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La diáspora de científicos y el reto venezolano, por José Ignacio Moreno León

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El pasado 15 de este mes se celebró el Día del Maestro  en Venezuela en conmemoración a la fundación de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria en el año 1932, aunque tradicionalmente esta actividad conmemora a los maestros y catedráticos del país quienes en la actualidad están experimentando una drástica contracción de sus sueldos y otras precarias condiciones laborales, razón por la cual la casi totalidad de las manifestaciones de apoyo y reconocimiento a este vital gremio de nuestra sociedad  se concentraron en denunciar ese drama. Sin embargo la crisis de nuestro magisterio, que afecta al sistema educativo en todos sus niveles, no puede solventarse solo atendiendo el sistema remunerativo ya que supone una reforma integral del modelo educativo nacional, incluyendo a la educación superior para responder a la demanda de las nuevas realidades globales que implican la inteligencia artificial y la urgente necesidad de incorporar la educación en valores, en pensamiento crítico, creatividad, empatía y promoción de la confianza interpersonal.

Por lo anterior y ante el anuncio reciente del Consejo Nacional de Universidades de promover una nueva Ley de Educación Superior, en reemplazo de la vigente Ley de Universidades de septiembre de 1970, en esta entrega nos adelantamos a expresar reflexiones sobre los cambios requeridos en la educación superior y en futuros artículos nos referiremos a otras reformas que requiere con urgencia el resto de nuestro sistema educativo.

Conviene, como referencia de apoyo, resaltar algunas consideraciones relevantes incluidas en  la publicación del informe de la UNESCO sobre la CIENCIA 2021 en el que se señala que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación son actividades fundamentales para impulsar el desarrollo económico y el progreso social y se destaca que la mayoría de los países han asumido en los últimos cinco años como prioridad la doble transición hacia economías “verdes” y digitales, con objetivos de alcanzar las metas de desarrollo sostenible establecidas por la ONU, entendiendo que la futura competitividad va a depender de la prontitud con la que se logren los cambios hacia la creación de “sociedades digitales”, es decir sociedades en las que gran parte de sus actividades se sustenten con el apoyo de las tecnologías y medios digitales, lo que obviamente va a impactar los modelos productivos y de negocios de los países y además contribuirá a aumentar la competencia entre los mismos. 

Todo ello representa un gran reto, especialmente para los países rezagados en su incorporación a las demandas de la revolución de la información y el conocimiento que, al impulso de Internet, se ha venido, desarrollando como característica del presente siglo. Tal es el caso de Venezuela, pais que en las dos últimas décadas ha sufrido un grave deterioro en su sistema educativo y de ciencia y tecnología, lo que refleja una dramática crisis en comparación con los esfuerzos de los países más avanzados  e inclusive con algunos de los países rezagados de America Latina. 

No existe información oficial actualizada sobre el porcentaje del PIB destinado al desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Según algunas fuentes la cifra para 2013 era del 0.66% y 0.76% en 2014 y se señala que esa inversión había caído a 0.40% para 2015. Según el SCImago Journal Ranking, empresa que valora la influencia científica de las revistas académicas, en 2009 Venezuela producía 2.72% de los artículos científicos que en América Latina se publican en revistas indexadas y para 2014 dicho monto había caído a 1.76% con marcada tendencia a seguir bajando. Esta tendencia se confirma con datos de ASOVAC que señalan que en la convención de esa institución realizada en 2017 solo se presentaron 160 trabajos científicos cuando en 2006 la concurrencia de los mismos fue de cerca de 2000. Otras fuentes indican que la caída de la producción científica de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología bajó de 974 en 2012 a solo 62 en 2015, está drástica contracción responde a la diáspora de investigadores y a los cambios introducidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyos ingresos, producto igualmente de la crisis económica se redujeron en 44%.

La referida diáspora de docentes e investigadores está igualmente vinculada a la profunda crisis que impera en nuestras instituciones de educación superior en las que, al igual que en el resto del magisterio, se ha acentuado en las últimas décadas  la contracción del salario real que, según datos recientes no supera los 11,14 dólares para un profesor titular a dedicación exclusiva, cuando hace veinte años esa remuneración era equivalente a 2.450 dólares. Esa notable caída de los ingresos, unida al deterioro presupuestario de las universidades, explica la fuga de talento docente y de investigación que en la actualidad se ha reducido a no más de 2000 investigadores calificados, cuando hace dos décadas el país contaba con cerca de 6.200 investigadores activos.

