Por Alberto Ray
Cuatro años atrás ya habíamos publicado un inventario de problemas urgentes de seguridad ciudadana que deberíamos abordar en Venezuela. Ahora, en 2022, al revisar la lista, observo que varios de ellos se han atenuado, aunque es dificil asociar las soluciones a políticas públicas reales del Estado, sin desmeritar los esfuerzos que sobre todo, a nivel municipal se han realizado y que han resultado en mejoras sensibles. Pero más allá de los efectos puntuales en la percepción de seguridad, es necesario ir a lo estructural, si de verdad queremos arreglar al país. En esta oportunidad he optado por reeditar la lista, pero con una visión enfocada en las soluciones.
Debemos tener muy presente que no existirá reactivación económica, avances en políticas sociales, ni mejora sustancial de los servicios públicos si en el proceso no consideramos una política vigoroza, desideologizada y basada en objetivos medibles y orientados, no sólo a fortalecer la percepción de un país más seguro, sino en la formación de una estructura institucional y meritocrática sobre la cual asentar la conducción de la seguridad ciudadana. Así como en Venezuela existe una emergencia humanitaria compleja, existe igualmente una emergencia compleja de seguridad ciudadana, y sólo a partir de un análisis detallado de los problemas y el diseño de una estrategia integral podremos abordar y resolver una situación que es causa y concencuencia de nuestros índices tan bajos de desempeño como socidead y como nación.
Una vez más, debemos comenzar por identificar y conocer los problemas a fin de tener un punto de partida y plantear mejores soluciones. En un esfuerzo de síntesis sobre un tema muy complejo, a continuación, resumo en 17 puntos las dimensiones de mayor urgencia y que tendrán que estar en la agenda de las impostergables políticas de seguridad para un país que reclama recuperar la paz en sus calles. Algunos verán estos planteamientos como inviables dado el estado de la realidad actual y la naturaleza de quienes ejercen el poder, sin embargo, si no comenzamos a pensar cómo resolver nuestros problemas desde hoy, siempre veremos el futuro como un imposible.
1- Voluntad política expresada en decisiones y asignación de recursos: este es el punto de partida para demostrar que existe disposición a arreglar al país.
2- Reducción de la tasa de homicidios: Venezuela sigue en el top 3 en tasas de homicidios en América Latina. Estamos en segundo lugar, con 41 muertes por cada 100 mil habitantes en 2021, detrás de Jamaica con 49, que tiene la tasa más elevada de homicidios del continente. No podemos perder de vista que durante el año 2017 alcanzamos la cifra de 300 mil homicidios acumulados desde el 2000. Importante tener en cuenta que el 85% de estas muertes ocurren en la vía pública. Sin duda, los homicidios se han reducido casi a la mitad, en comparación con 2017, debido a tres elementos convergentes: el incremento de la migración, la reducción de la actividad económica por el COVID y a la desaparición de miembros de bandas criminales en los últimos cuatro años y que se colocaron bajo la categoría de muertes por resistencia a la autoridad.
3- Reducción del número de armas de fuego ilegales: el número de armas de fuego que circulan por el país es incalculable, aunque existen cifras aproximadas creíbles que se ubican alrededor de 3.500.000 y 5.000.000, en Venezuela el 94% de los homicidios son producidos por estas armas. Las medidas de prohibición de adquisición y porte legal de armas que ya lleva años ha mostrado ser inefectiva en la reducción del delito, aunque reconozco que ha tenido otros propósitos, sin embargo, permitir que los ciudadanos porten legalmente sus armas es un poderoso disuasivo contra el hampa. Lo peor es que el cuando el tema de las armas de fuego entra en la gran zona gris de la legalidad/ilegalidad se genera un mercado negro inmenso, que a su vez converge con el negocio de las drogas, pues un porcentaje de estas se paga con armas y municiones.
