Ante la creciente migración de empresas hacia el sector informal, el sector gremial privado advierte que este fenómeno no responde a una estrategia de rentabilidad, sino a un mecanismo de supervivencia frente a un sistema burocrático de imposible cumplimiento. La informalidad es, en realidad, la consecuencia directa de una severa desviación estructural que ahoga a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Por: Ing. Bernardo Calvo
El origen de la distorsión: La desactualización de la Unidad Tributaria
La raíz de este problema proviene de la pérdida de valor real de la Unidad Tributaria como instrumento para segmentar a las empresas según su capacidad económica y operativa. Históricamente, la figura de los «contribuyentes especiales» se diseñó para un grupo exclusivo y robusto de empresas (inicialmente unas 430 corporaciones) preparadas para coadyuvar con la administración pública.
Sin embargo, tras años de desactualización progresiva, los bajos montos establecidos en las normativas terminaron arropando de manera indiscriminada al 100% de los contribuyentes a nivel nacional. Hoy en día, una pequeña o mediana empresa, sin importar sus profundas limitaciones administrativas, es tratada con la misma rigidez y exigencia que una gran corporación. El sector privado se ha visto transformado en un apéndice operativo y gratuito de la administración tributaria nacional, estadal y municipal.
Asfixia operativa y multiplicidad de acreedores
Esta delegación forzosa de tareas estatales se ha extendido de forma alarmante a más de 40 oficinas públicas de distinta índole, las cuales exigen de manera independiente que el empresario asuma sus procesos de registro, recaudación y fiscalización. En la Venezuela actual, un empresario formal se ve obligado a enfrentar, en ocasiones, a más acreedores de la administración pública que a sus propios clientes.
El tejido empresarial privado no está diseñado para funcionar como una extensión sometida de la burocracia estatal. La imposición de altísimos costos operativos, unida a una fiscalización que castiga con multas severas el más mínimo fallo en tareas administrativas delegadas (y no remuneradas), está empujando a las empresas formales a la desaparición o a la clandestinidad económica.
La propuesta: Monotributo y Monoadministración
La informalidad es el producto del abuso en las cargas administrativas sobre quienes representan la mayoría del motor económico del país. Para revertir esta alarmante tendencia y rescatar la formalidad, es urgente implementar una reforma profunda y racional.
Proponemos la adopción real de la figura del monotributo, la cual debe venir acompañada estrictamente de una monoadministración. El sector productivo necesita interactuar con un solo ente público unificado. El tiempo del empresario debe invertirse en generar empleo, producir bienes y reactivar la economía, y no en atender de manera interminable a múltiples despachos públicos cuyas exigencias cruzadas solo asfixian la iniciativa privada.
La viabilidad del país depende de simplificar, descentralizar las cargas y permitir que las empresas vuelvan a dedicarse a su verdadera naturaleza: producir bienestar.