Las circunstancias referidas ponen en evidencia los retos que deben considerarse para la promulgación de una nueva Ley de Educación Universitaria que sirva de sustento para recrear las condiciones que permitan superar los difíciles escollos que se han generado en las últimas décadas con el deterioro del sistema educativo y de ciencia y tecnología en el país. Por ello esa nueva ley debe establecer las disposiciones que, preservando las tradicionales funciones de la antigua universidad humboldiana, resfuerze el criterio de la UNESCO que concibe a la universidad, en su papel rector de la educación universitaria como bien público,  como un centro de pensamiento crítico y de poder intelectual que es requerido por la sociedad para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar sustentado en la autonomía de gestión, autonomía de cátedra y libertad académica, condiciones  consagradas como valores  indiscutibles desde la creación de las primeras universidades del mundo y que siempre han estado vinculados a la educación en los gobiernos democráticos y son característicos de las más prestigiosas universidades del planeta.

La  Ley de Educación Universitaria debe promover además que las universidades incorporen  a las tradicionales funciones de educación, investigación y extension una nueva misión como universidades emprendedoras para la comercialización de los resultados de la investigación académica y para participar activamente en los procesos de desarrollo económico, auspiciando con actividades de innovación y creatividad la cultura de la productividad, de la calidad y del riesgo y para romper con la nefasta cultura rentista que ha sido rémora para el desarrollo nacional. Debe igualmente la nueva ley incorporar en el modelo educativo la pedagogía de educación en valores, para fortalecer en los egresados del sistema de educación superior los principios éticos, la solidaridad, la asociatividad y la cultura cívica como fundamentos del capital social pilar del patriotismo, de la institucionalidad democrática y del desarrollo humano sustentable.

El nuevo paradigma de la educación universitaria a ser contemplado  en la ley  debe concebir al trabajo y al aprendizaje como un mismo concepto y actividad, reconociendo el  aprendizaje continuo como un reto vital y la tendencia hacia el aprendizaje fuera del sistema formal, facilitando normas para atender a las necesidades de crear organizaciones de aprendizaje y la incorporación de novedosas herramientas de educación on-line y alternativas de oferta académica que disminuyan costos, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y para permitir el acceso a  instituciones de educación superior a estudiantes brillantes de limitados recursos económicos. Se debe igualmente promover el compromiso social que deben asumir las universidades para mejorar la calidad en los otros niveles del sistema educativo y en la lucha contra la pobreza y la exclusión,  a fin de contribuir a la humanización del proceso de construcción de la sociedad global y del conocimiento y al fomento del desarrollo sustentable en términos económicos, políticos, sociales y en armonía con el medio ambiente.

Finalmente la nueva Ley de Educación Universitaria debe soportarse para su implementación con políticas públicas que reconozcan la urgencia de los cambios planteados para lograr un nuevo sistema educativo y de ciencia y tecnología de calidad y que opere eficientemente como factor fundamental del desarrollo y la inclusión social, lo cual supone la adecuada asignación de recursos para mejoras e incremento de planta física y recursos para las instituciones educativas y de investigación  y para incrementar sustancialmente las remuneraciones de docentes e investigadores y los fondos para su  fortalecimiento profesional. Todo ello sujeto a un sistema de rendición de cuentas y a objetivos del logro de la excelencia en la oferta educativa.

Tal y como lo concibe Edgard Morin, la nueva educación debe estar centrada en la condición humana para enseñar a pensar bien, a fin de actuar concretamente promoviendo los valores de la libertad, la democracia y la solidaridad y, por tanto al margen del pensamiento único.Todo lo anterior supone romper con el craso error de interpretar que las demandas de la nueva educación universitaria pueda satisfacerse con la perversa visión populista que proclama la masificación de la educación sacrificando la pertinencia y la excelencia  educativa.

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