Hace algunos días, en un evento de Fedeindustria, a Delcy Rodríguez se le escuchó recomendar que no se estudiara la economía venezolana, “porque no la iban a entender”. Repitió lo mismo días después, arremetiendo contra dos amigos míos, excelentes economistas venezolanos, por sembrar dudas sobre la supuesta recuperación (¿?) de la economía venezolana. La razón que esgrimía para tan descabellado comentario está en las sanciones aplicadas al régimen del que forma parte. Obligan, según ella, a operar en condiciones que no se encuentran en los libros de texto.
Por: Humberto García Larralde – El Nacional
Con imperturbable cinismo y sin pestañear, Delcy pone los caballos delante de la carreta, ocultando, adrede, la acumulación de desaciertos del (des)gobierno de Maduro previos a 2017 (año en que fueron impuestas las primeras sanciones), que dejaron a nuestra economía exangüe: controles de precio y de tipo de cambio, despilfarro de los proventos del petróleo, corruptelas a granel, destrucción de la capacidad productiva de Pdvsa, financiamiento monetario del déficit fiscal –que desató la hiperinflación de noviembre, 2017–, confiscaciones y demás atropellos a los derechos del sector privado, desconocimiento de garantías contractuales, impago de deudas, en fin, el libreto íntegro del autócrata abusador. Por demás, los incumplimientos y transgresiones de Maduro y su equipo han sido la motivación principal para argumentar a favor de la imposición de esas sanciones. O sea, el régimen destruye la economía, provoca, con ello, la imposición de penalidades y luego se aprovecha de éstas para echarles la culpa de su desastrosa gestión. ¡Es víctima de la injusticia imperialista! Y pensar que quien emite tal juicio ocupa la máxima responsabilidad del ministerio de economía (¡!).
Pero no es de sorprender el cinismo de Delcy. Siendo figura central de un régimen fascista, ella misma había promovido la aprobación de una Ley Antifascista (¡!), pero para perseguir a la oposición liberal. Es que ese cinismo es consustancial a la conducción política y económica del chavo-madurismo. Maduro, con casi mil presos políticos sin garantías procesales, muchos desaparecidos, torturados y muertos bajo su custodia, aprovecha la cruel deportación de venezolanos instrumentada por el gobierno de Trump para criticar la violación de los derechos humanos en Estados Unidos (¡!).
Nos hemos acostumbrado a explicar el desastre venezolano actual por la incompetencia y la corrupción de Maduro y su entorno. Indudablemente, tienen mucho que ver. Pero las razones de este pozo sin salida en que nos encontramos residen en el proyecto político del propio Chávez. Conforma una trampa económica sin solución. Nos hemos referido a ésta en otras oportunidades, pero no está demás, ante los reiterados esfuerzos del fascismo por falsear la realidad, tocarla de nuevo. Su raíz está en el enorme poder discrecional que otorga la concentración de la renta petrolera en manos de los gobiernos en razón de una interpretación sesgada de la Ley de Minas aprobada por el Libertador en 1829 en Quito, que reserva al Estado el manejo de los recursos del subsuelo. La convicción de que la Venezuela petrolera era rica, pero que los gobiernos de AD y de Copei no supieron –o no quisieron— satisfacer las justas aspiraciones del pueblo de Bolívar, sirvió de pretexto para que, una vez en el poder, Chávez centrara su gestión económica en el reparto directo de esa renta.
Justo es reconocer que los gobiernos de AD y de Copei, invocando la consigna de Uslar Pietri de “sembrar el petróleo”, coincidieron en fomentar la actividad económica doméstica, no petrolera, valiéndose de los proventos de la venta del crudo para financiar incentivos fiscales, crediticios, la mantención de un bolívar fuerte, así como la provisión de una infraestructura de servicios moderna, la educación y la salud, que favoreciera el desarrollo industrial, agrícola y de servicios del país. Como el petróleo sobrevaluaba el bolívar, se erigieron barreras arancelarias y paraarancelarias para proteger a la economía doméstica de la competencia externa. La creciente discrecionalidad con que fueron administrados estos incentivos y los consecuentes estragos que afloraron durante la llamada “década perdida” de los ochenta obligó a desmontar este esquema durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, a favor de la apertura y liberación de la economía. Este ajuste afectó, claro está, a aquellos que se habían beneficiado, de una manera u otra, de las anteriores políticas de intervención del Estado venezolano, disgusto que fue aprovechado por Chávez para su prédica redentora y de denuncia contra quienes habían “traicionado al pueblo”. Pero es menester insistir que, con todas sus fallas, el proyecto económico de la democracia venezolana se inspiró en la necesidad de “crear riqueza”, es decir, promover el desarrollo en áreas que nos independizaran del rentismo petrolero.
