Durante más de tres décadas, Estados Unidos ha demostrado una extraordinaria capacidad para crecer, innovar, superar crisis y continuar siendo la principal referencia financiera del mundo. Sin embargo, detrás de esa fortaleza existe una tendencia que debería preocupar tanto a republicanos como a demócratas: el crecimiento persistente de la deuda nacional.
Por: Alfonzo Bolívar
El problema no comenzó con un solo presidente ni puede atribuirse exclusivamente a un partido. Es el resultado acumulativo de decisiones políticas, crisis económicas, guerras, reducciones de impuestos sin recortes equivalentes del gasto, expansión de programas sociales, crecimiento de obligaciones permanentes y una burocracia que, una vez creada, resulta extraordinariamente difícil de reducir.
Las cifras ayudan a comprender la dimensión del fenómeno. Aproximadamente, la deuda nacional pasó de US$4.19 billones al inicio de Bill Clinton a US$5.73 billones al terminar su administración; llegó a US$10.63 billones con George W. Bush; a US$19.95 billones con Barack Obama; a US$27.76 billones después del primer mandato de Donald Trump; y a aproximadamente US$36.2 billones al concluir Joe Biden.
Pero sería intelectualmente incorrecto limitar el análisis a preguntar quién agregó más dólares a la deuda. Cada administración enfrentó circunstancias económicas diferentes y, sobre todo, tomó decisiones cuyos costos frecuentemente fueron heredados por la siguiente.
Clinton: crecimiento, disciplina fiscal y una excepción histórica
Bill Clinton llegó a la Casa Blanca en 1993 con una deuda cercana a US$4.2 billones y dejó una cercana a US$5.7 billones. El incremento aproximado fue de 37%, el menor entre las administraciones consideradas en este análisis.
Su período coincidió con una expansión económica extraordinaria, el auge tecnológico, crecimiento del empleo y fuertes ingresos tributarios. Pero sería injusto atribuir el resultado únicamente al ciclo económico.
La combinación de una Casa Blanca demócrata y un Congreso republicano después de 1994 produjo confrontaciones políticas, pero también una presión efectiva para controlar el gasto y equilibrar las cuentas públicas. La reforma del welfare de 1996 buscó limitar la dependencia permanente de determinados programas asistenciales y vincular beneficios con incorporación al trabajo.
El resultado fue excepcional: Estados Unidos llegó a registrar superávits presupuestarios al final de la década de 1990. Las tablas históricas de la Oficina de Administración y Presupuesto documentan la evolución de ingresos, gastos, déficit, deuda y empleo federal durante este período.
Para mí, la principal enseñanza de Clinton no consiste en convertirlo en modelo ideológico. Consiste en demostrar que una economía fuerte combinada con disciplina presupuestaria puede cambiar significativamente la trayectoria fiscal de una nación.
George W. Bush: seguridad, guerras, crisis financiera y menores ingresos tributarios
George W. Bush recibió una situación fiscal considerablemente más favorable. Sin embargo, su administración estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 transformaron las prioridades nacionales. Las guerras de Afganistán e Irak elevaron el gasto militar y de seguridad. A ello se sumaron importantes reducciones tributarias, la expansión de Medicare mediante la cobertura de medicamentos recetados y, finalmente, la crisis financiera de 2008.
La Gran Recesión redujo los ingresos fiscales precisamente cuando el gobierno necesitaba intervenir para estabilizar el sistema financiero.
El resultado fue que la deuda aproximadamente pasó de US$5.73 billones a US$10.63 billones, un incremento cercano al 85.5%.
Aquí encontramos una segunda lección: reducir impuestos puede estimular la actividad económica, pero si no existe una reducción proporcional del gasto, el déficit permanece y termina convirtiéndose en deuda.
La disciplina fiscal exige actuar sobre ambos lados de la ecuación.
Obama: la respuesta a la Gran Recesión y la expansión estructural del Estado
Barack Obama recibió una economía profundamente afectada por la crisis financiera. Millones de estadounidenses habían perdido empleos, el mercado inmobiliario estaba devastado y el sistema financiero acababa de atravesar su crisis más grave desde la Gran Depresión.
Su administración respondió mediante estímulos fiscales, rescates y políticas destinadas a recuperar la demanda y el empleo.
Pero paralelamente ocurrió algo estructuralmente más importante: se ampliaron responsabilidades permanentes del gobierno federal.
La Affordable Care Act —Obamacare— expandió subsidios y la participación gubernamental en el sistema sanitario. Diferentes programas sociales y regulatorios aumentaron el alcance del Estado.
El problema de estos programas no debe analizarse exclusivamente preguntando si sus objetivos sociales son legítimos. Muchos evidentemente responden a necesidades reales.
La pregunta fiscal correcta es otra:
¿Cómo se financian permanentemente?
Una política social financiada mediante deuda puede resolver parcialmente una necesidad inmediata mientras transfiere su costo a ciudadanos que todavía no han nacido.
