Por Alberto Ray
En su calle de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, Antonio Sierra ha visto vaciarse casi todas las casas de sus vecinos. Tiene 72 años y sus tres hijos se fueron del país, cada uno por su lado, buscando trabajo mientras transitan errantes de un país a otro. Uno de ellos dejó atrás a un bebé llamado Rafael, que hoy tiene siete años y hace poco también vio partir a su maestra de primer grado. “Ahorita este es un país de gente mayor”, resumió Sierra a finales de 2024 ante un equipo de reporteros que visitó su barrio. No hablaba en sentido figurado. A su alrededor, los abuelos se han convertido en el último eslabón adulto de miles de hogares venezolanos.
Maracaibo fue durante décadas la segunda ciudad más importante del país y el corazón de su industria petrolera, con un centro de convenciones diseñado para recibir a las empresas que llegaban a hacer negocios junto al lago. De sus 2,2 millones de habitantes, cerca de medio millón se ha marchado en años recientes, dejando comunidades enteras con miles de viviendas vacías. “El primer golpe que se siente es la soledad”, resumió en 2024 el entonces alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, ante la prensa internacional que documentaba el fenómeno.
Semanas después de esas declaraciones, el 1 de octubre de 2024, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron a Ramírez Colina en la sede de la alcaldía, junto a varios de sus colaboradores, sin que mediara explicación pública ni causa judicial conocida. El alcalde que había puesto en palabras la soledad de su ciudad terminó, él mismo, convertido en otra de las ausencias que describía.
Lo ocurrido en Maracaibo no ha sido un caso aislado sino la fotografía local de un fenómeno mucho más extendido. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la llamada Plataforma R4V, cerca de 600.000 venezolanos vivían fuera del país en 2015. Para finales de 2024 esa cifra había subido a casi ocho millones, con más del 85% instalado en América Latina y el Caribe. Es la segunda mayor crisis de desplazamiento del planeta, apenas detrás de la generada por la guerra de casi 14 años en Siria, y equivale, si la lleváramos en proporción a los Estados Unidos, como si toda la población combinada de California y Florida hubiera abandonado el territorio en menos de una década.
Las cifras, sin embargo, no captan del todo la complejidad del fenómeno. Cada persona que sale de Venezuela deja detrás un vacío familiar que ninguna remesa logra llenar, mientras que su llegada a una nación extranjera presiona a sociedades y gobiernos que ya operaban al límite de su propia capacidad de respuesta. Colombia, Perú y Chile, los tres principales receptores, enfrentaron en distintos momentos brotes de xenofobia y tensiones puntuales en sus sistemas de salud y educación, desproporcionados frente al tamaño real de la población migrante que los desbordaba. El riesgo (líquido) entonces ya no se limita a un territorio ni a una generación. Se propaga en cadena, sin fronteras que lo contengan.
A partir de 2016, este éxodo comenzó a salir de toda contención, no porque algún ejército haya invadido Venezuela. Ninguna bomba cayó sobre Maracaibo, ni sobre Caracas, ni sobre cualquier otra de las ciudades que mes a mes se fueron vaciando. La particularidad del fenómeno es tal, que rebasa los promedios históricos de migración de las guerras convencionales. Sólo como ejemplo, vale señalar que en 1940, con la ocupación nazi de Francia, alrededor de 9 millones de franceses emigraron, de un total de cerca de 42 millones de habitantes, es decir, el 21,4% de la población. Se estima que el caso venezolano ha alcanzado el 26%.
En 1989, William Lind, estratega militar norteamericano, publicó un ensayo, junto a tres coautores, bajo el título «El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación». Su argumento de fondo era que la Paz de Westfalia de 1648, al otorgarle al Estado el monopolio exclusivo de la guerra, había cerrado apenas temporalmente un capítulo mucho más antiguo. Aquel en el que familias, tribus, ciudades y empresas libraban conflictos por medios que no se limitaban a ejércitos ni a armadas. La cuarta generación, escribió Lind, sería el regreso de esa dispersión, un mundo donde la línea entre el combatiente y el civil, entre el crimen y la guerra, entre el Estado y quienes lo desafían, se licúa hasta volverse casi imposible de trazar.