4- Capacitación de nuestras policías para combatir el secuestro y la extorsión: estos dos delitos se han convertido en actividades criminales ampliamente extendidas por el territorio nacional afectando a la población de todos los estratos socioeconómicos y sectores políticos del país. Son prácticas muy lucrativas que permiten sostener a bandas que se especializan en este tipo de delitos. Es bien conocido que parte de las actividades criminales vinculadas con el secuestro y la extorsión operan en centros penitenciarios y en algunos casos se ha determinado la participación de funcionarios y exfuncionarios policiales y militares. Desde el 2012, la cifra de secuestros denunciados está alrededor de 450 casos por año. Se estima que existe una cifra negra de ocho a uno (8 secuestros no denunciados por cada denuncia). Esto arroja la cantidad de por lo menos 3600 secuestros por año. Frente a una realidad así, sólo es posible detener y reducir estos delitos con cuerpos policiales altamente capacitados y con las herramientas tecnológicas y el conocimiento especializado. Es necesario y urgente, ya sea dentro de los cuerpos profesionales o como unidades contra el crimen, formar policías y crear grupos multidisciplinarios de asesores policiales que apoyen en esta labor. Los delitos de secuestro y extrosión tienen un alto impacto psicológico en la población y generan percepciones que pueden destruir la actividad comercial o la vida social de ciudades enteras.
5- Minimización significativa del robo y hurto de vehículos: a pesar de la severa contracción económica del país, Venezuela sigue teniendo un parque automotor importante y las cifras de robo y hurto de vehículos son astronómicas, si las vemos en comparación con el valor que tienen estos bienes en la economía familiar. Las cifras más recientes que manejo son de 2019, cuando fueron denunciados 3695 hurtos y 6508 robos de vehículos. Esta actividad criminal se ha visto impulsada por los altos costos y escasez de repuestos automotores. A ella también se vinculan bandas criminales y delincuencia organizada con nexos internacionales. El impacto económico del robo y hurto de vehículos es significativo en el presupuesto familiar, que al verse afectado por la pérdida de su medio de transporte y sin posibilidades de recuperación a corto plazo, perjudica de manera significativa la calidad de vida de la familia. En este sentido, el esfuerzo por estandarizar procesos de registro y hacer transparente la compra y venta de vehículos es una de las claves, pero por otro lado, nuestras policías de prevención e investigación deben contar on unidades especializadas en estos delitos, además del arsenal tecnológico necesario para ubicar y devolver con rapidez los vehículos robados a sus dueños.
5- Nuevas políticas realistas para combatir el tráfico de drogas: Venezuela se ha convertido, después de las rutas del Pacífico, en la vía principal de extracción de drogas desde Sur América al resto del mundo. A través del país circula, según la DEA y la ONU, cuatro de cada diez toneladas de cocaína que se producen en el continente y que luego se distribuyen a México, las islas del Caribe, África, el Medio Oriente y Europa. El dominio del territorio por este modelo logístico de gran escala ha provocado que poblaciones enteras hoy se dediquen a colaborar con las redes del narcotráfico. Con el tráfico de drogas se anexan actividades paralelas como el blanqueo de capitales, la corrupción y en ocasiones la generación de subredes de microtráfico que se alimentan de estos canales de distribución, además de ser el sustento de bandas criminales cada vez más grandes. No podemos ser ingenuos en relación a este gravísimo problema, la droga se ha utilizado como arma política y ha facilitado ingresos extraordinarios al país, pero si en realidad existe una voluntad de cambio, los gobiernos están obligados a generar incentivos para minimizar el impacto de las economías ilícitas y castigar a quienes trafican drogas. Además de ser un negocio moralmente inaceptable, genera perversiones sociales dificilmente reversibles, una vez que la gente entra en las redes del tráfico. Una política contra el tráfico de drogas es urgente, así como los medios para combatir el flagelo.
