Morfema Press

1. Nuevo esquema: de Pdvsa al Tesoro de Estados Unidos

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la Orden Ejecutiva 14373, Estados Unidos creó un mecanismo inédito para controlar directamente los ingresos petroleros venezolanos mediante los “Foreign Government Deposit Funds” (FGDF). Estos fondos son depósitos que el gobierno de Estados Unidos mantiene en el Tesoro o en cuentas extranjeras “en nombre del gobierno de Venezuela”, incluyendo al BCV y a Pdvsa, pero con desembolsos sujetos a las instrucciones del secretario de Estado.

El objetivo declarado es doble:

• reactivar la producción petrolera para estabilizar la economía venezolana, y
• evitar que los recursos alimenten redes de corrupción o permitan la recomposición de estructuras autoritarias

En la práctica, esto instala una tutela financiera externa: Venezuela mantiene el título sobre los fondos, pero el control operativo lo ejerce Washington.

2. Flujo del dinero: de la refinería al mercado cambiario local

En la fase inicial, el esquema se articuló alrededor de un fideicomiso en Qatar:

1. Venta de crudo venezolano a compradores autorizados (principalmente refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos)
2. Pago depositado en una cuenta FGDF en Qatar, bajo control del Departamento de Estado
3. Autorización de Washington para transferir una parte a bancos privados venezolanos
4. Cuatro bancos privados reciben alrededor de 75 millones de dólares cada uno (total 300 millones de dólares) en sus corresponsales internacionales
5. Los bancos venden esos dólares a empresas venezolanas en el mercado cambiario local, bajo regulación del BCV, pero sin que el BCV toque directamente los fondos

Este diseño buscó:

• bypassear al BCV sancionado,
• inyectar divisas al sector privado para pagos de importaciones, y
• reactivar un mercado cambiario seco tras la incautación de tanqueros venezolanos

Al mismo tiempo, la banca venezolana debe reconstruir su credibilidad ante sistemas de cumplimiento internacionales, después de años de sanciones y “overcompliance”, lo que hace más lenta y sensible la operativa.

3. De Qatar al Tesoro: montos y expectativas de flujo

Hoy se da por cerrada la “fase Qatar” y se migra a una cuenta del Tesoro de Estados Unidos:

• La primera operación generó 500 millones de dólares, colocados inicialmente en Qatar; de ese monto, 300 millones de dólares fueron enviados a bancos venezolanos
• Funcionarios estadounidenses han indicado que esos 500 millones de dólares iniciales ya fueron íntegramente devueltos a Venezuela mediante distintos canales
• El secretario de Energía, Chris Wright, y otras fuentes confirman que las ventas totales de petróleo bajo este esquema ya superan los 1.000 millones de dólares y que el uso de Qatar se abandona en favor de una cuenta específica en el Tesoro de Estados Unidos

Proyección:

• El propio Wright estima que los contratos en curso pueden generar alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales en los próximos meses, si se sostiene una producción en el rango de 1,0 – 1,2 millones bpd

4. Licencias Generales de OFAC y marco de compliance

El sistema se sostiene en un paquete de Licencias Generales (GL 46A, 47, 48, 49, 50, 50A), recientemente actualizadas.

Condiciones clave

• Exclusión de países adversarios: las GL prohíben transacciones con personas o entidades de Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Cuba
• Reportes periódicos: quienes usan estas licencias deben reportar a Estado y Energía dentro de los 10 días de la primera transacción y luego cada 90 días, detallando partes, montos, fechas, destinos y bienes/servicios involucrados
• Moneda y términos comerciales: GL 48 y GL 50A imponen restricciones sobre denominación de pagos y esquemas de trueque, buscando evitar monedas opacas o acuerdos “oil‑for‑something”
• Supervisión administrativa, no auditoría independiente: el control recae en la revisión documental por los Departamentos de Estado y Energía; no se incorpora un auditor externo con mandato propio

