Por Pedro Carmona Estanga
Los recientes cambios políticos registrados en varios países de América Latina están reconfigurando el panorama regional y generan expectativas que merecen un análisis más detenido. Colombia, Perú y Venezuela representan hoy tres escenarios distintos, aunque estrechamente vinculados por sus implicaciones institucionales, económicas y geopolíticas.
Comencemos por Colombia, donde al momento de escribir esta nota asume el gobierno presidido por el outsider Abelardo de la Espriella, quien se presenta como un líder disruptivo, que promete firmeza en la lucha contra los grupos armados y el crimen organizado, considerando que la fallida política de paz total de Gustavo Petro, tuvo como balance un aumento sustancial de las áreas cultivadas de coca a 330.000 hectáreas, y un incremento de las estructuras armadas, de 15.000 integrantes en 2022, a 29.000 en el presente, un 90% más. Ello supuso violencia, desplazamientos forzados, extorsión, confinamiento y reclutamiento de menores.
La llamada paz total resultó así en un fracaso, pues lejos de debilitar a los grupos armados y al narcotráfico, la tolerancia oficialista y la limitación impuesta al accionar de las fuerzas militares, junto a la remoción de oficiales no cercanos a los objetivos gubernamentales, no condujo a la desmovilización de ningún grupo armado. En efecto, el abandono a la persecución y a la erradicación de la coca, en aras de una ineficaz política de “asfixia y oxígeno”, impidió neutralizar a los capos del narcotráfico, de la minería ilegal, o la recuperación de territorios ocupados por los violentos.
De allí la prioridad que de la Espriella asigna a la política de seguridad, como ocurrió en el primer gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2006. Otros pilares del plan del nuevo gobierno se orientan a la reforma del Estado, la descentralización geográfica, la reducción del gasto público, la eficacia de los programas sociales, el afianzamiento de las libertades económicas, la educación, los valores, la familia, y una política internacional que privilegie los valores democráticos y la lucha contra la corrupción.
De la Espriella ofreció rodearse de los mejores, y ha conformado un equipo de profesionales altamente capacitados, comenzando por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien gestionará la agenda económica para enfrentar el déficit fiscal sin nuevos impuestos, el alto endeudamiento externo, y la definición de reglas del juego que permitan atraer inversión privada nacional y extranjera con seguridad jurídica. Anuncia además una relación privilegiada con EEUU, con cuya cooperación aspira contar en el marco de un Plan Colombia II, que busca adaptar a nuevas circunstancias, la experiencia del Plan Colombia llevado a cabo por el presidente Andrés Pastrana entre 1998 y 2002.
El nuevo gobierno enfrentará dificultades para acometer una agenda de profundos cambios si no cuenta con el apoyo del Congreso, cosa que acertadamente ofrece buscar sin los vicios de la “mermelada” o de las prebendas políticas del pasado. A la vez, de la Espriella deberá equilibrar su fuerte energía disruptiva con alguna dosis de humildad, pues la campaña electoral quedó atrás, ahora es el presidente de todos los colombianos, y debe emprender la compleja tarea de gobernar. Por su lado, Petro continúa negándose a reconocer el triunfo del nuevo presidente, planteando un imaginario triunfo de Iván Cepeda, siendo que, por el contrario, según las conocidas denuncias, la votación lograda por Cepeda estuvo viciada por la influencia ejercida por los grupos irregulares en más de 700 municipios de Colombia, con lo cual se estima que Cepeda puede haber recibido indebidamente, más de tres millones de votos.
Petro anuncia además, de manera impropia, que asumirá el papel de líder activo de la resistencia contra el nuevo gobierno, y desde ahora promueve movilizaciones sociales, que de la Espriella tendrá que enfrentar con determinación si no se ajustan a la Constitución y a las leyes. No será pues sencilla la gestión gubernamental del próximo cuatrienio, ante tamaños obstáculos y desafíos.
En Perú se concretó la asunción a la presidencia de Keiko Fujimori, tras una reñida elección contra el candidato izquierdista Ricardo Sánchez. El plan de gobierno de la presidenta, en un país políticamente polarizado y dividido geográficamente entre el voto de la costa y el de la sierra, y el del centro-norte y sur del Perú, augura grandes retos para aplicar el lema de “Perú con Orden”. Algunas reformas incluyen un “Shock Anticorrupción Digital” y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad con tecnología de vigilancia predictiva e intervención inmediata, la desregulación de la administración pública, y la lucha sin cuartel contra la delincuencia bajo un plan estratégico de amplio alcance. El programa social conforma una agenda integral, en especial en educación y salud, prioridades fundamentales en un país que, pese a un desempeño macroeconómico relativamente normal durante años, convive con niveles elevados de desigualdad, pobreza, y deficiencias en los servicios públicos.
El acto de toma de posesión de Fujimori fue ejemplar en lo institucional, aunque también le espera una oposición aguerrida de la izquierda, que tratará de colocarle muchas piedras en el camino. Al igual que en el caso de Colombia, el equipo que la acompaña en el gabinete ministerial ha sido bien escogido, lo cual le ayudará a la ejecución de planes que, según el mensaje pronunciado en el acto de toma de posesión, configura una agenda ambiciosa que genera altas expectativas, y que no debe convertirse en promesas incumplidas, pues serían la génesis de frustraciones, inestabilidad, o movimientos pendulares futuros.
