La reciente amnistía aprobada en Venezuela ha liberado únicamente a una fracción de los presos políticos. Pero liberar personas es solo el primer paso. El verdadero desafío es garantizar que la ley no permita nuevas detenciones bajo normas que antes criminalizaron la disidencia. La amnistía, aislada del proceso de reforma legislativa y de reequilibrio institucional, corre el riesgo de ser un alivio pasajero.
Por: Dr. Simon P. Deffendini S., Ph.D. – El Nacional
En otras palabras: una amnistía sin reforma del marco legal corre el riesgo de ser temporal. Vale subrayar que una amnistía sin reformas acompasadas no solo puede ser temporal, sino que puede facilitar un retorno más rápido a prácticas represivas, al “reiniciar” políticamente el tablero pero dejando intacto el aparato normativo.
El problema legal
En los últimos años, Venezuela ha adoptado leyes sobre seguridad, orden público y medios que pueden limitar derechos fundamentales. Entre las más controvertidas están la Ley contra el Odio (2017), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (2021), la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, leyes sobre Delincuencia Organizada y Terrorismo y artículos del Código Penal sobre desacato, instigación y asociación para delinquir.
El problema no es que existan normas de seguridad —toda democracia las tiene— sino su amplitud y flexibilidad interpretativa, que deja margen a la discrecionalidad administrativa y judicial. Así, incluso después de una amnistía, el riesgo de reaplicación de normas similares sigue vigente. Como señala el constitucionalista Allan R. Brewer-Carías:
“La amnistía puede otorgar libertad de manera inmediata, pero mientras el marco legal que permitió las detenciones siga vigente, no se elimina el riesgo de que normas similares se apliquen nuevamente en el futuro. La armonización legal es esencial para que la amnistía tenga un efecto duradero”.
Este comentario resume el núcleo del problema: libertad inmediata no es sinónimo de libertad sostenida.
Cómo armonizar la amnistía con la ley
La Constitución venezolana ofrece herramientas concretas para revisar o ajustar leyes conflictivas y garantizar que la amnistía sea efectiva, pero cada una de ellas enfrenta desafíos prácticos que pueden limitar su eficacia.
La derogación legislativa permite que la Asamblea Nacional modifique o elimine leyes incompatibles con la amnistía, pero su éxito depende de que la interpretación judicial no amplíe normas similares de manera discrecional, y además puede verse limitada si la Asamblea carece de independencia política o está influida por quienes diseñaron el marco legal conflictivo.
El referendo abrogatorio del artículo 74 ofrece la posibilidad de que la ciudadanía elimine leyes mediante consulta popular, reforzando su legitimidad democrática, pero su efectividad puede verse comprometida por un ente electoral cuestionado o por limitaciones en la organización y transparencia del proceso, lo que puede reducir el impacto real de la consulta.
La revisión constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia permite declarar leyes inconstitucionales, anular sentencias y emitir interpretaciones vinculantes, asegurando coherencia en la aplicación de la amnistía, pero si el TSJ mantiene una independencia limitada frente al Ejecutivo, su capacidad de garantizar estabilidad legal puede verse seriamente afectada.
Finalmente, la amnistía funciona mejor si se integra en un proceso de justicia transicional y reformas complementarias, que incluya clarificación de normas ambiguas, ajustes legales en seguridad y orden público, fortalecimiento de salvaguardas judiciales e incorporación de estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, si la Asamblea Nacional está controlada ideológicamente por los creadores del marco legal conflictivo, estas reformas pueden bloquearse o diluirse, limitando la eficacia de la armonización.
Un camino estructurado
Para que la amnistía sea efectiva, Venezuela podría seguir un plan claro que combine estas herramientas de manera articulada: identificar leyes conflictivas, derogarlas o reformarlas mediante la Asamblea, validarlas con referendo para reforzar legitimidad, solicitar revisión constitucional al TSJ y asegurar que todo se integre en un proceso de justicia transicional que haga estable la libertad obtenida. Sin embargo, cada paso requiere atención a los riesgos prácticos: una Asamblea parcial, un TSJ dependiente o un referendo cuestionado podrían socavar el impacto de cualquier medida.
Lecciones internacionales
Experiencias de transición muestran que la amnistía aislada rara vez es suficiente. En Suráfrica, tras el apartheid, se combinó con una nueva Constitución y un sistema judicial fortalecido. En España, la transición democrática incluyó reformas legales graduales y adaptación a estándares europeos. En Chile, los cambios institucionales posteriores al régimen militar se consolidaron en reformas progresivas a lo largo de años. La lección es clara: liberar personas es solo el primer paso; la verdadera estabilidad requiere armonización legal y fortalecimiento institucional.
Conclusión
La amnistía en Venezuela es un paso humanitario importante. Pero su efecto duradero dependerá de la capacidad del país para ajustar leyes conflictivas, fortalecer instituciones y garantizar que la libertad otorgada no dependa de la discrecionalidad judicial o administrativa. Sin armonización legal, la libertad obtenida puede ser temporal, y su sostenibilidad dependerá de que los mecanismos de consulta, revisión judicial y legislativa funcionen con legitimidad y coherencia, pese a los riesgos prácticos existentes.
Liberar a personas es solo el inicio. La verdadera prueba será si Venezuela logra desentramar su marco legal y construir un sistema donde amnistía y derechos fundamentales convivan sin contradicciones.