Venezuela ofrece hoy un catálogo casi completo de esa dispersión. En los estados fronterizos de Táchira, Apure, Zulia, Bolívar y Amazonas, el ELN y las disidencias de las FARC ejercen desde hace años una autoridad paralela que va mucho más allá del combate armado, administran la distribución de las cajas de alimentos, controlan minas de oro y cobran impuestos de guerra a ganaderos y comerciantes, todo ello tolerado, cuando no directamente facilitado, por las autoridades venezolanas. En el centro del país, el Tren de Aragua construyó desde la cárcel de Tocorón, donde operó con relativa libertad durante casi una década hasta la intervención militar de 2023, una red de zonas de paz que sustituyó al Estado como autoridad efectiva en decenas de comunidades. El terrorismo de Estado tuvo su rostro más visible en las FAES, un cuerpo policial responsable, según cifras que Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideran mayoritariamente ejecuciones extrajudiciales, de miles de muertes catalogadas oficialmente bajo el eufemismo de “resistencia a la autoridad”, cuyas prácticas sobrevivieron a su disolución formal en 2022, heredadas, según documentó la misión independiente de la ONU, por una nueva dirección con otras siglas. Y en el nivel más íntimo, el de la cuadra y el edificio, los colectivos armados pro-régimen convirtieron a una porción de la propia población civil en proxys del poder, vecinos que vigilan a vecinos, un mecanismo que la misma misión de la ONU documentó como parte del entramado represivo. La propaganda, el quinto engranaje de este dispositivo, merece un capítulo propio y lo tendrá en el próximo ensayo.
Esta guerra de cuarta generación no ha necesitado armas convencionales, aunque sí muchos equipos para la represión. El modelo ha operado a partir de dos variables: la primera, la “gerencia” de la incertidumbre a través del mecanismo comunicacional, del cual hablaremos en la próxima entrega, y la segunda, mediante el control de los sistemas de los que depende la supervivencia cotidiana, el acceso a los alimentos, las medicinas, la electricidad, el gas doméstico, el agua potable, el combustible y las telecomunicaciones.
Esa ausencia de balas (aunque no de violencia), en el sentido convencional de la guerra, no ha significado ausencia de muertos. Durante el cuarto de siglo del chavismo, Venezuela ha sido el campo de batalla de la violencia homicida más intensa del continente, con cientos de miles de ciudadanos fallecidos en las calles, víctimas del hampa y de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero a partir de 2018 esos números comenzaron a decrecer porque sencillamente ya no había gente en las calles. Fue la etapa cuando muchos comenzaron a irse caminando por las fronteras. Aquí vale mencionar el cruce de la selva del Darién, que dejó cientos de muertes en sus trochas, o el caso del páramo de Berlín, en el departamento colombiano de Santander, el punto más alto de la carretera entre Bucaramanga y Pamplona, a casi 2.800 metros de altura, donde la temperatura puede caer varios grados bajo cero. En septiembre de ese año, el refugio Espíritu Santo de Tunja documentó al menos 17 muertes de caminantes venezolanos por hipotermia y paros respiratorios en apenas unas semanas, varias de ellas, niños. No hubo parte de guerra ni cifra oficial consolidada. Solo cuerpos enterrados a la orilla de la carretera y familias que, según contaron quienes sí lograron cruzar, muchas veces ni siquiera llegaron a enterarse de cómo habían muerto los suyos.
La mayoría de los venezolanos prefiere no usar la palabra «guerra» para describir lo que ha vivido. Hablan de crisis, de conflicto, de la dictadura, de la situación del país. Esa elección de lenguaje no es casual. Funciona como un mecanismo psicológico de defensa frente a una experiencia demasiado traumática para nombrarla sin rodeos, pero también revela algo más profundo, la sofisticación de una forma de dominación diseñada precisamente para operar por debajo del umbral de la percepción consciente. Es difícil declararse en guerra cuando ni siquiera se tiene plena conciencia de estar librándola.
