Editorial El Nacional
La separación temporal del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por las acusaciones en su contra de acoso sexual ha generado muchas especulaciones en torno a la labor de la Corte, a su credibilidad y al papel que debe jugar en la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales más horrendos que se han cometido y se siguen cometiendo en el mundo, como los de lesa humanidad, guerra, agresión y genocidio que conforman su competencia.
El fiscal facilita con su separación temporal la investigación de los hechos que venían siendo considerados por su propia iniciativa, por un órgano independiente de las Naciones Unidas, desde octubre de 2024. Khan niega los hechos rotundamente y considera que forman parte de los ataques y las amenazas contra la Corte, según él, por gobiernos que han cuestionado algunas de sus decisiones en casos recientes: los más delicados política y jurídicamente hasta ahora tratados por el tribunal, como son la responsabilidad de los crímenes cometidos en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania y los cometidos en el marco del conflicto en curso en el Medio Oiente.
La decisión del fiscal pudiera afectar los procesos de investigación en curso, entre ellos, los llevados a cabo sobre Venezuela y los presuntos autores de los crímenes cometidos desde 2014 que, según opiniones muy válidas, serían pronto objeto de órdenes de citación y de detención en contra de funcionarios de alto rango del régimen venezolano, reportados, entre otros, por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
Pero en verdad la separación de Karim Khan no debería afectar el proceso. La Fiscalía tiene funcionarios que están dedicados desde hace tiempo a la recaudación, análisis y evaluación de las pruebas e informaciones recibidas en las que el fiscal basaría la formulación de cargos en su oportunidad. La Fiscalía seguirá su trabajo y todos esperan que las decisiones que ha debido tomar hace tiempo, y que para muchos constituye un retardo injustificado, sean adoptadas en estos momentos en que la persecución política y los crímenes de lesa humanidad contra miembros de la oposición y defensores de derechos humanos se han intensificado.
Mientras tanto y aprovechando el río revuelto, Delcy Rodríguez declara que las medidas “coercitivas unilaterales”, es decir, las sanciones o medidas restrictivas que se adoptaron contra Venezuela y algunos presuntos responsables, constituyen un crimen de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional debería también examinar.
Lo que Rodríguez pretende es que se establezca la responsabilidad penal individual internacional de funcionarios de alto rango de la administración de Estados Unidos, tal como el régimen y su equipo jurídico lo han planteado en sus escritos anteriores a la misma CPI. El intento no pasó la prueba del examen preliminar que realiza la oficina del fiscal para poder iniciar una investigación formal.
En todo caso, la dictadura aprovecha para relanzar el tema de las sanciones y culpar por completo a otros países de la miseria que nos agobia y dejar de lado la corrupción y saqueo con los que el régimen ha castigado al país y a toda su población.
