Por Benigno Alarcón
La pregunta que se hace todo venezolano es una sola: ¿cuándo habrá elecciones? Y aunque la mayoría hubiésemos preferido que se reconociera el resultado del 28 de julio de 2024 —fruto de una gesta ciudadana inolvidable—, asumimos el reto de repetir esa victoria comprendiendo que es el precio de una transición que, por razones que podemos compartir o no, se gerencia desde afuera porque no pudimos lograrla desde adentro.
Pero la pregunta por la fecha, con ser urgente, es insuficiente si no se acompaña de otra más profunda: ¿hasta cuándo permanecerá abierta la ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero? La historia de las transiciones en el mundo —pero también la de los múltiples intentos fallidos de negociar un cambio en Venezuela— nos advierte que lo que parece subordinación incondicional del régimen en lo económico puede ser exactamente lo que siempre ha sido: una táctica dilatoria para ganar tiempo y evitar el cambio político, tal como Jorge Rodríguez lo logró en cada proceso de negociación anterior.
Los hechos hablan por sí solos. Chevron y Shell negocian los primeros grandes contratos desde la captura de Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos proyecta un aumento de producción de 30-40% este año. Se restablecieron relaciones diplomáticas. Trump elogió a Delcy Rodríguez diciendo que “está haciendo un gran trabajo”. Y sin embargo, no existe un solo compromiso verificable sobre el calendario electoral que forma parte de la tercera etapa del plan de transición presentado por Marco Rubio al Congreso.
Mientras tanto, la Misión de la ONU documentó esta semana que las estructuras represivas siguen operativas, con 87 nuevas detenciones desde enero, y que la Ley de Amnistía excluye a centenares de presos políticos. El régimen anuncia más de 7.700 “libertades plenas”, pero la mayoría corresponde a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares. Foro Penal registra más de 500 detenidos por motivos políticos.
Esta coexistencia de apertura económica y cierre político no es una contradicción. Es una estrategia. Y tiene precedentes cuyo desenlace debería alarmar a quien los conozca.
En Egipto, tras la caída de Mubarak en 2011, el ejército prometió transición y permitió elecciones, pero nunca desmanteló su control sobre la economía ni las instituciones. Cuando el presidente electo intentó gobernar con autonomía, los militares dieron un golpe, convocaron comicios bajo sus reglas y construyeron un régimen más represivo que el anterior. La comunidad internacional lo aceptó porque Egipto ofrecía estabilidad. La normalización se tragó la democracia.
En Myanmar, la junta militar abrió el sistema en 2010: liberó a la líder opositora, atrajo inversión, fue celebrada dentro y fuera del país. Occidente levantó sanciones, las empresas llegaron. Pero cuando unas elecciones amenazaron el poder real del ejército en 2021, simplemente revirtieron toda la apertura con un golpe. Las sanciones tuvieron que reimponerse, pero la ventana ya se había cerrado.
La lección es inequívoca: cuando la presión externa se agota en normalización económica sin haber asegurado hitos políticos verificables, la transición no se congela. Se pierde. Chile ofrece el contraste exacto. Bajo presión internacional, Pinochet convocó un plebiscito en 1988. La oposición, en vez de rechazar el mecanismo, se unificó y ganó. La diferencia decisiva fue que la presión estaba canalizada hacia un hito concreto con fecha y condiciones: La elección presidencial de 1989.
El reloj que nadie menciona
Las elecciones de medio término en Estados Unidos, en noviembre de 2026, son la variable más importante del proceso venezolano y la más subestimada. Si la administración Trump pierde el legislativo —como es muy probable que ocurra—, o si la atención presidencial se desplaza hacia otros frentes que demanden mayor compromiso, la capacidad de Washington para presionar al gobierno de Rodríguez se reducirá drásticamente. Y los Rodríguez lo saben. Toda su estrategia responde a un solo cálculo: ganar tiempo. Vivir un día más, un día a la vez, como los enfermos terminales que se aferran no al futuro sino a la próxima hora.
Si ese cálculo les funciona, las consecuencias no serían un simple regreso al punto de partida. Serían peores. Un régimen que sobrevive a una intervención militar extranjera y a la mayor presión internacional de su historia regresaría fortalecido en lo que algunos llaman el “mito de invencibilidad”: la percepción de que al chavismo no se le puede derrotar. Lo que seguiría es predecible y devastador: represión sistemática contra quienes apoyaron la intervención o a la oposición democrática, persecución judicial y política a escala sin precedentes, y un giro geopolítico hacia China, Rusia e Irán, que estarían más que dispuestos a llenar el vacío que deja Washington. Un nuevo éxodo masivo de venezolanos que pierden toda esperanza de cambio. Y la consolidación de un eje autoritario en el hemisferio con capacidad de proyección sobre el Caribe y la frontera colombiana.
Lo que falta
Hay que decirlo con claridad: Venezuela y la comunidad internacional tienen hoy algo que rara vez se encuentra en las transiciones: una líder con legitimidad democrática abrumadora, con una visión liberal y de mercado afín a los valores de Estados Unidos y de las democracias occidentales, y la capacidad demostrada de ganar una elección limpia de manera contundente. Desperdiciar esa alineación por haber invertido el tiempo en priorizar contratos petroleros (que podrían firmarse después con mayores garantías de estabilidad) sobre la democracia sería un error estratégico difícil de revertir que Washington lamentaría durante décadas, y uno de los mayores fracasos internacionales de la administración Trump y de la gestión de Marco Rubio, quien hasta ahora ha demostrado un firme compromiso con la democracia en Venezuela.
La oposición democrática debe convertir la pregunta genérica de “¿cuándo habrá elecciones?” en un benchmark concreto e innegociable: reforma del CNE, observación internacional plena, habilitación de todos los candidatos, cronograma electoral en el primer semestre de este año, y elecciones libres antes de que termine 2026. Sin ese referente verificable, la narrativa de “Venezuela está mejorando” solo abona en favor de quienes controlan las instituciones —hoy vistos como protegidos de Washington que, “por ahora”, cultivan la relación y apuestan a ganar por default.
Las ventanas de oportunidad no se cierran con un portazo. Se cierran con un lento deslizamiento: un contrato aquí, una licencia allá, la postergación del regreso de Machado por razones de seguridad, la estabilidad primero, entre otras excusas. Venezuela tiene hoy lo que Egipto tuvo en 2012, lo que Myanmar tuvo en 2015 y lo que Chile tuvo en 1987: una oportunidad real pero con fecha de vencimiento. La diferencia entre una transición exitosa y una frustrada no radica en si la oportunidad existe, sino en si los actores —y en especial Estados Unidos— serán capaces de gerenciarla antes de que se agote.
Venezuela no puede darse el lujo de descubrirlo demasiado tarde.
