Por Juan Pablo Spinetto en Bloomberg
Las noticias económicas en Venezuela se mueven a una velocidad vertiginosa.
El Fondo Monetario Internacional se prepara para reanudar su compromiso formal con el país tras más de dos décadas sin consultas. Mientras tanto, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cerrado acuerdos de explotación con Chevron Corp. y la española Repsol SA para ampliar las operaciones petroleras, al tiempo que impulsa una nueva legislación minera para atraer inversión extranjera. La Casa Blanca, por su parte, ha suavizado las sanciones económicas de EE. UU., permitiendo que las instituciones financieras realicen transacciones con el banco central de Venezuela, y ha nombrado a un nuevo diplomático de alto nivel a medida que mejoran las relaciones bilaterales. Todo esto en una sola semana.
Estos movimientos son una señal aliciente para la estrategia de Washington de remover a Nicolás Maduro del poder a principios de año. En el plan de tres fases esbozado por el Secretario de Estado Marco Rubio en enero —estabilización, recuperación y transición—, el país parece estar ahora firmemente en la segunda etapa. Caracas se está convirtiendo en un imán para delegaciones empresariales que buscan oportunidades, y es probable que lo siguiente sea la privatización de activos clave. El alza de los precios del petróleo, impulsada por la guerra en Oriente Medio, está proporcionando un viento a favor significativo justo cuando la producción de crudo empieza a recuperarse, incluso si persisten las limitaciones estructurales. Los bonos venezolanos han subido ante las expectativas de una normalización financiera.
Sin embargo, el enfoque de la administración Trump en asegurar ventajas comerciales, en lugar de extraer concesiones políticas significativas mientras aún tiene influencia, corre el riesgo de convertirse en un grave error estratégico. La tercera fase de este juego de ajedrez —la transición política— se acerca inevitablemente y debe ser afrontada. Entre las señales ambiguas del régimen y el hecho de que Washington no esté haciendo lo suficiente para presionar por una salida democrática, el éxito está lejos de estar garantizado. Por cada promesa de dejar de tratar a la oposición como un enemigo, el régimen ha realizado movimientos compensatorios cuestionables, como el regreso del infame general Vladimir Padrino al gabinete de Rodríguez. La alianza del chavismo con los militares y el aparato de represión permanece intacta; según Foro Penal, Venezuela aún tiene más de 470 presos políticos, evidencia de que incluso la presión sostenida de EE. UU. no ha frenado totalmente los instintos autoritarios del gobierno.
Es por eso que el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela no debería demorarse mucho más. La ganadora del Premio Nobel de la Paz está fuera del país desde diciembre, y el pasado fin de semana declaró a Reuters que espera estar de vuelta en casa antes de que termine el año. Este plazo vago parece menos un plan concreto que un sutil gesto diplomático hacia Trump, quien parece complacido con la diligencia con la que Rodríguez ha atendido los intereses estadounidenses —y receloso de que el regreso de Machado pueda alterar este frágil acuerdo de poder compartido—.
Sin embargo, Machado no puede permitirse esperar. Si pretende movilizar a los venezolanos y presionar al gobierno hacia unas elecciones libres, justas y que respeten los resultados, necesita estar de vuelta lo antes posible, incluso a riesgo de incomodar a Washington. Su gira europea, que culminó con una multitudinaria manifestación en Madrid el sábado, y su negativa a reunirse con el presidente del Gobierno español, el izquierdista Pedro Sánchez —en quien gran parte de la diáspora venezolana desconfía profundamente—, sugieren que ya está en modo campaña.
Mientras los funcionarios estadounidenses han pedido paciencia al centrarse en la fase de recuperación, Rodríguez está consolidando su poder interno e ignorando cualquier restauración institucional significativa. Esa es precisamente la razón por la que Machado necesita volver: para exponer la limitada tolerancia de su rival hacia la disidencia, liderar un camino creíble hacia la reforma y construir las alianzas políticas necesarias para ampliar su coalición, emergiendo como una alternativa de gobierno viable frente al chavismo.
“Cada día que María Corina no está en Venezuela es un día que el régimen gana”, me dijo Tom Shannon, diplomático de carrera estadounidense con más de 40 años de experiencia, incluyendo misiones en Caracas. “Ella es la única política con alcance nacional y tenerla fuera del país es un crimen”.
Shannon sostiene que el redespliegue de recursos militares estadounidenses hacia Oriente Medio ha eliminado una amenaza creíble que pendía sobre el régimen, dándole un incentivo para ofrecer a Washington lo justo para mantener satisfecho a Trump mientras endurece el control interno y purga el círculo íntimo de Maduro.
El cambio de imagen pro-americanista del chavismo en 2026 tras la salida de Maduro difícilmente representa una conversión repentina al capitalismo o un abrazo tardío al imperialismo. Es una pausa táctica, una forma cínica de ganar tiempo con la esperanza de que los vientos políticos cambiantes en Washington le permitan una vez más perdurar sin ceder el poder. Ese ha sido siempre el objetivo final del movimiento, ahora bajo el mando de Delcy y su hermano Jorge, y una razón central por la que Venezuela llegó a este punto catastrófico. Si Trump cree que el éxito económico por sí solo resolverá la disputa política del país, debería pensarlo de nuevo. A menos que EE. UU. emprenda la tercera fase con convicción y fuerza, cualquier recuperación seguirá siendo limitada. Lo que se necesita para una transición genuina es una presión sostenida sobre el gobierno venezolano para que se adhiera a una hoja de ruta electoral creíble, que incluya una autoridad electoral independiente, el levantamiento de todas las inhabilitaciones a candidatos y partidos, y que se permita el voto de la diáspora.
A estas alturas, debería estar más que claro que la única solución duradera a años de decadencia comienza con unas elecciones legítimas, unas en las que el chavismo también sea libre de presentar a su propio candidato —incluida la propia Rodríguez, si así lo decide— tras un proceso genuino de recuperación institucional que llevará tiempo. No se debe apresurar una elección —a estas alturas, no puede celebrarse en el plazo establecido por la constitución de Venezuela—, pero tampoco puede posponerse indefinidamente. Además, la estrecha tutela de Washington y otros actores internacionales será esencial para garantizar que el bando perdedor mantenga influencia en lugar de ser aniquilado políticamente, como en votaciones anteriores. El embajador Shannon señala la transición de Sudáfrica del régimen del apartheid a Nelson Mandela en 1994 como un modelo. Esto requerirá un gobierno de EE. UU. centrado en construir la arquitectura política que permita esa elección mediante la diplomacia y la participación de los votantes. “Los venezolanos de a pie no han tenido voz en absoluto en este proceso”, recuerda.
Algunos en la comunidad empresarial pueden ver el regreso de Machado como algo inconveniente. Cuando las perspectivas económicas parecen mejorar, ¿por qué arriesgar la estabilidad por lo que puede parecer una búsqueda democrática descabellada? La respuesta es contundente: más allá de cualquier ganancia a corto plazo, un país sin instituciones que funcionen, sin estado de derecho y sin una gobernanza eficaz no llegará lejos. Venezuela necesita democracia para el progreso económico; intentar lo contrario es, sencillamente, inviable.
