Desmontar un régimen no es cosa de pocas semanas. Aquí cabe el dicho: Roma no cayó en tres días. Son veintiséis largos años en los que se ha tejido todo un andamiaje complejo, totalizante y sofisticado.
Cuando una contundente mayoría arropa las instituciones colegiadas, vale decir, concejos municipales, consejos legislativos estadales, llámese congresos o Asamblea Nacional, además de importantes comisiones y otros organismos integrados, siempre -desde que el mundo es mundo ha habido una inocultable propensión hacia la imposición y los desafueros. Experiencias recientes hemos tenido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, cuando por malabarismos electorales y el famoso “quino”, el recién estrenado gobierno obtuvo el 95% de sus integrantes, dejando a la oposición unos cuantos miembros que, de paso, se acercaron dificultosamente al número de dedos de una mano. Allí no hubo debates, ni consideraciones y mucho menos afán de rectificar, aun cuando la “disidencia” hiciese interesantes propuestas y correcciones.
El país -indiscutiblemente- aspira a un cambio. No de gobierno, sino de régimen, asunto que es totalmente diferente. Un gobierno se reemplaza a través de unas elecciones (no por golpes de estado, como algunos trasnochados sostienen). En cambio, un régimen requiere de consensos
y negociaciones, aparte de una indoblegable decisión por establecer una democracia firme pero que, igualmente, sea la consecuencia natural de un gran acuerdo o pacto nacional. Aquí sí caben las categóricas e irrefutables mayorías para dar al traste con aquellas aspiraciones por mantener la situación tal como está.
Hay que tener mucha sensatez. Por supuesto, teniendo en consideración los pro y los contra de este complicado tema. Entender que para llegar a unas elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas resulta inevitable depurar el Registro Electoral Permanente; sustituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y habilitar los partidos políticos, sobre todo aquellos que fueron judicializados gracias a un montón de decisiones fuera de toda lógica jurídica y que – a la postre- afectaron sus actividades, la organización interna y hasta su razón de ser.
Hay que comprender que, para desmantelar todo este espinoso entramado, es necesario tener mucho tino a fin de evitar atropellos, radicalismos y revanchas. Saber que una cosa es olvidar, que no está planteado, y otra, llegada la ocasión, el hacer justicia. En consecuencia, pendientes de las actitudes demagógicas, populistas y además vengativas.
Como le es muy propio, “las mayorías aluvionales” son como los ciclones: arrasan con todo lo que se les atraviesa. Varios autores las han catalogado como “dictaduras de las mayorías”. En Venezuela, por no decir Latinoamérica, tenemos suficiente veteranía en estas lides. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, algunas mayorías han provocado turbulencias sociales, políticas y económicas. Y es que siempre las arbitrariedades han generado situaciones sumamente inconvenientes o resultados nada favorables.
Los saltos al vacío, sobre todo en política, han causado desastres irreversibles. No dejemos que la impulsividad haga de las suyas. Las mayorías hay que saber administrarlas y utilizarlas. Es la hora de dar pasos seguros y de echar mano a las herramientas adecuadas.
Recordemos las sabias palabras del expresidente Felipe González en aquellos difíciles días de la transición española acerca de que había que tener una “ética de la responsabilidad” frente aquellos que por su radicalismo podían provocar una desgarradora confrontación civil.
Hasta ahora, vamos por buen camino. No nos desviemos. La mayoría también tiene sus límites.
Ricardo Ciliberto Bustillos
