Por Rosana Sosa
El 13 de mayo de 2026, el gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso «integral y ordenado» de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de Pdvsa. El comunicado fue breve y cargado de buenas intenciones. Lo que omitió pesa más que lo que declaró.
Venezuela arrastra impagos desde 2017. Sus pasivos totales —bonos en default, intereses vencidos, préstamos bilaterales, laudos arbitrales y reclamaciones judiciales— rondan entre 150.000 y 170.000 millones de dólares según estimaciones privadas citadas por Reuters, cifra equivalente a entre el 180 y el 200 por ciento del PIB nominal que el propio FMI proyecta para el país. El Banco Central dejó de publicar estadísticas completas sobre deuda externa en 2018. El FMI no ha realizado una consulta formal del Artículo IV con Venezuela desde 2004.
Frente a ese cuadro, el anuncio del 13 de mayo no es un punto de llegada. Es, con suerte, el reconocimiento tardío de una crisis que lleva una década sin solución. Y plantea, con urgencia renovada, una pregunta que los mercados prefieren esquivar: ¿puede Venezuela reestructurar una deuda de esa magnitud sin haber reconstruido antes el Estado que la generó?
La respuesta técnica es no. Y conviene decir por qué, con nombre y apellido.
Lo que el FMI realmente exige
Desde junio de 2022, el Fondo aplica el Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework —SRDSF— como herramienta central para evaluar la sostenibilidad de deuda soberana en economías de mercado. El marco reemplazó al anterior DSA y su lógica es más exigente: una reestructuración no es una operación contable. Es un diagnóstico de viabilidad estatal.
El SRDSF trabaja en tres horizontes. En el corto plazo —uno a dos años—, un modelo logit de alerta temprana mide la probabilidad de un evento de estrés soberano cruzando variables como deuda sobre PIB, necesidades brutas de financiamiento, crecimiento real, saldo externo e indicadores de calidad institucional. En el mediano plazo —hasta cinco años—, el análisis combina un «debt fanchart» estocástico —que simula 10.000 trayectorias posibles de la deuda bajo distintos escenarios macroeconómicos— con un módulo de necesidades brutas de financiamiento que evalúa la liquidez y la capacidad real del país para refinanciarse. En el largo plazo, el marco incorpora análisis sobre demografía, recursos naturales, concentración de amortizaciones y vulnerabilidad climática.
El resultado es una calificación en tres zonas: sostenible con alta probabilidad, sostenible pero no con alta probabilidad, e insostenible. Solo la primera habilita el apoyo pleno del Fondo. Cuando la deuda es insostenible, el programa exige reestructuración como condición previa al desembolso.
Pero lo que separa al SRDSF de cualquier modelo financiero convencional es que el juicio institucional no es un apéndice del análisis: está en su núcleo. El índice de instituciones pondera explícitamente la calidad de gobernanza en el cálculo del riesgo a cinco años. Un país con instituciones débiles recibe una penalización automática en la proyección de deuda, al margen de sus cifras fiscales. La lógica es directa: sin instituciones que garanticen el cumplimiento del ajuste, las proyecciones de repago son aritmética sin soporte.
Los requisitos que Venezuela hoy no puede satisfacer
Aplicar el SRDSF al caso venezolano no es un ejercicio académico. Es una radiografía de lo que falta.
El primer requisito es la legitimidad soberana. Una reestructuración de deuda compromete al Estado —no a un gobierno— durante décadas. Sin autoridad reconocida como estable, cualquier acuerdo es impugnable por quien llegue después, invocando que fue pactado sin mandato suficiente. En el derecho internacional, la doctrina de la deuda odiosa nació precisamente de esa fragilidad.
El segundo requisito es el saneamiento real de las finanzas públicas. El FMI no evalúa solo la deuda acumulada: evalúa la capacidad futura de generar superávits primarios sin comprometer el gasto esencial. Eso exige una contabilidad pública completa que en Venezuela no existe: déficit fiscal real, gasto cuasifiscal del BCV, pasivos totales de Pdvsa, subsidios implícitos, deuda contingente, atrasos con proveedores, obligaciones bilaterales con China y Rusia, y la totalidad de los laudos arbitrales pendientes ante el CIADI y otros tribunales. Sin ese inventario, el análisis de sostenibilidad se construye sobre supuestos, no sobre datos.
El tercer requisito es la transparencia estadística. El SRDSF necesita cifras fiscales, monetarias, externas y sectoriales verificables para calibrar sus modelos. Venezuela no publica estadísticas auditadas de forma consistente desde antes de 2018. El FMI tiene registrada su última consulta formal del Artículo IV en 2004 —más de dos décadas de silencio institucional—. Sin datos verificables, la sostenibilidad no se calcula: se inventa.
El cuarto requisito es la capacidad de repago externo. Venezuela tiene que demostrar que puede generar divisas de manera sostenida. Eso pasa por la recuperación de Pdvsa bajo estándares modernos de gobernanza —la producción colapsó de más de tres millones de barriles diarios a menos de 800.000 en su punto más bajo—, por reservas internacionales verificables, por un tipo de cambio que no destruya los incentivos exportadores y por la normalización de relaciones financieras con el exterior. Sin esa base, la deuda externa es estructuralmente impagable, independientemente de cómo se renegocien los plazos.