Vacíos críticos de compliance

1. Sin auditor externo independiente: no hay un rol formal del GAO ni de organismos multilaterales para auditar in situ el uso final de los fondos. La iniciativa de ley “Venezuela Oil Proceeds Transparency Act” (Schiff–Schumer) apunta a llenar ese vacío, pero aún no ha sido aprobada
2. Discrecionalidad del Departamento de Estado: la OE 14373 otorga al secretario de Estado control final sobre desembolsos, sin criterios públicos ni mecanismos de apelación
3. Opacidad del esquema Qatar: la gobernanza del fideicomiso en Qatar (administrador, reglas, salvaguardas) nunca se hizo pública
4. Sin trazabilidad del uso interno: una vez que los bancos venden los dólares a empresas, no hay trazabilidad pública de si financian importaciones reales o esquemas de facturación falsa, triangulación o pagos a actores sancionados

Tabla de Licencias Generales OFAC sobre Venezuela (petróleo y gas, febrero 2026)

GL	Objeto principal	Qué autorizan (núcleo)	Qué prohíben / limitan	Cambios clave 2026
46A	Operaciones comerciales con crudo venezolano	Transacciones “ordinariamente incidentes y necesarias” para levantar, exportar, vender, transportar y refinar petróleo de origen venezolano por entidades estadounidenses establecidas, incluso si involucran al GoV o Pdvsa	No autoriza inversión nueva en exploración/producción ni participación accionaria en proyectos; exige que todos los pagos a personas sancionadas vayan a cuentas FGDF del Tesoro (salvo impuestos/tasas locales limitados)	En febrero 2026 se convierte en 46A: se aclara el rol de los FGDF, se permite pago de impuestos locales no petroleros, y se refuerza el requisito de canalizar los flujos centrales vía Tesoro de Estados Unidos
47	Suministro de diluyentes de origen estadounidense	Exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, transporte y logística de diluyentes de origen US (nafta, crudo liviano, etc.) a Venezuela, incluyendo pagos del GoV/Pdvsa	Alcance estrecho: no autoriza compra de crudo venezolano ni inversión en producción; contratos deben ajustarse a condiciones de jurisdicción y pagos fijadas por OFAC	Nueva en 2026; llena un cuello de botella operativo al permitir diluyentes esenciales para procesar crudo pesado, bajo contratos estandarizados y con fuerte carga de compliance
48	Bienes, equipos y servicios para el sector petrolero y gasífero	Suministro de bienes, equipos y servicios a la industria de petróleo y gas de Venezuela y transacciones asociadas (logística, servicios técnicos, etc.)	Requiere que contratos con GoV/Pdvsa: 1) se rijan por ley de Estados Unidos, y 2) establezcan resolución de disputas en Estados Unidos; pagos a personas sancionadas deben ir a cuentas del Tesoro (FGDF), salvo impuestos/tasas locales acotados	Emitida el 10 de febrero de 2026 como pieza que conecta GL 46A, 49 y 50A, habilitando el soporte operativo (servicios y equipos) bajo estructura jurídica y financiera controlada por Estados Unidos
49	Contratos contingentes para nueva inversión	Negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones o expansión de operaciones en el sector de petróleo y gas en Venezuela, incluyendo JVs y nuevas estructuras societarias	Solo autoriza la fase preparatoria: due diligence, evaluación técnica y ambiental, negociación y firma de contratos que solo se activarán si OFAC lo permite en el futuro; no permite aún ejecutar inversiones ni operaciones materiales	Publicada en febrero 2026; crea una “pre‑autopista” para inversión futura, permite a empresas estructurar deals y estudiar proyectos sin levantar de inmediato las sanciones de fondo
50	Operaciones de ciertas empresas petroleras históricas	Versión original que autorizaba operaciones en Venezuela de un grupo acotado de grandes empresas (Chevron, Eni, Repsol, Shell, etc.)	Alcance más limitado y algunos requisitos contractuales y de pagos menos alineados con el nuevo esquema FGDF que el de 50A	Sirvió de base para la ampliación posterior; en febrero 2026 se sustituye/ajusta por 50A para armonizar con OE 14373 y los FGDF
50A	Operaciones de BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell	Autoriza todas las transacciones necesarias para las operaciones de petróleo y gas en Venezuela de las empresas listadas y sus subsidiarias, incluso si involucran al GoV o PDVSA, siempre que los pagos sigan el esquema FGDF y demás condiciones OFAC	No elimina sanciones de fondo: solo beneficia a las empresas específicamente nombradas; siguen vedadas operaciones con personas/países adversarios y pagos fuera de los canales Tesoro/FGDF, salvo impuestos locales limitados	En febrero 2026 se emite/enmenda como 50A, ampliando y clarificando el marco para estas empresas: se coordina con GL 46A, 47, 48 y 49 y se subordina explícitamente a la OE 14373 y a los FGDF

