Por David Morán Bohórquez
La nueva apertura petrolera venezolana, la 2.0, pretende presentarse como el comienzo de una nueva etapa: regreso de la inversión privada, capital extranjero, participación de empresas estadounidenses y europeas, recuperación de la producción y, sobre todo, seguridad jurídica.
Pero una operación que involucra a una Pyme de California y a los antiguos socios privados de Petrodelta plantea una pregunta incómoda pero pertinente que el nuevo modelo petrolero venezolano tendrá que responder:
¿Seguridad jurídica para quién?
El caso me es particularmente relevante porque ocurre en momentos en que Venezuela busca reconstruir su industria energética bajo una fuerte influencia de Estados Unidos y atraer nuevamente miles de millones de dólares de capital internacional.
La muy pequeña compañía estadounidense involucrada es Pacific Coast Energy Company (PCEC), una productora independiente con experiencia en campos maduros y crudos pesados en California.
Una estimación razonable de los ingresos brutos provenientes de su producción podría estar aproximadamente entre USD 35 y 45 millones anuales, dependiendo fundamentalmente del volumen realmente atribuible a PCEC y del precio realizado
Su escala en Estados Unidos es mínima frente a gigantes como Chevron, ExxonMobil o ConocoPhillips, pero ahora está dando un salto extraordinario: operar activos petroleros venezolanos que anteriormente estaban en manos de Petrodelta.
Y es precisamente allí donde comienza el problema.
De Petrodelta a PCEC
Petrodelta era una empresa mixta en la que Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenía el 60% y DP Delta Finance B.V., vinculada a la familia del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros, y a otros empresarios locales, el 40%.
La empresa tenía derechos sobre seis campos petroleros del oriente venezolano: Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Según la familia Cisneros, esos derechos contractuales se extendían hasta 2042.
Sin embargo, en 2026 el gobierno interino venezolano inició un procedimiento administrativo contra Petrodelta y posteriormente revocó los derechos de DP Delta. La explicación oficial se relaciona con supuestos incumplimientos de “obligaciones financieras, de inversión e infraestructura”.
Los representantes de DP Delta rechazan esa versión. Sostienen que los incumplimientos fueron alegados sin que la empresa tuviera una oportunidad adecuada para defenderse y cuestionan la legalidad del procedimiento.
No corresponde afirmar, sin una decisión judicial que lo determine, que la revocación haya sido ilegal. Pero sí corresponde formular una pregunta central: ¿fue transparente y garantista el procedimiento mediante el cual unos derechos petroleros fueron revocados y posteriormente reasignados?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia por la rapidez con la que apareció el nuevo operador.
La cronología que llama la atención
Según información publicada por The Wall Street Journal, ejecutivos de PCEC visitaron las instalaciones de Petrodelta en Maturín en abril, mientras avanzaban conversaciones entre la compañía estadounidense y autoridades venezolanas.
Posteriormente, en mayo, se inició el procedimiento contra DP Delta y en junio se produjo la revocación de sus derechos. En julio, PCEC anunció que estaba cerca de cerrar un acuerdo con PDVSA para operar los activos. Para agosto, la operación ya estaba prácticamente formalizada y la compañía estadounidense comenzó a preparar la reactivación de los campos.
La secuencia merece atención:
Conversaciones previas → Visita de PCEC → Procedimiento administrativo → Revocación contractual → Nuevo contrato → Entrada del nuevo operador
Nada de esto demuestra por sí mismo que PCEC haya cometido una irregularidad, ni tampoco que Estados Unidos haya ordenado quitarle los activos a la familia Cisneros. Pero sí plantea una cuestión elemental de transparencia: ¿cuándo comenzó realmente a negociarse la transferencia de esos activos y quién conocía el proceso?
Si PCEC estaba evaluando los campos antes de que el antiguo socio privado supiera que sus derechos estaban en peligro, resulta legítimo preguntar cómo se produjo esa evidente coordinación.
El factor estadounidense
La pregunta adquiere otra dimensión porque Venezuela ya no se encuentra en el mismo contexto político en el que se produjeron las anteriores aperturas petroleras. Estados Unidos tiene ahora una influencia extraordinariamente importante sobre la política económica venezolana y está promoviendo el regreso de capital estadounidense al sector energético.
Washington busca que Venezuela vuelva a producir petróleo, aumente sus exportaciones y sea capaz de atraer inversiones de largo plazo. Ese objetivo tiene una lógica económica evidente: Venezuela necesita capital, tecnología, conocimiento gerencial, equipos, servicios y acceso a mercados.
Pero existe una diferencia fundamental entre promover la inversión estadounidense e intervenir en la asignación de activos específicos.
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Washington haya ordenado o negociado directamente la salida de Cisneros y la entrada de PCEC. De hecho, The Wall Street Journal reportó que un funcionario de la Casa Blanca señaló que la administración Trump respalda la inversión estadounidense en Venezuela, pero que no intervino para promover específicamente esta operación.
La prudencia obliga a detenerse allí. No hay que convertir una coincidencia política en una conspiración, pero tampoco hay que ignorar el contexto.
Una pequeña petrolera frente a los gigantes
Hay otro elemento particularmente llamativo. Mientras grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips mantienen una actitud mucho más cautelosa frente a Venezuela debido a su experiencia histórica con expropiaciones, confiscacioes y cambios contractuales, PCEC ha avanzado con mucha mayor rapidez.
La compañía estadounidense afirma haber levantado USD 800 millones en una combinación de capital, deuda y financiamiento comercial para financiar sus operaciones iniciales en el país. Eso es aproximadamente 20 veces la facturación anual que podemos inferir de sus actuales operaciones californianas. No estamos hablando necesariamente de USD 800 millones aportados directamente por accionistas —la cifra incluye diferentes modalidades de financiamiento—, pero aún así es una suma extraordinariamente grande si se compara con la escala de PCEC en California.
