Editorial El Nacional
Fuerzas políticas de la oposición venezolana con mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, empeñadas en ser cada vez más pequeñas, han decidido en la víspera de Navidad hacerle un regalo al régimen de facto: reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
A partir de este 24 de diciembre -¿Nochebuena?, según para quién- corren 120 horas o poco más para que se consuma, después de las hallacas y el pan de jamón, la decapitación no ya de Juan Guaidó, cuya gestión por supuesto debe ser sometida al escrutinio de la AN y de los ciudadanos, sino de la figura constitucional de la presidencia encargada que la AN adoptó cuando en enero de 2019 «declaró formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros».
La propuesta presentada por Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia en la AN el pasado miércoles, que pone fin al gobierno interino y que fue aprobada por amplia mayoría en primera discusión, se votará para su sanción definitiva el jueves 29 de diciembre.
La fórmula del G3 (en vías a ser G cero o G nada) se pretende sostener sobre un argumento a la vez de gran pobreza y de la mayor hipocresía, todo ello contenido en una frase: «Con la presidencia encargada no se logró el cambio político esperado”, en términos formales es más elaborada, peso esa es su esencia.
Hay que recordar que el cambio esperado es el cese de la usurpación del poder, la realización de elecciones libres y la restitución del orden democrático y el Estado de Derecho.
En verdad, lo que hace el G3 es sacar la bandera blanca y lavarse las manos sobre su propia responsabilidad en la ineficiencia de la Asamblea Nacional y del ejercicio de su control sobre el gobierno interino. Esa sería la hipocresía política.
Si la proposición del G3 resulta aprobada el jueves próximo, el interinato se prolonga pero será la comisión delegada de la AN la que ejerza su control con lo que desaparece, como apunta Asdrúbal Aguiar, el ejercicio temporal del Poder Ejecutivo, que recae en Guaidó como líder de la Asamblea.
El documento de Aguiar que ha circulado profusamente, en el que se analiza la gestación del Estatuto para la transición democrática que ahora se reforma y sus implicaciones, se indica que la decisión que se está a punto de tomar en la AN es «un grave atentado al orden constitucional”. Agravada porque su origen parte de las mismas fuerzas que se comprometieron «a restituir el orden constitucional y democrático».
De ahí la pobreza de la argumentación del G3, insostenible e inexplicable y que ha suscitado un rechazo transversal en la opinión pública, partidos políticos, sectores académicos, sociedad civil e individualidades.
¿Todavía habrá tiempo para que el G3 recapacite? ¿Podrá la sociedad civil venezolana evitar lo que parece inevitable? ¿Serán capaces y tendrán la sensibilidad los diputados de la AN de oír el clamor de quien abriga la esperanza del cambio político?
En el debate parlamentario del miércoles pasado se dijo que una decisión de este calado no tiene por qué afectar la unidad opositora. ¿Cuál unidad?
¿Esta que da muerte a la presidencia encargada? ¿Esta que olvida que el desconocimiento de Maduro es la base de la transición democrática?
La que pasa por alto que el interinato y la presidencia encargada deben permanecer hasta que desaparezca la usurpación. En Miraflores se frotan las manos, ¿lo intuye el G3?
