Por Rafael Egáñez Anderson
María Corina Machado ha convocado a los venezolanos, dentro y fuera del país, a reunirse en pequeños grupos para discutir cómo debe ser la Venezuela del futuro, y la iniciativa merece una conversación seria porque la participación ciudadana organizada ha producido resultados extraordinarios en otros países cuando se diseña con honestidad, cuando las reglas de la conversación son más importantes que las conclusiones que el convocante espera, y cuando los participantes saben que su desacuerdo tiene el mismo valor que su adhesión.
En 2012 Irlanda convocó una Convención Constitucional integrada por parlamentarios y ciudadanos seleccionados al azar para deliberar sobre temas que el sistema político no podía resolver porque su costo electoral hacía imposible que ningún partido tomara la iniciativa por sí solo, y aquella convención abrió el camino a los referéndums que en 2015 y 2018 transformaron el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos en texto constitucional, dos cuestiones que habían permanecido décadas bloqueadas, y la diferencia entre aquella experiencia y una consulta ordinaria fue el diseño, ciudadanos que no respondían a ningún jefe de partido deliberando con expertos y testimonios reales, llegando a conclusiones que el pueblo ratificó.
La pregunta que Punto de Acuerdo debería hacerse no es cuántos venezolanos pueden reunirse sino qué tipo de ciudadano quiere producir, porque entre organizar personas alrededor de una causa y construir ciudadanos capaces de sostener una República existe una diferencia que nuestra historia conoce, hemos tenido décadas de movilizaciones, asambleas y encuentros comunitarios, y cada uno terminó siendo tan fuerte o tan débil como el liderazgo que lo convocó, porque nadie enseñó a esos ciudadanos que su obligación no era aplaudir sino preguntar, no era adherirse sino exigir.
Un venezolano que sale de esa reunión sintiéndose parte de un movimiento habrá participado, pero un venezolano que sale sabiendo qué tres cosas concretas exigirá al próximo gobierno, con nombre y mecanismo de verificación, ese habrá dado un paso hacia la ciudadanía republicana que Venezuela necesita construir, y esa distinción no es semántica, es la diferencia entre una campaña política y una arquitectura cívica, entre entusiasmo que dura lo que dura el liderazgo y compromiso que sobrevive al liderazgo que lo convocó.
He escrito antes que Venezuela necesita tres cosas concretas para que cualquier apertura produzca algo que sobreviva al gobierno que la firma, una arquitectura independiente de control que haga públicos los resultados de los compromisos asumidos, una regla de ahorro que impida que cada nueva oportunidad termine consumida por el presupuesto corriente, y un mecanismo de participación institucional para que las decisiones que comprometen décadas no pertenezcan solamente al gobierno que estaba en el poder el día en que fueron tomadas, y esas tres cosas no son únicamente el problema del petróleo, son el problema estructural de Venezuela.
Punto de Acuerdo podría convertirse en el espacio donde los venezolanos articulen exactamente esas exigencias, no como seguidores sino como ciudadanos que entienden que la próxima Venezuela necesita reglas que protejan a todos, incluso de quienes hoy los convocan, porque esa es la señal más importante que una iniciativa de participación puede dar, que sus participantes defienden principios que a veces incomodan al propio convocante, que la transparencia se exige con el mismo rigor a todos y que la rendición de cuentas no tiene excepciones partidarias.
En Islandia, después de la crisis de 2008, ciudadanos seleccionados al azar redactaron una propuesta constitucional aprobada en referéndum pero bloqueada después por el Parlamento por razones de poder más que de contenido, y esa frustración también enseña algo, la participación ciudadana sola no es suficiente si las instituciones que deben procesar sus conclusiones no tienen la independencia ni la obligación de hacerlo, por eso cualquier consulta que no contemple desde el principio cómo sus resultados se convierten en compromisos verificables corre el riesgo de convertirse en validación de lo que ya estaba decidido.
Venezuela no necesita que sus ciudadanos piensen igual antes de empezar a construir, necesita que aprendan a convivir con el desacuerdo dentro de reglas compartidas, y eso es lo que Punto de Acuerdo podría practicar si cada reunión incluyera no solo la pregunta de qué país queremos sino la de qué hacemos cuando el ciudadano de al lado quiere algo diferente, cómo resolvemos esa diferencia sin que ninguno tenga que rendirse ni convencer al otro de que está equivocado, porque esa capacidad es lo que separa una democracia de una hegemonía con mejor propaganda.
En 1819 Bolívar comprendió en Angostura que la libertad necesitaba instituciones y límites, y más de dos siglos después esa advertencia sigue siendo el centro de nuestro problema, hemos aprendido a movilizarnos con eficacia extraordinaria y seguimos sin aprender a fiscalizar con la misma energía, seguimos confundiendo la fuerza de nuestra adhesión con la solidez de nuestras instituciones, y seguimos descubriendo tarde que la lealtad a una persona no puede sustituir la lealtad a las reglas.
La iniciativa merece tomarse en serio porque el momento lo merece, Venezuela atraviesa una apertura real cuyas consecuencias se extenderán durante décadas, y necesita ciudadanos que sepan qué exigir, cómo verificarlo y qué hacer cuando no se cumple, necesita personas que salgan de esas reuniones no más entusiasmadas sino más exigentes, no más leales a una causa sino más comprometidas con un estándar, y si Punto de Acuerdo logra producir ese ciudadano habrá contribuido a algo que ningún gobierno venezolano ha conseguido todavía, enseñarle al venezolano que su poder no termina el día en que vota sino que comienza exactamente ahí.