Su estrategia es distinta a la de una gran petrolera integrada. PCEC está especializada en campos maduros, crudos pesados y recuperación de producción mediante tecnologías como recuperación secundaria, rehabilitación de pozos e infraestructura.
Eso encaja perfectamente con una de las necesidades más urgentes de Venezuela: recuperar rápidamente la producción en campos que han sufrido años de falta de inversión y deterioro. Desde una perspectiva estrictamente técnica, tiene sentido. El problema no es necesariamente quién opera los campos, sino cómo llegó a ellos.
La verdadera prueba de la seguridad jurídica
La nueva apertura petrolera venezolana necesita convencer al mundo de que algo cambió. Durante décadas, el principal problema de Venezuela para atraer inversión extranjera no fue la falta de petróleo: fue la falta de confianza.
Los inversionistas internacionales recuerdan las expropiaciones, las modificaciones unilaterales de contratos, las disputas arbitrales y la politización de la industria. Por eso, la nueva promesa debe ser mucho más que recordar que Venezuela posee enormes reservas. La verdadera promesa debe ser: «Si usted invierte en Venezuela, sus derechos estarán protegidos por reglas estables».
Pero esa promesa tiene una condición indispensable: la seguridad jurídica no puede proteger únicamente al nuevo inversionista; también debe proteger al inversionista que ya estaba allí. Si un contrato puede ser revocado por decisión administrativa de un gobierno interino y los activos transferidos rápidamente a otro operador, cualquier participante extranjero se hará la misma pregunta: ¿Podría ocurrirme a mí mañana?
Esa inquietud es mucho más pesada que cualquier presentación ejecutiva sobre la nueva etapa petrolera.
La paradoja de Petrodelta
Aquí aparece la paradoja. Venezuela busca atraer a ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips y a decenas de compañías independientes para que inviertan miles de millones de dólares. Pero esas compañías observan con atención cómo se resuelven las disputas existentes. Tienen departamentos jurídicos potentes y competentes.
La seguridad jurídica se demuestra en el conflicto. Cuando todo marcha bien, cualquier país parece atractivo. La verdadera prueba llega cuando dos empresas reclaman el mismo activo, cuando existe un contrato anterior y cuando el Estado debe decidir entre respetar un derecho existente o modificarlo de forma arbitraria. Es allí donde se construye —o se destruye— la confianza.
¿Un nuevo reparto de la renta petrolera?
Venezuela necesita urgentemente inversión privada; tanto nacional como extranjera. No existe otra manera realista de recuperar la industria. Pero abrir el sector no puede significar simplemente cambiar los nombres de quienes reciben los activos.
Una verdadera reforma exige establecer reglas generales, transparentes y previsibles:
- Licitaciones o procedimientos públicos claros.
- Contratos accesibles al escrutinio público
- Criterios técnicos y financieros verificables.
- Mecanismos independientes de solución de controversias.
- Respeto al derecho a la defensa e igualdad ante la ley.
Si el Estado puede retirar los derechos de un inversionista y entregarlos a otro sin un procedimiento transparente y revisable, no estamos ante un nuevo marco de seguridad jurídica, sino ante un nuevo reparto administrativo de la renta petrolera. Ante arrebatos anteriores pero en nuevos tiempos
Transparencia necesaria
La cuestión es aún más delicada por el nuevo mapa de relaciones internacionales. Si Estados Unidos ejerce hoy una influencia decisiva (tutelaje) sobre el entorno económico venezolano, cualquier operación de gran escala que beneficie a una empresa estadounidense será examinada con lupa.
Por ello, la situación exige respuestas claras a interrogantes fundamentales:
- ¿Quién decidió la transferencia de los activos?
- ¿Cuándo comenzaron formalmente las conversaciones con PCEC?
- ¿Cómo se estructuran los USD 800 millones anunciados?
- ¿Cuáles serán las participaciones y beneficios reales para PDVSA y el Estado venezolano?
- ¿Qué cauce legal tendrá la reclamación de DP Delta?
Son preguntas legítimas que deberían ser respondidas con voz alta y clara públicamente.
El verdadero pecado
La apertura petrolera venezolana no peca por abrir las puertas al capital estadounidense; todo lo contrario, Venezuela requiere esa inversión.
El verdadero pecado sería abrir las puertas sin abrir también los contratos, las decisiones y los procedimientos al escrutinio público. Sería sustituir una vieja opacidad por una nueva. Sería que la seguridad jurídica terminara dependiendo de quién es el inversionista, de dónde proviene su capital o de qué nivel de acceso político dispone.
Si la nueva apertura petrolera quiere convencer a los grandes mercados e instituciones financieras internacionales de que Venezuela ha cambiado, tendrá que demostrarlo no solo cuando firma contratos nuevos, sino fundamentalmente cuando gestiona los contratos anteriores.
El caso Petrodelta es la primera gran prueba. El petróleo venezolano puede volver a abrirse al mundo, pero la pregunta de fondo persiste: ¿será capaz Venezuela de hacerlo bajo reglas iguales para todos?
La seguridad jurídica no consiste en asegurarle el negocio al recién llegado, sino en garantizar que a nadie se le despoje de su contrato sin un proceso transparente, legítimo y justo. Ese es el límite exacto donde termina una simple asignación petrolera y donde comienza un verdadero Estado de derecho.
¿Seguridad jurídica para quién?
Esa pregunta debería estar sobre la mesa antes de celebrar cualquier nueva apertura petrolera venezolana.
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad
En X: @morandavid
