Por Mary Anastasia O’Grady en WSJ
Delcy Rodríguez , vicedictadora de Venezuela, advirtió a Washington el 30 de enero que su gobierno se negará a aceptar inmigrantes deportados si Estados Unidos vuelve a imponer sanciones al petróleo y al gas: “Si cometen el error de intensificar la agresión económica contra Venezuela. . . Los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serán inmediatamente revocados a partir del 13 de febrero”.
Este es un acto de desesperación por parte de un gobierno ilegítimo y ha sido complementado con el ruido de sables venezolanos en la frontera con Guyana. Caracas está sintiendo la presión de la comunidad internacional, incluidas las democracias de centro izquierda, para celebrar elecciones libres y justas este año. Lamentablemente, dado el historial del presidente Biden de ceder ante regímenes criminales, hay motivos para temer que las amenazas logren el resultado previsto: un mayor alivio de las sanciones. Pero también hay un pequeño margen de esperanza de que no lo hagan. Depende de si Biden se toma en serio la democracia para Venezuela.
La tímida política exterior de Biden transmite inquietud a los déspotas que quieren dañar a Estados Unidos. La sugerencia del presidente de enero de 2022 de que Rusia podría salirse con la suya con una “incursión menor” en Ucrania es un ejemplo. Más recientemente, está su falta de voluntad para responder eficazmente a los ataques respaldados por Irán contra activos estadounidenses. Los republicanos aislacionistas son parte del problema.
Rusia, China e Irán también huelen la debilidad de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Vladimir Putin y Xi Jinping ejercen influencia sobre el hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro . El gobierno prometió una votación competitiva en 2024 cuando firmó un acuerdo en octubre (mediado por Noruega) con la oposición en una reunión en Barbados. Nadie pensó que Venezuela iba en serio, excepto quizás la administración Biden. La tinta no estaba seca cuando Estados Unidos anunció que durante seis meses levantaría las sanciones a las inversiones y ventas de petróleo y gas desde Venezuela. Esas sanciones habían estado vigentes desde la administración Trump. El secretario de Estado, Antony Blinken , dio a Caracas hasta finales de noviembre para establecer un “cronograma” para reinstaurar a los candidatos presidenciales prohibidos y liberar a los presos políticos.
Cuando Venezuela incumplió ese plazo, Estados Unidos lo aprobó. Los días de retraso se convirtieron en semanas y meses. En enero, Estados Unidos recibió su respuesta: la Corte Suprema elegida personalmente por Maduro descalificó a la candidata popular de la oposición María Corina Machado con acusaciones absurdas de conspiración contra su país. El régimen también arrestó a miembros de su equipo.
Machado ganó las primarias de la oposición el año pasado con más del 90% de los votos y es la gran favorita para vencer a Maduro en una contienda nivelada. Si el régimen puede eliminar su candidatura, espera que surja un campo multicandidato, fragmentando a la oposición. Se trata de un viejo truco de un tirano para aferrarse al poder y al mismo tiempo cantar la victoria en las urnas. Mientras tanto, Venezuela aún no ha publicado un calendario de campaña. Hasta que lo haga, los equipos de observadores internacionales no podrán organizar sus misiones ni lanzar visitas exploratorias antes de la votación.
La buena noticia es que el Departamento de Estado dijo en enero que está preparado para volver a imponer las sanciones en abril al petróleo y al gas venezolanos. La mala noticia es que dijo que esto sucederá “a falta de progreso” por parte de Caracas hacia una elección legítima. Esas palabras, provenientes de una administración estadounidense que tiene un historial de poner excusas para el régimen, no aumentan la confianza.
Caracas está tan acostumbrada a intimidar a Biden y verlo retroceder que está intentando nuevamente con la advertencia de Rodríguez sobre los migrantes. Pero bloquear la entrada de venezolanos a su propio país sería una violación del derecho internacional. Podría darle a Maduro un breve sentimiento de justa venganza, pero es poco probable que eso dure si Estados Unidos responde poniendo fin a los vuelos entre los aeropuertos estadounidenses y venezolanos. El aislamiento autoimpuesto por Maduro de la economía más grande del mundo reafirmaría la reputación de Venezuela como un Estado canalla. La respuesta correcta es descubrir su farol.
Si Biden ve una oportunidad de arrojar algunas migajas a los cabilderos petroleros de Washington en un año electoral, podría renovar el alivio de las sanciones y culpar a Rodríguez. Pero estaría yendo en contra de la opinión mundial. El jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución (446-21) diciendo que no reconocerá las elecciones si a la Sra. Machado no se le permite postularse. La Unión Europea también quieresanciones a la Corte Suprema de Venezuela y sus fuerzas de seguridad por abusos de poder contra opositores al gobierno.
La semana pasada, el sitio web del presidente procubano de Brasil, Inácio Luiz “Lula” da Silva, anunció el continuo apoyo de Brasil a la implementación del acuerdo de Barbados. Incluso Juan González , asesor izquierdista del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina del presidente Biden, dijo la semana pasada que “todos los candidatos deben ser elegibles para competir”. Añadió que la señora Machado es “la candidata de la oposición”.
Sin embargo, si eso generó algún optimismo entre la oposición venezolana, se evaporó cuando González sugirió desde Bogotá que el presidente colombiano Gustavo Petro , un ex terrorista de izquierda, desempeñara el papel de mediador entre la dictadura venezolana y la oposición. Al parecer Raúl Castro no está disponible.