6- Recuperación del sistema de justicia: El desmontaje instittucional del sistema de administración de justicia criminal ha afectado gravemente a la seguridad ciudadana, lo que se ha traducido en una impunidad casi absoluta en todos los delitos, alcanzando niveles de hasta un 96% en homicidios e índices aún más elevados en casos de robo, hurto, violaciones y lesiones personales. Aprovechando la impunidad como principal aliciente, políticas públicas equivocadas como las llamadas zonas de paz, el tráfico de estupefacientes y la cantidad de armas de fuego que circulan de manera ilegal por el territorio han estimulado la formación y desarrollo de bandas criminales dentro y en la periferia de las ciudades más grandes del país. El sistema de justicia necesita ser depurado, desideologizado, despolitizado y profesionalidado con criterios de meritocracia e independencia, de lo contrario no podremos arreglar a Venezuela. Una justicia frágil se traduce en un país muy frágil e inseguro desde todo punto de vista. Es una tarea titánica, pero en Venezuela conozco a mucha gente capaz de asumirla con mucho ánimo y dispuesta a transformar para bien y en corto plazo al sistema. Démosle la oportunidad a quienes realmente saben de esto.
7- Cerrar la brecha del pie de fuerza policial: En todos los niveles del Estado existe un déficit en cantidad y calidad de funcionarios policiales, sin los cuales es inviable llegar a niveles tolarables de seguridad ciudadana. Problemas como el desmontaje de la meritocracia para el ascenso dentro de los cuerpos armados de prevención y protección, los bajos ingresos y beneficios sociales derivados del ejercicio de la profesión y las fallas severas en el equipamiento policial estrechan más aún las salidas al problema de la seguridad en el país. Para estar alineados a los promedios mundiales, en Venezuela serían necesarios alrededor de 83.000 funcionarios en labores de prevención y protección ciudadana, que representa 120% de la plantilla actual.
8- Una policía de investigación del primer mundo: La policía de investigación criminal ha sido una de las instituciones más afectadas en el proceso de desinstitucionalización de la seguridad en el país y su crisis de valores. El déficit estimado de funcionarios de alrededor de 290% tomando en cuenta una plantilla actual de 13 mil funcionarios activos. Pero necesitamos ir mucho más allá. Desde la revisión y actualización del pensum de estudio de los funcionarios, pasando por la dotación y especialización, hasta el redimensionamiento de las funciones de investigación, ya que la acelerada evolución de los riesgos exige de policías con una visión más integral y volcada hacia el futuro.
9- La desecentralización de las funciones y procesos policiales: Los esquemas centralizados de la seguridad ciudadana producto de medidas de control político han restringido las capacidades de las policías regionales y municipales. El gobierno nacional ha intervenido administrativa y operacionalmente prácticamente todos los cuerpos de orden público, limitando en exceso y mermando sus capacidades. De igual manera, les han limitado competencias y restringido o prohibido la utilización de determinados tipos de armamento. Las policías municipales son imprescindibles en los modelos contemporáneos de seguridad ciudadana. Hasta en las ciudades más pequeñas deben existir polícias locales bien capacitados, honestos y admirados por sus comunidades. La imagen del policía, como garante de la paz ciudadana y el cumplimiento de las normas debe llevarse de vuelta a las familias y a los colegios.
10- La necesidad urgente de estudio y empleo para los jóvenes: La falta de oportunidades reales de empleo productivo a jóvenes y la desaparición de escuelas técnicas orientadas hacia la educación para el trabajo son el cultivo perfecto para que la delincuencia se ofrezca como la mejor alternativa para el “progreso” sobre todo en zonas populares en las que inclusive, se valora positivamente al “malandro” y se celebra su cultura. La mayoría de los delincuentes en Venezuela se inician en el oficio a partir de los 13 ó 14 años. En los planteles públicos la deserción escolar en los cinco años de bachillerato alcanza cifras impactantes. De cada 100 adolescentes que ingresan a la educación media, egresan menos de 30 en 5to año. El Estado de prorizar la formación de los adolescentes, crear espacios para el empleo, el arte, el deporte y la cultura en un modelo integrado y en ascenso que vaya desde lo local hasta lo nacional para cultivar el talento de los jóvenes. Es urgente quitarle de las manos a las bandas criminales, la cantidad de recurso humano que la juventud les provee.