Esta lógica encaja con precisión en el modelo que hemos venido trazando a lo largo de la serie. Los totalitarismos sólidos del siglo XX necesitaban un orden visible y una estructura predecible para ejercer el control. El poder líquido invierte esa ecuación y domina precisamente a través del caos aparente, de la relativización constante de los límites entre lo legal y lo ilegal, de una incertidumbre que nunca termina de resolverse en una u otra dirección. No hace falta una mente maestra que dirija cada movimiento desde un único centro de mando. Basta con que el sistema mantenga a la población en un estado permanente de supervivencia básica, demasiado ocupada en conseguir comida, gasolina o un cupo en un autobús hacia otro país como para organizar cualquier respuesta política sostenida.
La migración, además, dejó de ser solo una consecuencia del colapso para convertirse también en un instrumento. En octubre de 2018, una caravana de cerca de siete mil personas, en su mayoría hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, avanzó hacia la frontera sur de México con la intención declarada de llegar a Estados Unidos, constituyendo el grupo migratorio organizado más numeroso registrado hasta entonces. Una investigación de inteligencia guatemalteca sostuvo en su momento que parte del financiamiento en efectivo de esa caravana habría provenido de Venezuela, con el propósito de generar desestabilización en territorio estadounidense, aunque se trata de una fuente puntual que no ha sido posible verificar de forma independiente. Mejor documentado está un patrón más discreto y sostenido en el tiempo, redes de tráfico de personas operando en complicidad con funcionarios del propio Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano, conocido como Saime, que han facilitado vuelos hacia México para migrantes dispuestos a cruzar después la frontera y acogerse al asilo estadounidense. Es, otra vez, la misma capa de agentes adaptativos internos que describimos en el ensayo anterior, ahora operando dentro del propio aparato migratorio del Estado.
La diáspora, sin buscarlo, terminó convirtiéndose en el sostén económico de buena parte de quienes se quedaron. Según cifras del Banco Mundial, Venezuela recibió cerca de 3.800 millones de dólares en remesas durante 2024, equivalentes a casi el 4% de su producto interno bruto y un 8% más que el año anterior, aunque representaron apenas una fracción mínima del total que fluyó hacia toda América Latina y el Caribe ese mismo año. Ese dinero, enviado mes a mes desde Colombia, Perú, Chile, España o Estados Unidos, cubrió la compra de alimentos y medicinas de alrededor de una tercera parte de los hogares venezolanos. El mecanismo recuerda al de las sanciones económicas que revisamos en la entrega anterior, una presión diseñada para asfixiar al régimen que, por una vía indirecta, terminó ayudándolo a sostenerse un año más.
Venezuela no inventó esta táctica, aunque la aplicó a una escala fuera de lo común. En noviembre de 2021, mientras el régimen bielorruso de Alexander Lukashenko empujaba a miles de migrantes hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como forma de presión sobre la Unión Europea, la analista Elizabeth Braw, especializada en amenazas de zona gris en el American Enterprise Institute, documentó cómo esos flujos forzados también alcanzaron a Alemania y alimentaron tensiones políticas dentro del propio bloque europeo. El patrón se repite con la misma lógica en Bielorrusia, en Venezuela y en cualquier otro punto del planeta donde un régimen de métodos líquidos descubra que mover personas puede desestabilizar tanto como mover tropas, con la ventaja añadida de que nadie puede acusar a nadie de haber disparado el primer tiro.
Lo que queda atrás, mientras tanto, no admite estadística que lo resuma del todo. Queda un país como el que describe Antonio Sierra desde su calle en Maracaibo, sostenido por abuelos que crían a nietos que apenas conocieron a sus padres, por remesas que llegan a veces sí y a veces no, pero que no reemplazan un abrazo, por maestros, médicos y vecinos que un día simplemente dejaron de estar. No hubo bombardeos ni titulares de guerra declarada. Solo casas cada vez más vacías y una edad promedio que sube sola, calle por calle, mientras el país entero sigue, contra toda lógica, en ese equilibrio inestable donde nunca llega el punto en el que todo finalmente colapsa.