El quinto requisito son las reformas estructurales. El repago no es un acto de voluntad: es la consecuencia de una economía que crece, produce y recauda. Eso requiere reforma fiscal que amplíe la base tributaria más allá del petróleo, autonomía real del Banco Central, apertura a la inversión privada con protección efectiva de derechos de propiedad, reconstrucción del sistema eléctrico, modernización del aparato estadístico y un marco jurídico que respete lo que firma. Sin reformas que soporten el escrutinio internacional, cualquier proyección de crecimiento incorporada al análisis es optimismo sin soporte.
El sexto requisito es la gobernanza institucional. El SRDSF penaliza la debilidad institucional directamente en su índice de riesgo terminal. Un Estado que no cumple contratos, que no ejecuta presupuestos transparentes y que no garantiza reglas previsibles no puede ofrecer garantías de repago creíbles. El riesgo país no desaparece con la reestructuración: migra al nuevo instrumento.
El séptimo requisito son las garantías de financiamiento. La guía del Fondo sobre «financing assurances» establece que, cuando la sostenibilidad no puede restaurarse de entrada, el FMI necesita garantías apropiadas de que el país está encaminado a completar la reestructuración y retornar a una senda viable. Eso supone coordinación real con todos los acreedores —bonistas privados, acreedores bilaterales, organismos multilaterales— y compromisos verificables de que no habrá financiamiento paralelo que distorsione el proceso.
El riesgo que pocos se atreven a nombrar
Hay una dimensión adicional que los análisis técnicos suelen pasar por alto por incómoda, pero que ningún acreedor serio puede ignorar: la opacidad en el origen mismo de buena parte de la deuda venezolana.
Durante más de dos décadas, Venezuela contrató deuda, emitió bonos y canalizó financiamiento sin escrutinio independiente. Parte de esas obligaciones se estructuró en condiciones que levantan sospechas razonables: operaciones con contrapartes en jurisdicciones opacas, préstamos pactados por encima de tasas de mercado sin justificación técnica visible, intercambios de deuda por recursos naturales cuyas condiciones nunca fueron divulgadas, y flujos financieros canalizados a través de estructuras diseñadas para dificultar su rastreo.
Reestructurar esa deuda sin auditarla primero no es solo un error metodológico. Es un riesgo de otra clase: el sistema financiero internacional podría terminar legalizando, bajo la forma de acuerdos soberanos renegociados, pasivos que en su origen sirvieron como vehículo para el blanqueo de capitales o la captura corrupta de recursos públicos. Las consecuencias son concretas. Los acreedores participantes quedan expuestos a riesgo regulatorio bajo normativas antilavado cada vez más exigentes. El Estado venezolano queda expuesto a que gobiernos futuros impugnen lo firmado, invocando la doctrina de deuda odiosa. Y la ciudadanía queda atrapada en el pago de obligaciones cuyo origen legítimo nadie tuvo el rigor de verificar.
No auditar no es una omisión técnica. Es una decisión política que hipoteca por décadas a quienes nunca tuvieron voz en esa mesa.
Lo que la historia enseña
En Grecia, un programa técnicamente prolijo colisionó con una sociedad al límite de su tolerancia y el acuerdo estuvo a punto de desintegrarse en referéndum. En Argentina, la discontinuidad institucional convirtió cada acuerdo alcanzado en el punto de partida para la próxima ruptura. En Sri Lanka, instituciones formalmente funcionales resultaron incapaces de sostener el ajuste cuando la presión política superó lo que la gente podía aguantar.
Venezuela enfrenta ese desafío en condiciones más adversas que cualquiera de esos tres. El deterioro no es coyuntural. Es estructural, acumulado y profundo. Una reestructuración que ignore eso no resuelve el problema. Lo traslada al siguiente instrumento, con intereses.
El FMI, que reanudó relaciones técnicas con Venezuela tras años de congelamiento institucional, no aparece todavía como actor plenamente incorporado al proceso anunciado el 13 de mayo. Esa ausencia habla más que cualquier comunicado oficial.
Las reformas no son el accesorio. Son la única garantía real.
Ningún acreedor que trabaje con rigor evaluará solo el valor presente de un bono venezolano. Evaluará si el país puede recuperar capacidad productiva, previsibilidad institucional, transparencia presupuestaria y generación sostenida de divisas. Evaluará si el Estado que emite la deuda puede volver a funcionar como Estado.
Sin esas bases, lo que se firma no es una reestructuración.
Es una refinanciación de la insolvencia.
Las reestructuraciones que han funcionado en la historia reciente no comenzaron con la deuda. Comenzaron con la reconstrucción de confianza. Y la confianza no se anuncia en un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial. Se construye con cuentas que cuadren, con instituciones que funcionen y con reformas que resistan el escrutinio internacional.
Venezuela no necesita solo renegociar lo que debe.
Necesita reconstruir lo que es.