11- La recuperación del espacio público: El deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de los espacios urbanos para el esparcimiento, la bajísima calidad de los servicios públicos y la incapacidad de las autoridades locales de resolver los problemas de convivencia ciudadana se han convertido en factores contribuyentes para el incremento de violencia y la ruptura del necesario tejido social para el sostenimiento de relaciones humanas, dentro de los límites de la civilidad. Se estima que el 20% de los homicidios en el país tienen su raíz en problemas de convivencia no atendidos o resueltos en sus etapas tempranas. Actualmente, se reconocen algunos esfuerzos de los tres niveles de gobierno en la recuperación de espacios públicos y la promoción de proyectos culturales, sin embargo es necesario hacer mucho más y desconectar los proyectos de cohesión social de las visiones políticas, ideológicas o de partidos.
12- La desarticulación de bandas criminales: El sistema policial, el ministerio público y la justicia criminal necesitan coordinar esfuerzos para desmontar las organizaciones de delincuencia organizada trasnacional que proliferan en el país. Hoy, bandas criminales están involucradas en múltiples actividades, que van desde la explotación de recursos naturales, el cobro de vacunas, el tráfico de drogas, el contabando de combustibles y hasta en el tráfico humano. Existen casos gravísimos, como en el estado Bolívar, que es es uno de los espacios más afectados por actividades de explotación minera de manera indiscriminada y en manos de grandes mafias delictivas, que operan perjudicando no solo la economía de país, sino creando daños ambientales en algunos casos irreparables sobre una geografía altamente frágil. Para dearticular estas redes del delito, no sólo hace falta voluntad política sino disposición real a recuperar la institucionaldiad de la nación. Mientra las bandas criminales tengan más poder que el ciudadano, no será posible construir un país decente.
13- La necesidad de una política que detenga el desarrollo de actividades subversivas en el territorio: Desde hace años se viene denunciado en instancias nacionales e internacionales, la utilización de zonas fronterizas con Colombia como aliviaderos de grupos guerrilleros del país vecino. A esto se le agregan las reiteradas denuncias de los campos de entrenamiento de grupos radicales islámicos en el oriente de Venezuela, así como el despliegue del Frente Bolivariano en el Sur Occidente. Igualmente se ha hecho público en medios de escala global la emisión de pasaportes venezolanos a individuos vinculados con grupos terroristas y frentes de lucha islámica en Irán. Las complejidades detrás de estas denuncias ponen en evidencia que el espacio territorial venezolano y su soberanía ha venido siendo no solo utilizada, sino colonizada por grupos irregulares que se aprovechan de la gran zona gris provocada por la desinstitucionalización generaliza del país para operar con amplias libertades. De manera similar, la pérdida de territorio a manos de las bandas criminales en las ciudades viene reduciendo el espacio vital del ciudadano que observa cómo se reduce su radio de acción a espacios confinados dentro de ciudades y pueblos. Para que Venezuela se reposicione en el mapa internacional y sea vista como un destino atractivo de inversión necesita mejorar con urgencia el control y la autoridad sobre el territorio y ejercer institucionalmente y con el respaldo del estado de derecho, la soberanía nacional.
14- El ministerio público como eje en la lucha contra el delito: La Fiscalía General de la Nación debe recobrar su función de garante de la ley, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos que viven en Venezuela. Es, además el órgano impulsor de la política contra la delincuencia, por lo que es aquí donde recae todo el peso de la impunidad. Un delincuente que no es judicializado oportunamente, se convierte en un amplificador de la inseguridad y en la demostración de la inoperancia del sistema. Es urgente que el ministerio público reoriente sus prioridades y comience a perseguir a los delincuentes que merman la calidad de vida del ciudadano. Asímismo, es indispensable incrmentar el número de fiscales y especializarlos en las nuevas formas del delito, pero sobre todo darles independencia para sus actuaciones, a fin de reducir los retardos procesales y recuperar así la confianza en el sistema. Esta es quizás una de las tareas más urgentes que tenemos, por lo que sería un excelente punto de inicio de un verdadero cambio.
