Venezuela es un país que quedó ajeno a la privatización de su economía desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1999. En su texto, la única mención al término está contenida en su artículo 272, el cual señala que la dirección y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios pueden estar sometidos a “la modalidad de privatización”. Por supuesto, nunca lo hicieron y su manejo estatal devino en una de las más nefastas actividades del régimen gobernante.
La Constitución estableció un marco socioeconómico de libre competencia, iniciativa privada y seguridad jurídica que los hechos renegaron. En cambio, el régimen puso todo su empeño en aprovecharse de las normas en las que el Estado se reservaba la política comercial y la actividad petrolera. Igual ocurrió con la reserva de la actividad minera y, en general, con los servicios domiciliarios de electricidad, agua potable y gas, asumiéndolos como competencia del Poder Público Nacional. Chávez y Maduro siempre ejercieron poderes extraordinarios para blindar a su antojo esa estatización. Por esa vía, se apropiaron del petróleo y destruyeron a Pdvsa, se apropiaron de las minas y el oro, de los recursos destinados a la generación eléctrica y prácticamente acabaron con los servicios domiciliarios. Por si fuera poco, con artimañas se adueñaron de las mejores y más emblemáticas empresas privadas del país. Esos vientos trajeron estas tempestades.
El estrepitoso fracaso de este régimen en el manejo del Poder Público Nacional, ha sido sistémico. Desapareció así el Estado de derecho, causado por el secuestro de las instituciones y principios constitucionales conculcados que antes de 1999 lo sustentaban. La separación y autonomía de los poderes, la democracia representativa con su alternabilidad y procesos cívicos libres y justos, el fomento y respeto a la propiedad privada, entre otros aspectos, dieron paso a un sistema totalitario, hegemónico, represor, altamente corrupto, militarista, mafioso y entregado a los cubanos, que le negó el futuro y bienestar a millones de venezolanos por más de 26 años
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Hoy el librito azul no cuenta, es letra muerta. El Poder Público lo ejerce una cohorte ilegitima, integrada por la presidenta encargada, la Asamblea Nacional, el TSJ, el Fiscal, la Defensora del Pueblo y unas fuerzas armadas postradas e invisibilizadas. Ellos administran de facto, sometidos a un tutelaje que también por la vía de los hechos los controla. Desde la perspectiva de esa excepcionalidad debemos comprender y asumir a esa praxis como necesaria e inevitable hasta un cambio de condiciones. A esa complicación llegamos, causada por un régimen que fue manejado, entre otros, por coautores, cómplices y sus beneficiarios que aún se mantienen al frente de esas instituciones y poderes secuestrados.
Sin Estado de derecho no hay legitimidad. Sin ella no hay seguridad jurídica, somos espectros en un limbo jurídico. Esa seguridad jurídica solo se materializará cuando opere en el país un sistema democrático en el que tenga lugar una profunda reforma constitucional. Es indispensable para la administración Trump salir de ese limbo para que esa seguridad jurídica blinde a las inversiones de las grandes empresas de su país en Venezuela.
La seguridad jurídica también es fundamental para consolidar nuestro posicionamiento geoestratégico en este lado del mundo. En un continente frágil y todavía expuesto al radicalismo de la izquierda incendiaria del Foro de Sao Paulo, que aún muestra músculo en Bolivia, Perú, Colombia, Mexico, Brasil y sus proxies, tenemos que asumir como país vulnerable nuestra importancia geoestratégica, tanto en lo económico como en lo político. Las decisiones que en su momento han de tomarse, deben estar dirigidas a blindarnos de narcoterroristas, grupos guerrilleros, mafias internas y foráneas, y a rescatar y solidificar un real Estado de derecho que surja de la acción y voluntad legítima y soberana de los venezolanos, manteniendo con firmeza y sin complejos nuestra alianza con Estados Unidos.
Los recientes acontecimientos así lo sugieren. Fue supina la ingenuidad de que podíamos salir de este régimen criminal por nosotros mismos, sin el concurso de fuerzas capaces de someterlos.
Víctor A. Bolívar
@vabolivar
