Editorial El Nacional
Nicolás Maduro llama patarucos a sus adversarios políticos, pero los mete presos. El lenguaje despectivo es propiedad del discurso oficial. También el uso arbitrario y desmedido de la fuerza. Además de inútil, porque cada acto represivo pone aún más evidencia a un gobierno que ha perdido la calle y la sindéresis.
En las últimas horas, las fuerzas de seguridad detuvieron a Juan Iriarte, coordinador de Vente Venezuela; a JeanCarlos Rivas, activista de Voluntad Popular, y a Luis López, periodista. Todos fueron apresados -o secuestrados- en el estado La Guaira (antes Vargas).
Un post del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indica que López había salido hacia la zona de Caraballeda para cubrir la detención de Rivas, pero no habría llegado hasta el lugar. El propio periodista había denunciado en enero que funcionarios policiales habían estado en las cercanías de su vivienda en Maiquetía preguntando por él. Hasta ayer se desconocía su paradero.
Como en tantos otros casos de vigilancia, persecución y detención se carece de explicaciones oficiales. Es el patrón de conducta del gobierno, más manifiesto aún durante el desarrollo de la campaña electoral. Es posible esperar que en algún momento un vocero del gobierno -por lo general la Fiscalía- esgrima una teoría conspiratoria para justificar estos hechos que enturbian la ya muy precaria vida política del país.
Magalli Meda, directora del Comando por Venezuela, asilada en la embajada junto a otros cinco dirigentes políticos en espera de un salvoconducto, se preguntaba en la red X “¿qué clase de campaña es esta en la que se aniquila al contrincante?”. Junto con Meda se encuentran en la sede diplomática argentina Pedro Urruchurtu, coordinador internacional; Claudia Macero, responsable de comunicaciones de la campaña de María Corina Machado; Omar González, dirigente nacional de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral; y Fernando Martínez, asesor de la Plataforma Unitaria. Otros dos responsables políticos del partido, Henry Alviarez y Dignora Hernández, siguen detenidos.
La campaña represiva del gobierno de Maduro es la respuesta -una pésima respuesta- a las constantes manifestaciones de rechazo hacia su gobierno, expresadas en los recorridos por el país de Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
El sector oficial debería, en cambio, volver a la mesa de negociación política con la Plataforma Unitaria, que produjo en octubre pasado el esperanzador Acuerdo de Barbados, hoy convertido en letra muerta, para regularizar la campaña electoral, ofrecer las garantías indispensables a todos los actores políticos y a los ciudadanos, porque se ha llegado a arremeter contra humildes trabajadoras, y abrir una perspectiva de entendimiento para encarar el día de las votaciones y el insólito, por excesivo, proceso que sigue hasta la asunción en enero de quien triunfe en las elecciones del 28 de julio.
La represión, la frágil institucionalidad y la ausencia de diálogo solo incrementa la incertidumbre del proceso político electoral que debería abrir las puertas a una etapa de recuperación que anhela la amplia mayoría de venezolanos, en el país y en el mundo. Restan poco más de 40 días para unas elecciones cruciales que permitan retomar la senda democrática. Aún hay tiempo para que se imponga la sensatez.
