Por Juan de Diego
Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela dejan más preguntas que respuestas. Según el mandatario, tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración de una nueva etapa política en el país, los venezolanos «están contentos», la economía se ha revitalizado gracias al petróleo y tanto Venezuela como Estados Unidos están obteniendo ganancias extraordinarias de la industria energética.
«Tenían un mal sistema. Ahora están ganando más dinero para el país del que nunca antes habían ganado, y nosotros también estamos ganando mucho dinero”, dijo ayer.
Sin embargo, hay un detalle llamativo: Trump no mostró una sola cifra que respalde sus afirmaciones.
El presidente aseguró que se han extraído millones de barriles de petróleo y que el país está obteniendo más ingresos que nunca. Si tales resultados existen, deberían ser fácilmente demostrables mediante indicadores verificables: producción diaria, exportaciones, ingresos fiscales, regalías petroleras, participación de empresas privadas y balances auditados de la industria.
La ausencia de estos datos, en sus declaraciones, alimenta una interrogante inevitable. ¿Está evitando la Casa Blanca divulgar las cifras porque podrían revelar que los resultados reales están muy por debajo de las expectativas generadas por la llamada «apertura petrolera»? Después de todo, durante meses se prometió una rápida recuperación de la producción venezolana, un aumento masivo de las exportaciones y una transformación económica impulsada por el sector energético.
Pero la responsabilidad principal de rendir cuentas no recae sobre Trump.
Quien sí está obligada a hacerlo es Delcy Rodríguez. Como máxima autoridad política vinculada al manejo económico y energético del país durante los últimos años, y como integrante fundamental de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Rodríguez no puede presentarse como una observadora externa de la crisis petrolera venezolana, lo cual pretende con su asombrosa sumisión.
La misma dirigente que hoy celebra la recuperación del sector, ella ahora impuesta por EEUU, fue parte de la estructura de poder que produjo el deterioro de la industria durante más de una década. Por ello, más que discursos optimistas, el país necesita información transparente y verificable.
La rendición de cuentas resulta especialmente relevante porque Venezuela continúa enfrentando problemas económicos significativos. La inflación sigue afectando el poder adquisitivo, los servicios públicos mantienen deficiencias estructurales y amplios sectores de la población aún no perciben una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Los trabajadores de Venezuela tienen hoy el salario mínimo más bajo del continente.
Si efectivamente la industria petrolera está generando ingresos récord, los venezolanos tienen derecho a conocer cuánto petróleo se produce, cuánto se exporta, cuánto dinero ingresa a las arcas públicas y cómo se están utilizando esos recursos.
La transparencia no debería ser una opción política sino una obligación institucional.
Las afirmaciones de Trump pueden servir como herramienta de propaganda para mostrar el éxito de su política hacia Venezuela. Sin embargo, sin datos auditados y accesibles, corren el riesgo de convertirse en simples declaraciones políticas incapaces de resistir el escrutinio técnico.
Un elemento que no puede ignorarse es el impacto que la falta de transparencia tiene sobre la confianza. La industria petrolera internacional no toma decisiones de inversión basándose en discursos políticos, sino en datos verificables, auditorías independientes y reglas claras. Sin cifras confiables sobre producción, exportaciones, ingresos y condiciones operativas, las empresas petroleras podrían comenzar a perder el limitado interés que hasta ahora han mostrado por regresar o ampliar sus operaciones en Venezuela.
La incertidumbre es uno de los principales enemigos de la inversión. Ninguna compañía está dispuesta a comprometer miles de millones de dólares en proyectos de largo plazo si no puede evaluar con precisión la situación real del sector. La opacidad que caracterizó a la industria durante los años del chavismo fue precisamente uno de los factores que contribuyó a la fuga de capitales, la paralización de proyectos y el deterioro de la capacidad productiva nacional.
Al mismo tiempo, la paciencia de los venezolanos tampoco es infinita. Después de 27 años de chavismo, marcados por el colapso de la producción petrolera, la destrucción del salario, la emigración masiva y el deterioro de los servicios públicos, la población tiene razones más que suficientes para exigir resultados concretos y no solamente promesas. Los ciudadanos necesitan percibir mejoras reales en su calidad de vida, empleo, ingresos y acceso a servicios básicos.
Por ello, la publicación periódica de cifras auditadas no es un asunto técnico menor. Se trata de una necesidad política, económica y social. Sin transparencia será difícil atraer inversiones, recuperar plenamente la industria petrolera y sostener la confianza ciudadana en el proceso de recuperación. Las declaraciones optimistas de Donald Trump, muchas hasta hiperbólcias, pueden generar titulares, pero tercamente son los números verificables los que determinarán si Venezuela avanza realmente hacia la prosperidad o si se encuentra frente a una nueva narrativa construida sobre expectativas que aún no han sido demostradas.
Los riesgos de esta falta de transparencia no son iguales para todos los actores involucrados. Son asimétricos. Para Donald Trump, el principal peligro es político: si las cifras reales terminan contradiciendo el relato de éxito que hoy promueve sobre Venezuela, su credibilidad pública podría verse seriamente afectada. Después de haber presentado la recuperación petrolera venezolana como una evidencia de la eficacia de su política exterior, cualquier discrepancia entre el discurso y los resultados sería utilizada por sus críticos como prueba de una estrategia sobredimensionada o fallida.
Para Delcy Rodríguez, sin embargo, el riesgo es mucho mayor. La publicación de datos auditados e independientes no solo permitiría evaluar el desempeño de la actual administración, sino también revisar la gestión de los recursos petroleros durante los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, período en el que ella ocupó posiciones de máxima responsabilidad dentro del aparato estatal.
La transparencia podría abrir interrogantes incómodas sobre el destino de cientos de miles de millones de dólares obtenidos por Venezuela durante los años de altos precios del petróleo, así como sobre las decisiones que condujeron al colapso de la producción nacional. En ese contexto, la opacidad no solo protege una narrativa política; también dificulta la reconstrucción de responsabilidades sobre uno de los mayores procesos de destrucción de riqueza pública registrados en América Latina.
Por ello, mientras Trump arriesga su reputación política, Delcy Rodríguez podría estar arriesgando algo más importante: la posibilidad de mantener cerradas las preguntas sobre la gestión de los recursos petroleros durante más de dos décadas de chavismo. La transparencia no solo permitiría medir el éxito o fracaso de la recuperación actual; también podría iluminar zonas oscuras de un pasado que muchos dentro del poder preferirían dejar sin investigar. Ella incluída
Las nuevas institucionalidades suelen ser muy severas a la hora de juzgar el pasado.
La pregunta sigue abierta: si los números son tan buenos como afirma Trump, ¿por qué nadie los muestra? Y más importante aún, ¿cuándo explicará Delcy Rodríguez, con cifras auditadas y verificables, qué ocurrió con la industria petrolera durante los años de colapso y cómo se están administrando hoy los recursos de la principal riqueza del país?
