder».
Una fuente de la DEA declaró extraoficialmente que no hay forma alguna de que tal cantidad colosal de cocaína pasara a través de la rampa presidencial del principal aeropuerto de Venezuela, sin niveles altos de corrupción en el gobierno mismo que permitieran esta operación ilícita a plena luz del día.
En el mes de marzo de 2017 se presentó, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., un testimonio que confirmó las conexiones chavistas con la industria del narcotráfico mundial.
En ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O’Neil, dijo que «en términos de seguridad, la voluntad del régimen de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos.»
Los informes elaborados por CFR muestran que las bandas criminales de Colombia (BACRIM), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron los Acuerdos de La Habana y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan impunemente en el país, al igual que los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México; este último, desaparecido en 2018 pero con una facción sobreviviente llamada «Cartel del Noreste».
Sin duda alguna, dijo O ‘Neil «Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos, a través de América Central y el Caribe Oriental, y a Europa, a través de África Occidental.
Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia para el control de narcótico dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en las Américas.
Expertos han señalado que se ha establecido que más de 400 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año, lo cual representa el 40 por ciento del consumo mundial.
Las evidencias recogidas por las agencias federales norteamericanas revelan que existen vínculos directos del gobierno chavista con el narcotráfico.
En 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Freddy Bernal en lista de personas vinculadas al tráfico de drogas, por coordinar la seguridad de la entonces guerrilla de las FARC cuando se encontraban en territorio venezolano.
Según el gobierno de Estados Unidos, Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, ayudaron a organizar grupos armados en Venezuela conocidos como colectivos, conformados por civiles que actúan como vientos grupos armados de apoyo al gobierno paralelo a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, así como de gestionar la asesoría de la ex guerrilla de las FARC para proveer entrenamiento a estos grupos en manejo de armas y explosivos.
Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron ambos declarados culpables por un jurado en Nueva York, de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína de alta pureza desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.
Asimismo, el general Néstor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de la nación suramericana, fue acusado en Estados Unidos en agosto de 2016 por cargos de tráfico de cocaína, junto con el ex subdirector del mismo ente, Edilberto Molina Molina.
La lista de funcionarios implicados en el narcotráfico incluye otro exministro de Interior y Justicia, dos altos oficiales de inteligencia y uno de rango medio que actualmente es juzgado en los tribunales norteamericanos, un piloto que fue militar y servía a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y otros que tuvieron vinculaciones íntimas con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Pero a juicio del gobierno de Estados Unidos, las implicaciones de Venezuela con el crimen organizado no se limitan únicamente al tráfico de cocaína y a la violencia que se genera y cobra vidas en la frontera sur, sino que el caso del incremento del narcotráfico en el país, bajo la tutela de Nicolás Maduro, incluye una enorme actividad de lavado de dinero de origen ilícito, que compromete la integridad del sistema financiero estadounidense.
Cómo síntesis sumarial se puede concluir que:
Esta *Narcocracia perfecta* que opera por intermedio de la fuerza armada militar, un mega cártel de cocaína transnacional, esta corporación criminal multifactorial que factura trillones de dólares por sus actividades ilícitas, acaba de nombrar un CNE obediente para perder y entregar el poder mediante «elecciones libres»?
Saque usted respetado lector sus propias conclusiones al respecto.
