Han sido dos semanas intensas, de indignación, de pasión, de patriotismo, de demagogia, de arrepentidos, de oportunistas, de ingenuos y de escondidos, entre otros. En resumen, la presión social masiva en las calles ha logrado una moratoria indefinida en la explotación minera, en general, pero sin comprender a Minera Panamá; y ha dejado a la Corte Suprema de Justicia la tarea de definir la constitucionalidad del contrato suscrito entre el Estado panameño y dicha compañía minera (dando por un hecho que será declarado inconstitucional).
Octavio Del Moral – La Estrella de Panamá
Pero ¿cuáles serían las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero? Hay dos aproximaciones a esta coyuntura, uno de la República de Panamá, y otro de Minera Panamá. En esta primera parte comenzaré con las consecuencias que seguramente afrontará Panamá al darse un fallo de inconstitucionalidad:
1. Una vez que quede ejecutoriada la nueva sentencia de la CSJ, la República de Panamá deberá tomar el control legal y administrativo de la mina, en otras palabras, expropiar la mina, con todas las consecuencias que eso implica.
2. Deberá pagar, por mandato de nuestra Constitución, una indemnización a la minera (salvo si pudiese probar que hubo dolo o corrupción, por parte de los representantes de la compañía minera, al momento de renegociar el contrato). La cuantificación de esta indemnización deberá tomar en cuenta el daño emergente, es decir los gastos en que ya ha incurrido la compañía minera para operar, y que se ha calculado en $10,000 millones de dólares; pero la compañía minera va a reclamar también, ante los tribunales arbitrales internacionales, el lucro cesante, es decir, las ganancias que dejaría de percibir en 40 años. El lucro cesante por cuarenta años es una cantidad abrumadoramente mayor al daño emergente.
3. Panamá perdería un mínimo $375 millones de dólares anuales, por 40 años, o sea, la suma mínima de $15,000 millones de dólares, sin contar las pérdidas por cualquier otro tipo de impuesto, tasa o contribución a favor del Estado panameño, derivados de la operación de la mina. La mayoría de estas sumas iban a ser destinadas para fortalecer la CSS y el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, entre otros proyectos de carácter social.
