El presente año lectivo ha marchado en medio de problemas de infraestructura, ausencia de educadores, administrativos y, ahora, amenaza de huelga por incumplimiento en el pago de derechos salariales pactados, los cuales han perjudicado a los estudiantes, con la pérdida de clases.
Por: Francisco Paz – Panamá América
Y es que, luego de transitar un año irregular, como fue 2022, cuando los educadores lideraron las protestas a nivel nacional contra el alto costo de la vida, lo que provocó una paralización de clases por un mes, en 2023 los movimientos han sido espontáneos, desde los mismos centros educativos, por diversos factores.
En el primer trimestre que debe culminar el 2 de junio, más de 20 escuelas a nivel nacional han suspendido clases, por razones que van desde las condiciones físicas de los planteles, falta de personal docente y administrativo, así como de insumos y equipos didácticos, hasta por diferencias internas con educadores y asociaciones de padres de familia.
Y en el ocaso de esta primera etapa del calendario escolar, ahora sectores magisteriales emprenden nuevas medidas de presión, en esta ocasión dirigida a que el Ministerio de Educación les cancele vigencias expirada y otras prestaciones salariales pactadas en este y gobiernos anteriores.
Liderados por la Unión Nacional de Educadores (Unep) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación (Unecep), varias organizaciones magisteriales realizaron asambleas generales ayer lunes para exigirle a las autoridades que cumplan con una serie de acuerdos pactados, dándole plazo hasta el 22 de mayo para que se ponga al día con los mismos.
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