Durante Obama, la deuda pasó aproximadamente de US$10.63 billones a US$19.95 billones, un aumento cercano a US$9.32 billones, aproximadamente 87.8%.
CBO advertía ya durante aquellos años que el envejecimiento poblacional, los programas federales de salud, Social Security y los intereses de la deuda ejercerían una presión creciente sobre el presupuesto.
Aquí aparece uno de los mayores problemas de Washington: crear un programa es políticamente sencillo; reformarlo o eliminarlo posteriormente es extraordinariamente difícil.
Cada nueva estructura genera beneficiarios, empleados, contratistas, regulaciones, oficinas y grupos interesados en su permanencia.
Así nace una burocracia que termina adquiriendo vida propia.
Trump: crecimiento, desregulación y una pandemia que alteró completamente las cuentas
Donald Trump llegó en 2017 proponiendo una filosofía diferente: reducción de impuestos, desregulación, fortalecimiento del sector privado, independencia energética y disminución del peso administrativo del gobierno.
La Tax Cuts and Jobs Act de 2017 redujo sustancialmente los impuestos corporativos y buscó estimular inversión y crecimiento.
Sin embargo, nuevamente apareció la contradicción histórica estadounidense: los ingresos fueron reducidos sin conseguir una reducción equivalente y estructural del gasto federal.
Y posteriormente llegó un acontecimiento absolutamente extraordinario: COVID-19.
La pandemia cerró parcialmente la economía mundial y obligó al gobierno estadounidense, con apoyo bipartidista del Congreso, a desplegar programas masivos de asistencia a empresas, trabajadores, hospitales y gobiernos estatales.
Por ello sería metodológicamente incorrecto atribuir todo el incremento de deuda ocurrido entre 2017 y 2021 a la política fiscal ordinaria de Trump.
La deuda pasó aproximadamente de US$19.95 billones a US$27.76 billones, un incremento de alrededor de US$7.81 billones o 39.1%.
Una parte considerable estuvo vinculada a la emergencia de 2020.
Pero incluso antes de COVID quedó pendiente una tarea fundamental: transformar la filosofía de reducción del Estado en reducciones estructurales y sostenibles del gasto.
Biden: grandes programas públicos después de terminada la emergencia
Joe Biden recibió una economía todavía afectada por las consecuencias de la pandemia.
Su administración impulsó inicialmente el American Rescue Plan y posteriormente enormes iniciativas legislativas: infraestructura, subsidios industriales, semiconductores, energía y programas climáticos mediante legislación como el Infrastructure Investment and Jobs Act, CHIPS and Science Act e Inflation Reduction Act.
Algunas de estas inversiones pueden generar beneficios económicos futuros. El debate responsable debe reconocerlo.
Sin embargo, también incrementaron o reorientaron significativamente la participación federal en la economía mientras obligaciones anteriores continuaban creciendo.
Durante Biden, la deuda aumentó aproximadamente desde US$27.76 billones hasta US$36.2 billones, alrededor de US$8.46 billones adicionales en solamente cuatro años, aproximadamente un 30.5%.
Más preocupante todavía es que Estados Unidos salió de la emergencia sanitaria sin regresar a los patrones fiscales anteriores.
CBO proyectaba para 2025 gastos federales equivalentes aproximadamente al 23.3% del PIB, frente a un promedio histórico de alrededor de 21.1%, mientras los déficits permanecían extraordinariamente elevados.
Es decir, el gasto extraordinario corre el peligro de transformarse en gasto ordinario.
El verdadero problema: cada gobierno hereda compromisos del anterior
Esta es, en mi opinión, la parte fundamental del debate.
Los presidentes no comienzan con una hoja presupuestaria en blanco.
Reciben Social Security, Medicare, Medicaid, defensa, intereses de la deuda, agencias federales, subsidios, contratos, programas sociales y compromisos creados décadas antes.
Cuando una administración crea nuevas obligaciones permanentes financiándolas parcialmente mediante déficit, no solamente aumenta la deuda durante sus cuatro u ocho años.
Condiciona los presupuestos de los gobiernos que vienen después.
Por eso debemos abandonar la costumbre política de medir el éxito de un gobierno exclusivamente por cuánto dinero distribuyó.
La pregunta debería ser:
¿Cuántos problemas resolvió de manera sostenible?
Existe una enorme diferencia entre ayudar a una persona a superar temporalmente una crisis y construir un sistema que incentive indefinidamente la dependencia del Estado.
Una política social responsable debe tener objetivos medibles, mecanismos de salida, auditorías, límites y, siempre que sea posible, herramientas para que el beneficiario alcance independencia económica.
El objetivo del Estado no debería ser administrar permanentemente la pobreza.
Debería ser crear las condiciones para que las personas puedan salir de ella.
¿Quién fue más efectivo reduciendo el gasto?
