Por Julio César Arreaza
Los Estados Unidos se han caracterizado, desde los tiempos de los Padres Fundadores de esa gran nación, por ser un auténtico promotor de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Se nos hace, por tanto, difícil comprender cómo, últimamente, ha mostrado un mayor interés en las reservas petroleras venezolanas que en la larga lucha ciudadana librada por la ansiada libertad.
Argumentar hoy que la sociedad no está preparada para rescatar y ejercer la democracia nos retrotrae a la doctrina positivista decimonónica. Esta corriente ejerció una influencia decisiva en el pensamiento político y en la organización del Estado durante las primeras décadas del siglo XX. Justificaba la necesidad de un poder fuerte para imponer el orden a la sociedad considerada infantil e incapaz de desenvolverse en un sistema democrático.
En medio del hundimiento de las instituciones, propiciado por el narcorrégimen durante veintisiete años de gestión ignominiosa, si nos orientamos por la Constitución, pudiera asumirse que, desde el 3 de julio, no tenemos presidente ni gobierno.
La ausencia temporal superó los ciento ochenta días y se hace necesario convocar elecciones para elegir presidente. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal; en este sentido, la dictadura interina debe seguir la suerte del dictador Maduro. Ella fue su mano derecha y su cómplice durante los 10 años en que usurpó el poder.
Ahora los maleantes pretenden sustraerse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Al respecto, destacamos el enorme esfuerzo realizado por las víctimas, directamente o a través de sus familiares y abogados, para documentar los delitos de tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Los activistas de los derechos humanos han realizado un extraordinario trabajo en la determinación de la cadena de mando en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Confiamos en que la justicia, que ha avanzado a un ritmo lento, llegará. Los crímenes deben ser castigados para que no se repitan.
Los venezolanos rechazamos, desde el primer minuto, el tutelaje cubano que nos impusieron los entreguistas Chávez y Maduro durante veintisiete años.
Confiamos en que el tutelaje norteamericano, surgido tras la extracción del narcotraficante usurpador, le ponga muy pronto fecha de caducidad al interinato y respalde decididamente el mandato popular y soberano de los venezolanos de retornar a la democracia.
Hoy se inicia una nueva mesa de diálogo. Aspiramos a que quienes dicen representar a la oposición manifiesten su desprendimiento en la lucha por la causa democrática, comprometiéndose a no aspirar ningún cargo de elección popular.
Son varios los objetivos por alcanzar: la liberación de todos los presos políticos; la integración de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia conformados por personas calificadas moral y profesionalmente, sin militancia política; la inclusión de todos los actores en el juego democrático, en particular de quienes fueron objeto de falsas y retorcidas inhabilitaciones, así como facilitar el regreso de los exiliados; y la fijación de la fecha de las elecciones presidenciales.
Sin elecciones limpias y verificables no habrá legitimidad ni bases para construir un país estable, con reglas de juego claras que atraigan las inversiones y permitan poner coto al caos institucional de la República, reducir el nivel de conflictividad social y superar la ingobernabilidad.
Se hace necesario avanzar con mayor rapidez en el desmontaje y desarme del aparato represivo para iniciar la nueva etapa de libertades.
La solución para Venezuela pasa por el cambio político del régimen forajido, responsable de haber transversalizado en la sociedad venezolana la tragedia de la emergencia humanitaria compleja.
Para que la transición sea exitosa, es imprescindible que sea la transición de la gente.
¡Libertad plena para los presos políticos!
