Extraer de la lista no es un gesto insignificante ni bondadoso, tampoco de trámite protocolar. Tiene un precio. La certificación del nuevo orden en Venezuela, construido sobre pragmatismo, concesiones y una pregunta moral que nadie responde.
Lo que hace tres meses se insinuaba como posibilidad remota es hoy realidad consumada. La exclusión oficial del elenco no constituye un escueto movimiento en el tablero; es el corolario de la transformación del mapa político, y síntoma elocuente de hasta dónde llega la praxis cuando el interés estratégico supera el principio moralista.
Durante años, Washington apostó por la presión, castigos selectivos, aislamiento financiero, reconocimiento de un gobierno paralelo. Acciones que no derrumbaron al oficialismo, lo quebrantaron, pero no lo suficiente. El escenario hoy, es diferente, Estados Unidos ha dejado de ser el actor externo que presiona desde afuera, para convertirse en operario de la transición que él mismo define. La Casa Blanca pasa a la gestión directa, cambiando el método y el débito moral.
La transformación comenzó, cuando las fuerzas estadounidenses invitaron, por requerimiento de un tribunal federal, al ilegítimo usurpador a rendir cuenta por varios cargos y de narcotráfico. Desde entonces, el oficialismo despliega una estrategia que combina continuidad institucional, Tribunal Supremo de Justicia; purga de figuras emblemáticas; sustitución y alejamiento de oficiales vinculados a la ignominia. En palabras de la representante oficial, trabajo para «edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva». La frase es burocrática. Lo que describe no.
Las condiciones del acuerdo tienen contrapartidas que incluyen: apertura del sector energético, minerales y tierras raras a empresas estadounidenses; aceptación de licencias con precisiones de no operar con China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte, seguridad hemisférica, eliminar grupos terroristas, carteles y otros menesteres que pronto se sabrán. Los fondos de las transacciones son depositados en cuentas bajo control de Washington, y la embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones para vigilar de cerca el cumplimiento. Es una apertura calculada con atención al detalle.
El secretario de Estado, Marco Rubio, la califica como «avanzando muy bien» y subraya que el objetivo prioritario fue evitar tres catástrofes: guerra civil, colapso sistémico o migración masiva. Ninguna se ha materializado. Donald Trump, por su parte, insiste en que el esquema venezolano serviría de modelo para otras naciones. La afirmación merece más que un titular. ¿Qué tipo de modelo es este? ¿Uno donde la legitimidad se construye por decreto de la potencia extranjera, no por el sufragio de los gobernados? La pregunta no tiene respuesta fácil, y la historia está sembrada de contestaciones que llegaron demasiado tarde.
El marco sancionatorio contra Venezuela se mantiene vigente, renovado, con restricciones y apertura controlada. Washington no absuelve ni perdona la dictadura violadora de la Constitución, derechos humanos y acreedora de crímenes de lesa humanidad, no obstante, decidió administrarla. Y, la pregunta moral: ¿puede construirse una democracia sobre el pacto con quienes la destruyeron?
La fragilidad es evidente, Delcy Rodríguez transita en la cuerda floja entre las exigencias de la Casa Blanca y demandas de sus bases de apoyo; por cierto, de las cuales se va diferenciando, con mensajes entre líneas. El ministro del Interior, aun integrante de la lista de los más buscados con recompensa, es un caso complejo, permanece en el cargo, sus amigos se alejan; y resulta, un contrapeso que complica cualquier intento de democratización genuina. La estabilidad actual no es sinónimo de transición, es condición necesaria, pero no suficiente.
Hay tensión filosófica que ningún comunicado resuelve. Isaiah Berlin (filósofo británico) advertía que las grandes tragedias políticas no nacen del enfrentamiento entre el bien y el mal, sino del choque entre dos bienes incompatibles. En Venezuela confluyen la necesidad de estabilidad y la exigencia de justicia, el pragmatismo que evita el colapso y el principio que exige rendición de cuentas. Delcy Rodríguez personifica esa colisión. Es, a la vez, parte del problema y de la solución que otro ha decidido imponer.
La eliminación de las sanciones cierra un capítulo de coerción selectiva. Pero lo que abre es más incierto. El tiempo dirá si este pacto es el inicio de una transición estable hacia elecciones democráticas reales, o si es la última forma que adopta la complicidad cuando viste indumentaria de realpolitik. De momento, unos celebran, otros administran. Y, Venezuela, espera que alguien le pregunte: qué quiere.
Armando Martini Pietri
@ArmandoMartini
