Por Guaicaipuro Lameda
Venezuela atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente. El dolor de un pueblo que se siente desprotegido y, en no pocas ocasiones, hasta agredido precisamente por la institución que juró protegerlo.
Ese es el drama que produce una Fuerza Armada que, sin militares al mando, perdió la razón que justificaba su existencia.
La perdió porque el uniforme nunca fue una simple prenda de vestir. Es la representación visible de un juramento: un compromiso libremente asumido de colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad y bienestar.
La Fuerza Armada existe porque la República la necesita. No fue concebida para proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales. Su existencia responde a un propósito superior: garantizar la soberanía nacional, defender la integridad del territorio, proteger a los ciudadanos y acudir, con disciplina y espíritu de sacrificio, cuando la Nación enfrenta sus horas más difíciles. Ese es su propósito. Para eso existe. Para eso la Nación la sostiene.
Cuando una institución pierde su propósito, inevitablemente comienza a perder su alma.
Durante años, la comunidad internacional, organismos multilaterales, tribunales, investigaciones periodísticas y distintos centros de análisis han documentado denuncias sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, utilización política de la institución militar para someter a la población y presuntos vínculos de sus niveles de mando con estructuras relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.
Corresponderá a la justicia determinar las responsabilidades individuales. Pero existe una consecuencia institucional que ya resulta imposible ignorar.
Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender.
Los cuarteles, los uniformes, los grados permanecen. Pero el código moral que daba sentido a todo ello se desvanece.
Los acontecimientos recientes hacen imposible seguir ignorando esa realidad.
Primero, quedó en evidencia la incapacidad de una institución profundamente politizada y empeñada en sostener el proyecto de poder con el que terminó identificándose durante años y, sin intervención alguna, aceptó pasivamente someterse a la dominación extranjera que retó hasta el cansancio. Si fue traición, deslealtad, incompetencia o cobardía de esos mandos, da por igual.
Para la Nación, el resultado termina siendo el mismo: la pérdida de confianza en quienes estaban llamados a defender lo que decían proteger, rodilla en tierra.
Después llegó la tragedia.
Mientras miles de venezolanos necesitaban la suprema urgencia de un rescate, transporte, ingeniería militar, logística, comunicaciones, hospitales de campaña y la capacidad organizativa
que históricamente ha distinguido a las Fuerzas Armadas del mundo, la respuesta percibida por quienes padecían la emergencia estuvo muy lejos de lo que la magnitud de la situación exigía.
Y desde allí surge una pregunta que todo venezolano tiene derecho a formular:
¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?
La pregunta es legítima porque ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia. Existe para cumplir una misión. Cuando deja de cumplirla, la Nación no solo tiene el derecho, sino el deber, de preguntarse si esa institución continúa mereciendo la confianza que la sociedad deposita en ella.
Pero existe una reflexión todavía más profunda.
Ser militar nunca ha consistido en vestir un uniforme ni en ostentar un grado.
El uniforme puede confeccionarse en una fábrica y los grados pueden conferirse mediante un acto administrativo. Ninguno de ellos convierte a una persona en militar.
Lo que verdaderamente define al militar es un código de conducta. Un compromiso ético que antecede incluso al uso del uniforme. Es ese código el que da sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al ejercicio de las armas.
No es una opinión personal. Es la propia esencia institucional, consagrada en nuestra legislación militar. El valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen las más altas virtudes del militar. Y añade una afirmación de enorme trascendencia: no puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud, porque mal puede ser guardián de la libertad, de la honra o de la independencia de la patria quien ha renunciado a esas virtudes.
Esta reflexión no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Muchos han servido con honor. Muchos han sufrido en silencio la degradación institucional. Otros fueron desplazados precisamente por mantenerse fieles al juramento que hicieron. A todos ellos les expreso mi respeto.
Mi reflexión apunta a quienes, desde el mando, permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido y, con ello, desviaron a la institución de su propósito para que lo perdiera.
Frente a esta realidad, Venezuela necesita abrir un debate legítimo e impostergable.
Un debate que va más allá de preguntarse si quienes han deshonrado esos principios pueden seguir representando la institución que dicen conducir.
El verdadero debate consiste en determinar si la institución puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si la magnitud del daño es de tal gravedad que exige un proceso de refundación institucional que permita reconstruir, desde sus cimientos, una Fuerza Armada verdaderamente republicana.
Cómo en todo debate aparecerán otras posiciones que permitirán contrastar argumentos y diseñar decisiones. Allí esta la esencia de un debate que se hace impostergable.
Porque la Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes. Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación. Solo entonces podrá hablarse de una auténtica refundación institucional.
Esa decisión no pertenece a los militares, ni siquiera al gobierno que la dirige.
Pertenece a la Nación que requiere de su protección. Y ese es un derecho de los ciudadanos. Venezuela necesita una Fuerza Armada.
Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando.
Porque una institución puede conservar sus cuarteles, sus armas, sus grados y sus uniformes…
…y, sin embargo, haber dejado de tener militares al mando y desviado su propósito.
Por esa razón, y en atención al interés público, reproduzco a continuación el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército Venezolano.
Lo reproduzco para que cada ciudadano disponga de un criterio propio con el cual valorar la conducta de quien viste un uniforme militar.
Y, si alguna vez tiene a su frente a una persona que viste uniforme militar, compare su conducta con el compromiso contenido en este Código. Y hasta podría entregarle una copia, no para ofender ni para humillar. Entregarla con el respeto que este Código merece.
Quizá quien la reciba necesite recordar el juramento que un día hizo ante la República. Quizá quien la reciba sea solo un delincuente que viste uniforme militar.
Después de eso, no será necesario que nadie le diga qué pensar.
Bastará con comparar el Código de Honor con la conducta de quien viste el uniforme militar.