Si evaluamos las administraciones completas desde Clinton hasta Biden, considero que la experiencia Clinton merece especial reconocimiento desde el punto de vista del resultado fiscal, aunque ese resultado fue producto de una combinación de factores: crecimiento económico, mayores ingresos, disciplina presupuestaria y negociación con un Congreso controlado por los republicanos durante buena parte de su presidencia.
No debemos confundir, además, reducción del déficit con reducción absoluta del gasto.
Clinton demostró algo particularmente importante: Washington puede acercar sus gastos a sus ingresos cuando existe voluntad política y condiciones económicas favorables.
Trump, especialmente en su filosofía política, ha planteado de manera más explícita la reducción de regulación, burocracia y tamaño del aparato administrativo. Pero durante su primer mandato el gasto total no disminuyó estructuralmente y la pandemia imposibilita realizar una comparación simple.
Por ello distinguiría dos conceptos:
Clinton obtuvo el mejor resultado fiscal integral del período analizado.
Trump ha planteado con mayor intensidad política contemporánea la necesidad de reducir burocracia y redimensionar el gobierno federal, pero los resultados deben medirse finalmente por el gasto, el déficit y la deuda, no por los anuncios.
Una deuda que ya se alimenta de sí misma
Existe finalmente un problema que supera las diferencias entre demócratas y republicanos: los intereses.
Cuando un país acumula deuda, debe pagar intereses. Cuando esos intereses crecen, ocupan espacio presupuestario. Y cuando no existen ingresos suficientes para pagarlos junto con las demás obligaciones, el gobierno vuelve a endeudarse.
Se crea entonces un círculo peligroso:
déficit ? deuda ? intereses ? mayor déficit ? mayor deuda.
CBO identifica precisamente los crecientes costos financieros y el aumento del gasto obligatorio —especialmente programas de salud y jubilación— como factores fundamentales de la trayectoria fiscal estadounidense.
El problema ya no es teórico. Estados Unidos superó recientemente los US$40 billones de deuda nacional, y los intereses se han convertido en uno de los mayores componentes del presupuesto federal.
Estados Unidos necesita un nuevo pacto de responsabilidad fiscal
No creo que la solución sea destruir la protección social.
Tampoco creo que consista simplemente en aumentar impuestos.
Estados Unidos necesita algo mucho más profundo: reformar estructuralmente la manera en que el gobierno gasta.
Cada programa federal debería justificar periódicamente su existencia.
Cada agencia debería demostrar resultados.
Los programas duplicados deberían consolidarse.
Los subsidios que hayan cumplido su objetivo deberían terminar.
El fraude y los pagos indebidos deberían perseguirse sistemáticamente.
La tecnología y la inteligencia artificial deberían permitir reducir costos administrativos.
Y los programas sociales deberían orientarse cada vez más hacia educación, capacitación, empleo, emprendimiento y movilidad económica.
Ayudar al ciudadano debe significar darle herramientas para ser independiente, no convertir su dependencia del gobierno en permanente.
También los republicanos deben reconocer una realidad incómoda: no existe responsabilidad fiscal si se reducen impuestos mientras el gasto continúa aumentando.
Y los demócratas deben aceptar otra: ningún programa social es verdaderamente sostenible si para mantenerlo debemos enviar continuamente la factura a las próximas generaciones.
La responsabilidad no tiene partido
Los números desde Clinton hasta Biden muestran una realidad que debería superar la propaganda partidista.
Clinton: aproximadamente US$4.19 ? US$5.73 billones.
Bush: US$5.73 ? US$10.63 billones.
Obama: US$10.63 ? US$19.95 billones.
Trump I: US$19.95 ? US$27.76 billones.
Biden: US$27.76 ? US$36.2 billones.
Cada período tiene explicaciones diferentes. Hubo guerras, recesiones, terrorismo, crisis financieras y una pandemia mundial.
Pero detrás de todas esas circunstancias permanece una tendencia común:
Estados Unidos se acostumbró a gastar más de lo que recauda.
El país más poderoso del mundo puede sostener esa situación durante mucho más tiempo que cualquier economía pequeña. Precisamente por eso el peligro puede ser mayor: la capacidad de endeudamiento permite postergar decisiones difíciles.
Pero postergar un problema no significa resolverlo.
Gobernar responsablemente significa comprender que cada dólar público tiene un origen y que cada dólar prestado tendrá eventualmente un costo.
La verdadera justicia social tampoco consiste en entregar beneficios hoy dejando las obligaciones para nuestros hijos y nietos.
Una gran nación no solamente protege a las generaciones presentes.
También protege las oportunidades de las generaciones que todavía están por venir.
Ese debe ser el próximo gran debate económico de Estados Unidos.
No cuánto puede gastar Washington.
Sino cuánto gobierno necesita realmente Estados Unidos, qué resultados obtiene de ese gasto y cuánto estamos dispuestos responsablemente a pagar por él.