15- Más y mejores jueces independientes: En el país existen alrededor de 800 jueces penales que a todas luces son insuficientes para agenciar diligentemente los miles de delitos denunciados en el territorio nacional. El déficit alcanza alrededor del 200% a nivel nacional. Adicionalmente, no podemos seguir con jueces provisorios que no tienen independencia alguna en la toma de decisiones. Si el juez no imparte justicia oportuna y basado en las leyes, sólo estamos destruyendo la institucionaldad y descendiendo aún más en los déficit del estado de derecho.
16- Nueva política carcelaria: Las cárceles y los recintos penitenciarios, como tanto se ha dicho, se han convertido en las universidades del delito. En los últimos años, además, son los cuarteles generales de bandas criminales organizadas desde dónde se trafica, se negocia y se extorsiona. Son espacios de impunidad y de extorsión desde dónde resulta prácticamente imposible esperar la debida regeneración del reo para su posterior inserción en la vida civil. De acuerdo a las cifras que conozco, en Venezuela existen 31 centros penitenciarios e internados judiciales con una población de 55.007 reclusos (año 2015) y un hacinamiento estimado en 190%. Otro aspecto relevante en relación con las cárceles venezolanas es el nivel de violencia presente. Entre 1999 y 2014 se registraron 6.313 muertos y 16.318 heridos dentro de estos centros. El ministerio de cárceles se creó para cambiar esta realidad, y he visto algunos cambios, sin embargo, las nuevas políticas lo que han hecho es modificar los procesos y no resolver los problemas. Uniformar a los reos y someterlos a rutinas de orden cerrado es apenas un aspecto de un conjunto de proyectos que deben ejecutarse con criterio y planificación para que las cárceles cumplan su objetivo en la sociedad, que es la rehabilitación de la persona y su reinserción en la sociedad como un ciudadano de bien.
17- Formación de una cultura ciudadana para la seguridad: Nada de lo descrito en este apretado resumen es posible si no reorientamos la cultura del ciudadano al respeto por el otro, a través del cumplimiento y el repseto de las normas de convivencia, comenzando desde el núcleo básico de la sociedad que es el hogar y la familia. Estamos urgidos en la formación de ciudadanos que tengan conciencia de sus derechos y cumplan con sus responsabilidades como parte de una estructura social. En este aspecto, los venezolanos hemos perdido mucha cohesión social y sentido por el otro en estos años, por tanto, tenemos un largo camino que recorrer para ponernos a la altura del reto, que no es otro que la recuperación de nuestra ciudadanía, es por aquí por dónde comenzaremos a arreglar a Venezuela.
Otros factores sociales como el embarazo adolescente, la prostitución, el consumo de drogas y alcohol se potencian para hacer aun más complejo el problema de la seguridad. Las dificultades crecientes de la gente, aunadas al deterioro de las condiciones de vida en el país son elementos que contribuyen en la dinámica violenta de la sociedad venezolana. En este sentido vale resaltar que el alto costo y/o escasez de bienes de primera necesidad se suma al círculo vicioso del deterioro familiar, pues obliga a que padre y madres pasen la mayoría del tiempo en la búsqueda de recursos para subsistencia, redundando en hogares en los que no existe la presencia necesaria de adultos responsables en la formación de valores en niño y jóvenes.
Como conclusión estamos obligados a comprender la complejidad del problema de la inseguridad en Venezuela para diseñar la estrategia y las soluciones que de ella se deriven. Para arreglar a Venezuela, esta materia es de impostergable resolución. Cada día mueren en el país decenas de venezolanos de manera violenta, por lo que no podemos seguir indolentes ante un drama que nos está extinguiendo como sociedad y para lo cual, debemos volver al punto 1 de esta lista: Voluntad política expresada en decisiones y asignación de recursos.
Alberto Ray es ingeniero especialista en análisis estratégico de riesgos y toma de decisiones en escenarios complejos. Director ejecutivo de The Risk Awareness Council, organización no gubernamental especializada en análisis de riesgos emergentes. Autor del libro «Riesgos Líquidos»
