A raíz de los actuales acontecimientos, sin precedente alguno en toda nuestra historia republicana, cabe enfatizar que en Venezuela no hay Estado de derecho. No es una perogrullada, es importante precisarlo para comprender la real situación que transitamos en el país con el tutelaje de Estados Unidos y las ejecutorias de una administración funcional. Justo es mencionar que esa carencia no deriva de los hechos ocurridos a partir del 3 de enero de este año. La destrucción sistemática de ese Estado de derecho, casi que a niveles de extinción, comenzó desde el momento mismo en el que fue aprobada la Constitución de 1999, en la forma tan explícita como la expone nuestro gran jurista Allan R. Brewer-Carías en su trabajo “Sobre el Estado de derecho en Venezuela y su desintegración bajo el régimen autoritario”, al que echaremos mano en estas líneas con el propósito de reivindicar el mérito pedagógico de su obra sintonizada con estos tiempos. En efecto, se refiere el autor a la desconstitucionalización del Estado como una de las causas que provocaron la desintegración de los principios que lo rigen. Así pasó cuando fueron quebrantados con “el proceso de sanción de la propia Constitución, producto de una Asamblea Nacional Constituyente mal conformada y peor estructurada, para cuya convocatoria se violó la Constitución anterior de 1961 que no establecía ni regulaba la figura de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Peor ha sido el haber convertido a la vigente Constitución en un manojo normativo de letras muertas. La ineficacia de su regulación, conllevó al quebrantamiento de los demás principios: La soberanía popular y la representatividad democrática, la separación de poderes, la declaración de derechos fundamentales, el principio de legalidad y el control jurisdiccional de los actos del Estado. El régimen hizo trizas a aquel “librito azul” que mostraba con vehemencia para untarle los santos óleos a la “moribunda”.
Comparto con el autor que el deterioro de los principios de la supremacía constitucional, representatividad democrática, separación de poderes y garantía de los derechos humanos “ha afectado de muerte a los otros dos principios del Estado de derecho en el país, que son los principios de legalidad y del control judicial de las acciones del Estado”. Un Poder Judicial sumiso al Ejecutivo, capaz de “legitimar” el descomunal fraude del 28J, es el mejor ejemplo de la deslegalización y desjudicialización del Estado. Pasar de un presidente electo a una encargada de facto, no es poca cosa. El efecto del triunfo electoral se diluyó por el pragmatismo gatopardiano de un régimen de facto acostumbrado a engañar, mentir y traicionar. Cabe alertar, por su naturaleza, que muchos de sus actos van en contravía de los ansiados alcances geopolíticos y estratégicos previstos para Venezuela. Creen los del régimen que tal como la garza blanca pasarán impolutos por el pantano. Deben entender que solo son los operadores del nunca jamás.
Pretenden guardar las apariencias de que rige un Estado de derecho para impedir la tramitación de extradiciones cuando no fue necesaria para el 3 de enero. Tal cual es, cuando los actuales funcionarios de facto admiten -como si fuese algo normal- que existen más de 11.000 casos de excarcelados con medidas cautelares, erigiéndose en perdonavidas con una aberrante ley de amnistía, tan discrecional como innecesaria, como si realmente fuese un ejercicio soberano de un pretendido poder legislativo, hoy carente de legitimidad. Bastaba abrir las cárceles, pero nunca han tenido voluntad política para procurar salidas democráticas.
Toda esta caricatura, nos enseña que un Estado de derecho no se materializa por su enunciación constitucional, ni mucho menos porque se decrete; se construye y cobra vida en la medida en que funcionen instituciones que lo legitimen y se asuma que una verdadera administración de justicia solo tendrá lugar si existe un Estado de derecho.
Por Víctor A. Bolívar
FEBRERO 25, 2026
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