En lo geopolítico, ahora los cuatro países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú convergen en objetivos más cercanos en materia de democracia, seguridad, integración económica y cooperación regional, fortaleciendo además la coordinación en materia de seguridad. Ello ofrece una nueva perspectiva, en cuyo contexto es bienvenido el anuncio de la presidenta Fujimori, de que brindará un decidido apoyo a la revitalización del proceso de integración andino.
En cuanto a Venezuela, han transcurrido más de siete meses de la extracción de Nicolás Maduro, y del tutelaje de EEUU en la triple agenda de estabilización, recuperación y transición política. Hasta ahora, el énfasis ha estado orientado a la agenda económica y petrolera, y Trump no lo oculta, aunque el Secretario de Estado Marco Rubio declaró recientemente que se ha iniciado la tercera etapa, la de la transición política, con la instalación de una mesa interparlamentaria conformada por representantes de la Asamblea Nacional opositora de 2015, y la oficialista actualmente en funciones.
Dicho mecanismo, recién constituido, de iniciativa norteamericana, tiene ante sí el reto de no defraudar la necesaria reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de los presos políticos, las libertades políticas, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, y la definición de una agenda electoral justa y con garantías. En su contra, pesa como antecedente que mueve al escepticismo, el fallido resultado de 17 procesos negociadores previos, encabezados por Jorge Rodríguez, pues en ninguno de ellos el régimen cumplió con lo ofrecido. Ahora se agrega la exclusión de la mesa de representantes de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes han declarado que no hacen parte de dicho proceso ni fueron informados sobre el mismo, pero que no se opondrán a sus actividades, siempre que conduzca a resultados tangibles.
El gobierno interino ha eludido hasta el presente toda manifestación acerca de la celebración de futuras elecciones. Marco Rubio expresó recientemente que la transición requiere paciencia, difícil de pedir a los venezolanos tras 27 años de un régimen autocrático, y afirma que la definición del cronograma electoral es cosa de semanas o meses y no de años. Es lo menos que el país espera después de tanto sufrimiento, agravado por los devastadores terremotos recientes, los peores de la historia venezolana.
El beneficio de la duda recae ahora sobre la mesa negociadora. Siendo la única opción avalada por el promotor y garante del proceso, EEUU, es de esperar que ofrezca resultados y que no se repitan frustraciones o engaños, estando claros en que el régimen procurará ganar tiempo para permanecer en el poder tanto como sea posible. Al no tratarse de un mecanismo surgido de María Corina Machado o de la Plataforma Unitaria, sino de Washington, es de esperar que se haga un seguimiento cercano a su desarrollo, para asegurarse de que prevalezca una voluntad seria de negociación, partiendo de la liberación de cerca de 400 presos políticos que permanecen entre rejas. Tampoco es aceptable retrasar sine die el regreso de María Corina Machado al país, pues su liderazgo y credibilidad se mantienen altos, y porque sus derechos políticos merecen ser respetados.
El Senado de los Estados Unidos, en una iniciativa bipartidista, aprobó el pasado 4 de agosto una resolución que exige adoptar medidas para restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, y apoya una transición democrática y pacífica mediante elecciones libres, justas y transparentes. Dicha iniciativa representa sin duda, un elemento de presión para evitar innecesarias demoras.
También, el Congreso norteamericano ha exigido analizar las auditorías de los recursos petroleros venezolanos administrados en cuentas en ese país, sobre las cuales no ha habido hasta ahora transparencia. De esa forma, el Congreso está mostrando creciente interés en el seguimiento a las acciones que el Ejecutivo cumple en Venezuela. Y de alguna manera trata de salir al paso a dos corrientes existentes en el gobierno de Trump ante el caso venezolano: la pragmática, inclinada a mantener el apoyo al régimen presidido por los hermanos Rodríguez a cambio de creciente concesiones, y la que aboga por asegurar sin demoras la transición política, como medio para asegurar condiciones indispensables para la recuperación económica.
En materia petrolera, si bien se registra una recuperación de la producción, esta es todavía débil, pues depende de la existencia de un marco de seguridad jurídica y de las condiciones institucionales. En julio pasado, las exportaciones alcanzaron 1,16 millones de barriles diarios, frente a 1,2 millones en junio. Trump no se muestra satisfecho con la lentitud en el flujo de inversiones requeridas para aumentar la producción, pero es claro que los inversionistas aspiran a contar con un marco institucional más estable y seguro.
El momento es pues crucial para Venezuela en la definición de un destino democrático y respetuoso del Estado de Derecho. El tono del lenguaje empleado en ocasiones por el presidente Trump lesiona sentimientos de dignidad y soberanía en sectores de la sociedad venezolana. Personalmente creo en la necesidad del apoyo de EEUU para el rescate de la democracia en el país, y en el valor de la cooperación para la recuperación económica. Pero a la vez, veo claro que el anhelo nacional no es convertir a Venezuela en un protectorado, sino acometer la reconstrucción de un país que es viable, pero que ha sido destruido en lo político, en lo económico y en lo social, todo ello en el marco de las mejores relaciones internacionales, en especial con un aliado natural como lo es Estados Unidos.
En definitiva, América Latina parece entrar en una nueva etapa de orientación política, pues a los casos analizados se agregan la orientaciones más liberales o conservadoras presentes en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y varios países centroamericanos. Sin embargo, el éxito de estos procesos dependerá no solo de los cambios de liderazgo, sino de la capacidad de los nuevos gobiernos para fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana y ofrecer resultados concretos en materia de seguridad, crecimiento económico y Estado de Derecho. Las expectativas son elevadas; convertirlas en realidades será la verdadera medida de su éxito.