5. Riesgo de que la corrupción chavista se reacomode

La historia de Pdvsa muestra desvíos masivos y uso del aparato petrolero para lavado de dinero y apoyo a redes criminales. El nuevo esquema cambia por dónde pasa la plata, pero no necesariamente quién maneja las operaciones

• Pdvsa sigue operada en gran medida por cuadros heredados del chavismo, con redes de proveedores y contratistas históricamente vinculados a sobreprecios y comisiones
• Proveedores como Caminpeg (empresa militar de servicios petroleros) han sido señalados como vehículos para contratos inflados, facturación de servicios no prestados y uso de intermediarios en jurisdicciones opacas

Las GL 48 y 50A:

• autorizan suministro de insumos y servicios petroleros y facilitan operaciones de empresas como Chevron y otras,
• pero no publican una lista de proveedores autorizados ni exigen due diligence previa sobre contratistas locales ante OFAC.jdsupra+2

Resultado: si Pdvsa y las joint ventures siguen contratando a estructuras como Caminpeg y similares, es posible que parte de la renta petrolera termine reciclada a través de los mismos canales de corrupción, solo que ahora el origen inmediato de los fondos es más limpio y trazado.

No hay evidencia pública de que Caminpeg haya sido formalmente excluida de la cadena de contratación; la falta de transparencia contractual mantiene el riesgo intacto.

6. Lectura de entorno y mensaje central

• El control externo sobre la caja petrolera es mucho más fuerte que en cualquier etapa anterior; el BCV y Pdvsa pierden el monopolio sobre los flujos internacionales, pero el chavismo conserva el control de buena parte del aparato operativo y de redes de proveedores
• Los flujos brutos son significativos (más de 1.000 millones de dólares ya generados, hasta 5.000 millones de dólares proyectados), pero la calidad del gasto final dentro de Venezuela sigue expuesta a captura, sobre todo si no se aprueban mecanismos de auditoría independiente y transparencia contractual
• En términos políticos, el esquema FGDF refuerza la narrativa de transición tutelada: Washington financia, decide tiempos y prioriza estabilidad macro y gobernabilidad, mientras la oposición y la sociedad venezolana exigen que esa renta apoye una “democracia verificable”, no un reciclaje del sistema

Noticias destacadas

• ABC: Estados Unidos pide a Delcy la cabeza del hijo de Maduro y de un grupo de jerarcas chavistas (Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello, Tareck el Aissami, Walter Jacob Gavidia Flores y Pedro Luis Martín-Olivares). La Casa Blanca exige cooperación en las investigaciones que siguen contra ellos pero la prohibición constitucional en Venezuela de extraditar a nacionales obliga a buscar alternativas
• La Ceiba: Diferir el desenlace indefinidamente, en todo caso, no es posible ni conveniente, no solo para el pueblo venezolano, sino para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de la región
• AP: Ley de Amnistía aprobada en Venezuela es recibida con desconfianza por grupos de derechos humanos. Los activistas advirtieron que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía está “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia de que la ley está sujeta a “una excesiva discrecionalidad”. Consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente” los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin
• El Pitazo. Juan Pablo Guanipa sobre la amnistía: “Ellos quieren ganar tiempo para mantenerse en el poder”
• Tal Cual. Foro Penal: La amnistía es un instrumento muy pequeño, pero es un logro
• The New York Times: Un nuevo bloqueo de Estados Unidos está sofocando a Cuba. La isla se enfrenta al primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles
• AP: Trump advierte que sopesa ataques limitados; diplomático iraní dice que un acuerdo es inminente (lo que parece inminente es algún tipo de acción militar)

