Por Anthony Hernández
El salto del dólar BCV por encima de los 700 bolívares y la deficiente respuesta oficial tras el terremoto no son hechos aislados. Son expresiones de una misma realidad: la de un poder agotado, incapaz de proteger al ciudadano, sostener la moneda o responder con eficacia ante la crisis
Venezuela vuelve a enfrentar una escena que, aunque dolorosamente conocida, no deja de ser devastadora: el bolívar perdiendo valor a un ritmo asfixiante, el dólar BCV superando la barrera de los 700 bolívares y millones de ciudadanos viendo cómo su salario se desvanece antes incluso de llegar a sus manos. No se trata de un simple episodio cambiario ni de una fluctuación aislada del mercado. Se trata de una nueva manifestación del colapso de un modelo que destruyó la confianza en la moneda, arruinó el ingreso de las familias y redujo la economía nacional a una rutina de incertidumbre, empobrecimiento y supervivencia.
Cada escalada del dólar representa una agresión directa contra la vida cotidiana del venezolano. Golpea al trabajador que cobra en bolívares y paga en una economía marcada por la referencia del dólar; golpea al comerciante que no logra sostener precios en medio de la volatilidad; golpea al productor que intenta mantenerse a flote en un entorno hostil; y golpea, sobre todo, a las familias que ven cómo la comida, las medicinas, el transporte y los servicios se alejan cada día más de sus posibilidades. La devaluación ya no es una noticia económica: es una condena social.
La ruina de la moneda
Lo más grave es que este deterioro no es accidental. La destrucción del bolívar es el resultado de años de improvisación, opacidad, emisión sin respaldo, destrucción del aparato productivo y una gestión económica incapaz de ofrecer estabilidad o confianza. El bolívar dejó de ser un símbolo de soberanía para convertirse en la evidencia más palpable de un fracaso nacional. En Venezuela, ahorrar es imposible, planificar es un privilegio y cobrar un salario en moneda local se ha convertido en una forma de empobrecimiento acelerado.
La barrera de los 700 bolívares por dólar BCV tiene, por tanto, un peso que va mucho más allá de la cifra. Es la constatación de que el país sigue atrapado en un ciclo de devaluación y deterioro donde el ciudadano paga las consecuencias de decisiones tomadas desde el poder, pero nunca corregidas con seriedad. Es la confirmación de que el modelo vigente no ha sido capaz de estabilizar la economía, ni de proteger el valor del trabajo, ni de ofrecer un horizonte mínimamente predecible para quienes intentan salir adelante.
El terremoto y el rostro de la ineficiencia
Pero si la crisis cambiaria retrata el agotamiento económico del poder, la respuesta oficial tras el terremoto terminó de revelar su agotamiento institucional. Ante una emergencia de gran magnitud, lo que el país necesitaba era coordinación, rapidez, información, presencia del Estado y capacidad de respuesta. Lo que recibió fue una mezcla de lentitud, improvisación y abandono.
Una tragedia natural pone a prueba la solidez de cualquier sistema de gobierno. Mide la capacidad de reacción, la preparación logística, la articulación de los cuerpos de emergencia y, sobre todo, la prioridad que se le da a la vida humana. En el caso venezolano, el terremoto dejó una conclusión dolorosa: el aparato estatal luce mucho más preparado para el control político y la propaganda que para atender con eficacia una situación de desastre.
La imagen que queda es profundamente reveladora. Mientras comunidades enteras enfrentaban el miedo, la pérdida y la urgencia, fueron nuevamente los ciudadanos, vecinos, voluntarios y organizaciones quienes asumieron buena parte de la respuesta inmediata. La solidaridad social volvió a llenar el vacío que dejó el Estado. Y aunque esa capacidad de organización del pueblo merece reconocimiento, también constituye una acusación directa contra quienes han vaciado al país de institucionalidad y capacidad de reacción.
La crisis de fondo
Reducir lo que hoy ocurre en Venezuela a una suma de problemas económicos y fallas puntuales sería un error. La crisis actual es, en el fondo, una crisis de poder. Una crisis de gobernabilidad, de legitimidad y de conducción. Porque cuando un gobierno no puede sostener la moneda, no puede resguardar el salario, no puede ofrecer estabilidad y tampoco puede responder con eficacia ante una emergencia nacional, lo que está en cuestión no es solo su gestión: es su capacidad real para gobernar.
Venezuela vive hoy bajo las consecuencias de un poder que ha perdido contacto con la realidad del ciudadano. Un poder que no resuelve, no protege y no genera confianza. Un poder que parece sostenerse más por la inercia del control que por la fuerza de sus resultados. Mientras tanto, el país se acostumbra peligrosamente a vivir en la precariedad: a ver cómo el dólar sube sin freno, cómo el bolívar se derrumba, cómo los servicios colapsan y cómo las tragedias encuentran al ciudadano prácticamente solo.
Ese intento de normalizar la ruina es quizá uno de los rasgos más perversos del momento venezolano. Se quiere hacer ver como inevitable lo que en realidad es consecuencia de decisiones políticas, de años de destrucción institucional y de una profunda incapacidad para administrar el país con responsabilidad.
Un país que merece algo distinto
Venezuela no necesita más explicaciones vacías ni más relatos oficiales que intenten maquillar el deterioro. Necesita una política económica seria, instituciones que funcionen, un Estado capaz de responder ante la emergencia y un liderazgo que entienda que gobernar implica proteger, resolver y asumir responsabilidades. El país no puede seguir siendo sometido a la humillación de una moneda pulverizada, de salarios que no alcanzan y de una estructura pública que llega tarde o simplemente no llega cuando más se la necesita.
La devaluación del bolívar y la ineficiencia demostrada tras el terremoto no son capítulos separados. Son partes de una misma historia de abandono, improvisación y desgaste del poder. Son la prueba de un modelo que no solo ha fracasado en lo económico, sino también en lo institucional y en lo humano.
Porque cuando una nación pierde su moneda, pierde también una parte de su estabilidad cotidiana. Pero cuando además pierde la capacidad de proteger a su gente en medio de una tragedia, lo que está en crisis no es solo el valor del dinero: es el valor mismo del Estado.