Volviendo a Chávez, la instrumentación de su proyecto requirió desmantelar el marco institucional que amparaba la economía de mercado y a los derechos individuales. Creó un conjunto de mecanismos discrecionales, las misiones, para repartir la renta petrolera y cosechar personalmente, así, sus réditos políticos. Anuló la autonomía e independencia de poderes, amordazó a los medios de comunicación críticos, arremetió contra las universidades, aplicó controles de cambio y de precio. Ante la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, prosperaron las vías non sanctas para enriquecerse a través de sus políticas de reparto. Sólo había que profesar lealtad al comandante. Y, para ello, el barril de petróleo se vendía afuera, al final de su gestión, por más de 100 dólares.
El problema para el fasciomadurismo es que el régimen de expoliación así instalado sólo funciona con ingentes rentas internacionales a repartir entre los factores de poder y la fanaticada que aún lo apoyan. Lejos de crear riqueza, la destruye. Cuando las rentas amainaron, Maduro buscó endeudarse aún más, expropió empresas nacionales y extranjeras, y puso al BCV a emitir dinero inorgánico –“billetes de monopolio”—para cubrir sus gastos. Se precipitó la terrible hiperinflación, el default sobre los pagos de deuda y el despojo continuado de Pdvsa, que redujeron la economía a la cuarta parte del tamaño de cuando asumió el mando. Las sanciones son solo un añadido.
Es patente la escasa base política de Maduro y notoria su crasa ilegitimidad al trampear el resultado de las elecciones del 28J, ganadas ampliamente por Edmundo González Urrutia. Sin acceso a financiamiento y aislado internacionalmente, la salida de Chevron le representa una reducción de una fuente confiable de renta para financiar a su tinglado de alianzas y sostener la represión de su Estado policial, de terror. Sin Chevron, difícilmente podrá Pdvsa mantener esos pozos y, en todo caso, su producción habrá de venderse con enormes descuentos. Queda la extracción ilegal de oro y minerales valiosos, el tráfico de estupefacientes y una mayor expoliación del sector privado sobreviviente.
Y así se desnuda la trampa económica que creó Chávez, que Delcy intenta tapar. ¿Cómo seguir repartiendo rentas y riquezas creadas por otros para sostener la dictadura, cuando ya no hay? Porque crear riqueza, para proveer a los venezolanos de empleo productivo e ingresos crecientes estimulando a la economía, solo funciona si se restablece la confianza. Y ello requiere de instituciones sólidas, creíbles y una reforma profunda del Estado, con apoyo financiero externo, para que sea capaz de responder a los desafíos del desarrollo competitivo, de justicia social. ¡Pero significa desmantelar el régimen de expoliación que alimenta el tinglado de complicidades que sostienen a Maduro!
Ignorar estas verdades, argumentando que no sirven para “entender a la economía venezolana”, es un expediente suicida. Y Delcy, en su fuero interno, lo sabe. Pero ¿renunciar a lo queda del botín mientras todavía controlo el poder? ¡Ni de vaina! Y, enceguecido por estas apetencias, el madurismo reincide en prácticas harto fracasadas –precios “concertados” y “prohibición” del mercado paralelo del dólar, para sustituir la racionalidad de mercado por la voluntad autocrática. Pero ésta no va a ningún lado cuando merman las rentas. Precipitan el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, profundizando su miseria. La ignorancia deliberada es mala consejera. ¿Hasta cuándo?