Lo que no fue noticia (y debería serlo)   

• Que, al 23 de febrero de 2026, la posible salida de Estados Unidos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) representa el movimiento final de una ruptura sistémica con el multilateralismo energético y climático, bajo la administración de Donald Trump. Aunque Estados Unidos ya se retiró oficialmente de la Irena (Agencia Internacional de Energías Renovables) y de la CMNUCC (Acuerdo de París) en enero de este año, con la AIE la situación ha escalado a un ultimátum de un año. Para Washington, la AIE se ha transformado en una «organización de activismo climático» que distorsiona los mercados. Estados Unidos exige que la agencia regrese a su misión original de 1974, que es garantizar el suministro de petróleo y la seguridad energética tradicional. La administración Trump califica las proyecciones de energías limpias de la AIE como una mentira técnica que encarece la energía y debilita a Occidente frente a potencias como China
• Ni que si Estados Unidos concretara su salida en 2027 (al cumplirse el plazo del ultimátum), la agencia entraría en una quiebra técnica parcial, porque Estados Unidos aporta entre 25% y 30% del presupuesto de la AIE. Su salida obligaría a recortes masivos en personal, investigación y monitoreo de mercados globales. La AIE es el ente que coordina la liberación de reservas petroleras de emergencia entre los países desarrollados; y sin Estados Unidos que posee las mayores reservas del mundo, este mecanismo pierde casi toda su capacidad de estabilizar los precios ante crisis globales. Lo que significa en el fondo es el fin de la «Diplomacia Verde» liderada por Occidente. Si Estados Unidos se va, la AIE queda como un organismo mayoritariamente europeo, con menos peso real. Estados Unidos busca crear un nuevo bloque de «Realismo Energético», donde el petróleo y el gas natural vuelvan a ser el centro de la seguridad nacional, utilizando a Venezuela y Guyana como sus principales bastiones en el hemisferio
• O que el discurso del secretario de Estado, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich (febrero de 2026), presenta la visión de la administración Trump para un «Nuevo Siglo Occidental»: Inicia reconociendo la alianza histórica que venció al comunismo, pero critica duramente la «ilusión» surgida tras la caída del Muro de Berlín. Afirma que creer en un mundo sin fronteras y en un orden global por encima del interés nacional fue un error que llevó a la desindustrialización y a la pérdida de soberanía en las cadenas de suministro. Enfatiza que Occidente ha cometido errores compartidos, como imponer políticas energéticas de «culto climático» que empobrecen a la población mientras los competidores explotan combustibles fósiles. Propone recuperar la capacidad productiva y el control de minerales críticos; define el control de la migración masiva no como xenofobia, sino como un acto fundamental de soberanía para preservar la cohesión social; liderar en inteligencia artificial, automatización y viajes espaciales comerciales; así como defiende un rol de liderazgo estadounidense directo sobre las instituciones internacionales. A pesar de la retórica de «América Primero», Rubio asegura que Estados Unidos no desea el declive de Europa. Define a Estados Unidos como un «hijo de Europa» y pide una alianza basada en la reciprocidad y el orgullo cultural, rechazando la idea de ser «cuidadores de un declive gestionado»
• Tampoco que “Trump controla hasta 70% del flujo petrolero venezolano”, dejando a la revolución sin mando sobre su renta, con un reducido margen de decisión real del gobierno de facto sobre el presupuesto nacional, condicionando políticas sociales, subsidios y crédito interno. Además, decidirá a qué sectores de la economía venezolana se dirigen esos dólares. Esa información noticiosa se mantiene en un segundo plano, mientras los medios solo destacan que se abren operaciones para Shell, Repsol o Chevron

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