Por Alfredo González
Hay una paradoja que la historia electoral latinoamericana tardará en digerir: la elección presidencial venezolana del 28 de julio de 2024 fue, al mismo tiempo, una de las más transparentes y una de las más fraudulentas del continente. No es una contradicción. Es la clave para entender lo que ocurrió.
Las máquinas no fallaron. Falló el régimen.
Durante años, el chavismo presumió del sistema automatizado de votación venezolano como «el mejor del mundo». Y en un sentido estrictamente técnico, el 28 de julio ese sistema cumplió su función de manera impecable: cada máquina de votación contó los votos, imprimió su acta de escrutinio al cierre de la mesa y entregó copias físicas a los testigos de las organizaciones políticas, tal como manda la ley.
Ese detalle –el acta impresa en cada mesa, con código QR verificable, firmada por miembros de mesa y testigos– es el corazón de esta historia. El sistema fue diseñado precisamente para que ningún actor, ni siquiera el propio Consejo Nacional Electoral, pudiera inventar un resultado sin dejar rastro. Y funcionó. Las máquinas no fallaron. No hubo caída del sistema, no hubo cajas quemadas, no hubo urnas desaparecidas. Hubo un conteo exacto, mesa por mesa, documentado en papel y en digital.
El fraude no ocurrió en la votación ni en el escrutinio. Ocurrió después, en la fase de totalización y proclamación: cuando el CNE, controlado por el oficialismo, anunció un resultado sin mostrar jamás los datos desagregados que lo sustentaran. Hasta hoy, casi dos años después, el organismo no ha publicado los resultados mesa por mesa. Es la primera vez en la era del voto automatizado venezolano que eso sucede.
«Urbi et orbi»: el mundo conoció los resultados exactos
Lo que vino después no tiene precedentes en la región. La oposición, mediante una operación ciudadana de miles de testigos y voluntarios, recolectó, digitalizó y publicó en internet más del 80% de las actas de escrutinio originales. Cualquier persona, en cualquier país, pudo entrar a la página, buscar una mesa específica y verificar el acta con su código QR. Los números eran contundentes: Edmundo González Urrutia obtuvo alrededor de dos tercios de los votos; Nicolás Maduro, cerca de un tercio.
Estudios independientes, medios internacionales y misiones de observación –incluido el Centro Carter, invitado por el propio gobierno– llegaron a la misma conclusión: las actas publicadas eran auténticas y la elección no cumplió estándares democráticos en su fase de proclamación. Un panel de expertos de la ONU señaló la falta de transparencia sin precedentes del CNE.
Esa es la paradoja: nunca una elección latinoamericana había sido tan verificable por cualquier ciudadano del planeta. El mundo conoció los resultados exactos, «urbi et orbi«, no gracias al árbitro electoral, sino a pesar de él. La transparencia la construyó la sociedad; la opacidad la impuso el Estado.
La lección
La lección de 2024 es incómoda pero luminosa: la tecnología electoral venezolana demostró que el voto puede contarse con precisión absoluta, y la ciudadanía demostró que puede auditar ese conteo mejor que cualquier organismo oficial. Lo que no puede la tecnología –ni el acta más impecable– es obligar a quien controla las armas a acatar el resultado.
Por eso la elección del 28 de julio quedará en los libros con un doble título: la más transparente en su verificación ciudadana y la más burda en su desenlace oficial. Las máquinas cumplieron. Las actas hablaron. El mundo escuchó. Solo faltó lo que ninguna máquina puede imprimir: instituciones dispuestas a respetar la voluntad popular como las que existen en los EE.UU.
Nota: el gobierno venezolano sostiene su versión oficial –un ciberataque que habría impedido la totalización pública– y el TSJ ratificó la proclamación de Maduro. Ningún organismo de observación independiente ha validado esa narrativa.
