Yo creía —de veras lo creía— que ya nada podía superar mi capacidad de asombro. Que después de tantos años viendo cómo se manosea la ley, cómo se envilece el lenguaje y cómo se prostituye la justicia, me había quedado sin capacidad para la náusea. Pensaba que la piel se me había vuelto callo.
Qué equivocada estaba. Siempre hay un «pero». Siempre hay un abismo más profundo.
Un amigo, de esos que no trafican con el escándalo ni buscan el aplauso fácil, me hace llegar una noticia que se había escapado a mi radar. La leo. La releo con el estómago encogido. Y me quedo sin aliento: Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, denuncia haber sido coaccionada para firmar sentencias de inhabilitación política; entre ellas, la de María Corina Machado.
No es solo el hecho. Es la saña. Es la barbarie soterrada.
La Dgcim le secuestra a dos hermanos y a una cuñada. Los desaparece. Los convierte en rehenes. Sí, lea bien: rehenes. Una palabra que creíamos confinada al hampa común, a las guerrillas o al cine negro, instalada hoy en el corazón mismo del Estado. Rehenes para doblarle el brazo a una jueza; rehenes para torcer el rumbo político del país.
Ahí, frente a la pantalla, siento cómo se fractura lo poco que quedaba en pie. Tolero la arbitrariedad, padezco la persecución y conozco de sobra el manoseo institucional. Pero usar la sangre y la carne de la familia de una magistrada como ficha de cambio no es un exceso procesal: es la quiebra absoluta de la civilidad. Es cruzar una línea roja que ni el más cínico de los verdugos se atrevía a admitir en voz alta.
Cuenta la exmagistrada que el 15 de diciembre de 2023 —mientras en la sala del TSJ entraba la demanda de revisión de la inhabilitación de Machado— a sus tres familiares se los traga la tierra. Sin orden, sin cargos, sin derecho a la defensa. Seis manos esposadas para apretar un solo cuello. Desde ese instante, tres vidas humanas pasaron a ser la palanca del chantaje. Porque el poder, cuando pierde la vergüenza y el pudor, no busca argumentos: exige sometimiento por el terror.
Después vino el libreto habitual: los metieron a la fuerza en el expediente comodín de la «Operación Brazalete Blanco», ese pozo ciego donde el régimen arroja nombres al azar, incluyendo el de Rocío San Miguel, para engordar la narrativa del magnicidio. Un traje a la medida del horror para criminalizar y extorsionar.
Y mientras tanto, la jueza firmaba. Firmaba con la duda voraz de no saber si los suyos estaban vivos. Firmaba con el chantaje encañonándole la nuca. Firmaba porque la máxima instancia judicial de la república no era un tribunal, sino una celda.
Hoy, a esos tres ciudadanos les han endilgado condenas implacables de entre 3 y 12 años de cárcel. Y la exmagistrada responsabiliza al Estado por lo que pueda pasarles.
Yo me pregunto —nos pregunto— en qué nos estamos convirtiendo. ¿Qué clase de país es este donde la justicia se administra con secuestrados en el sótano? ¿Qué queda de la república cuando la institucionalidad opera como un instrumento de tortura psicológica? ¿Y qué nos ha pasado como sociedad si permitimos que semejante monstruosidad corra como un rumor marginal, sin incendiar la conversación pública?
Creía que ya nada podía asombrarme. Creía que la náusea era cosa del pasado. Pero el asco es infinito. El dolor es ilimitado.
Hoy me amanece una náusea distinta: visceral, moral e histórica. Es la náusea de saber que el poder, divorciado de la más elemental decencia, ya no tiene frenos. Pero también es la certeza de que no podemos voltear la cara. Solo aquello que se mira de frente, sin pestañear y sin anestesia, podrá ser depurado alguna vez.
Por eso espero, aspiro —y exijo, porque el tiempo de la contemplación se agotó— un pronunciamiento tajante de la diputada Dinorah Figuera. En medio de este estercolero de inconstitucionalidad, ella ostenta una representación que la obliga a encarnar la voz de la ética que nos queda. Sí: espero, aspiro y exijo. Esto ya no va de respaldar las garantías de María Corina Machado. Va de defender la dignidad mancillada de cada uno de los venezolanos.
“Nada destruye más rápido a una nación que la justicia corrompida.” — Francis Bacon
Soledad Morillo Belloso
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