Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió hoy, 28 de noviembre, un fallo de inconstitucionalidad del contrato minero, luego de sesionar de forma permanente para discutir dos de las denuncias de inconstitucionalidad presentadas contra dicho contrato.
La decisión del pleno fue trasmitida al país el día en que se celebran 202 años de independencia de España por medio de su canal de YouTube, luego de más de 20 horas de sesión permanente, iniciada pasadas las 11:00am del lunes 27 de noviembre.
La presidenta de la Corte María Eugenia López, dijo que la decisión ha sido unánime, lo que significa que la Ley 406 queda expulsada del sistema normativo que rige en el país, por lo que se instruyó al Secretario General para que haga las notificaciones, y una vez quede ejecutada la sentencia se haga la publicación en la Gaceta Oficial.
Las expresiones de los manifestantes que aguardaron en vigilia durante más de 15 días se activaron desde que se conoció sobre el anuncio de la decisión de los magistrados y una vez trasmitido el mensaje, lo que se vivió en los predios del mayor tribunal de justicia fue mucha alegría y emoción de parte de los grupos manifestantes.
Una de las primeras en reaccionar fue la ambientalista Raisa Banfield, que destacó que este ha sido un logro del pueblo, del Estado panameño.
«Este pronunciamiento ha sido determinante, no cabe duda, ha sido un logro del Estado panameño. El pueblo salió a exigir al último órgano que nos quedaba, la CSJ», señaló.
Continuó diciendo que esto restituye el orden constitucional, restituye el Estado de derecho y devuelve la fe en el sistema para impulsar que se cumpla el fallo.
Banfield recalcó que ahora el Ejecutivo tiene que reinvindicarse y hacer cumplir el fallo, recordando que ya en el pasado hubo uno y no fue acatado.
Mientras que el abogado Juan Ramón Sevillano, explicó que tras la notificación de la parte, son tres días para que quede ejecutoriado, y al cuarto día se acercará para exigir que envíe la orden a los funcionarios correspondientes el fallo autentificado para que notifiquen a la empresa.
«Ahora hay democracia en Panamá, no van a mandar más los corruptos, políticos y empresarios. Se sienta un precedente mundial, el pueblo ha mandado en este país y ese es un ejemplo para los otros países donde la minería causa desastres naturales», dijo.
Resaltó que en caso de un arbitraje internacional, Panamá tiene todos los elementos para defenderse como los daños ambientales y los impuestos no pagados durante el período del 2017-2020.
De acuerdo con Sevillano, las otras demandas serían archivadas, ya que al declararse la inconstitucionalidad total, no será necesario fallar sobre las otras.
Por su parte, la abogada Martita Cornejo, otra de las demandantes, dijo que aún no ha sido notificado, pero destacó que esta decisión es el triunfo del pueblo sobre la corrupción, el triunfo del pueblo sobre los políticos y sobre los funcionarios que traicionaron a la patria que velaron por los intereses de una transnacional.
«Este ha sido el triunfo del pueblo panameño sobre la corrupción política del país», expresó Cornejo recordando a los mártires de la lucha.
Los magistrados analizaron y debatieron estas dos demandas presentadas por el jurista Juan Ramón Sevillano, presentada el 23 de octubre y la de la abogada Martita Cornejo, presentada el 27 de octubre. Ambas demandas recibieron la opinión del procurador de la Administración, Rigoberto González, y del Procurador de la Nación, Javier Caraballo, en donde ambos señalaron que el contrato es inconstitucional.
El Órgano Judicial comunicó que «desde el pasado 13 de noviembre hasta la fecha se recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida y 37 argumentos en la segunda demanda admitida por los magistrados a quienes les fueron adjudicadas mediante reparto equitativo y aleatorio».
